En Costa Rica se aprueban cambios al currículo educativo con relativa facilidad. Implementarlos, en cambio, es otra historia.
En la estructura institucional del sistema educativo conviven tres actores con roles distintos, pero profundamente interdependientes. La Asamblea Legislativa define y aprueba cambios normativos, el Consejo Superior de Educación ejerce la rectoría técnica y el Ministerio de Educación Pública ejecuta. En teoría, esta distribución de la gobernanza del sistema debería permitir decisiones informadas, validadas y viables. En la práctica, lo que se observa es una desconexión creciente entre lo que se aprueba y lo que realmente puede implementarse.
El problema no es la existencia de reformas. El problema es que el sistema permite que estas se definan sin un anclaje suficiente en la capacidad operativa del aparato educativo. Se toman decisiones en un nivel, se validan en otro y se exigen en un tercero, sin que exista una cadena clara de responsabilidad sobre su viabilidad. El resultado es predecible: reformas que avanzan en el papel, pero se detienen en la realidad.
En este contexto, el Consejo Superior de Educación ocupa un lugar clave. No solo por su función de validación, sino por su responsabilidad de asegurar que las decisiones cuenten con sustento técnico y condiciones mínimas de implementación. Sin embargo, la validación no siempre viene acompañada de una exigencia equivalente sobre la factibilidad de lo aprobado. Cuando esto ocurre, el sistema pierde coherencia. Se aprueba lo deseable, pero no necesariamente lo posible.
Esta desconexión no es solo teórica. En los últimos años, distintas disposiciones han evidenciado las tensiones entre lo aprobado y lo implementado. Normativas orientadas a la promoción del talento en el sistema educativo, así como iniciativas para incorporar de forma más robusta la temática afrocostarricense en el currículo nacional, han derivado en reclamos ciudadanos ante la falta de ejecución efectiva. En algunos casos, estas tensiones se traducen en recursos de amparo de una ciudadanía que exige el cumplimiento de lo que la ley dispone, al menos en la teoría.
A su vez, el Ministerio de Educación Pública termina asumiendo la carga de ejecutar decisiones cuya complejidad, alcance o condiciones no fueron plenamente consideradas en su diseño. Esto no solo tensiona la gestión institucional, sino que distorsiona la rendición de cuentas. Cuando la Contraloría General de la República señala incumplimientos, el foco recae sobre la ejecución, aunque las condiciones de partida hayan sido definidas fuera de su control directo.
Este escenario se vuelve aún más exigente en contextos donde la capacidad de decisión legislativa se fortalece. La posibilidad de aprobar reformas con mayor rapidez no es, en sí misma, un problema. Lo es cuando esa velocidad no se acompaña de procesos técnicos rigurosos que aseguren coherencia, viabilidad y sostenibilidad. En educación, esto es particularmente crítico. Los cambios curriculares, la incorporación de nuevas asignaturas o las modificaciones estructurales no se implementan por decreto. Requieren planificación, recursos, formación docente y tiempos que deben ser considerados desde el inicio.
A esto se suma una práctica frecuente que no siempre se discute con suficiente profundidad. La proliferación de pilotos que no escalan o que no responden a las condiciones reales del sistema. Si bien pueden tener valor exploratorio, cuando sustituyen una planificación estructural terminan generando más evidencia de intención que de transformación. El sistema educativo no se mueve por experiencias aisladas, sino por decisiones que logran sostenerse en el tiempo y en todo el territorio.
El desafío, entonces, no es frenar las reformas, sino mejorar sustantivamente cómo se diseñan. Esto implica fortalecer los mecanismos de articulación entre quienes proponen, quienes validan y quienes ejecutan. Implica también incorporar evaluaciones de viabilidad ex ante, análisis de capacidades institucionales y escenarios de implementación que vayan más allá de lo ideal y se sitúen en lo posible.
Reformar el sistema educativo no es solo aprobar cambios. Es asegurar que alguien tenga la capacidad, los recursos y la responsabilidad de hacerlos realidad. Hoy, en Costa Rica, ese eslabón sigue perdido.