Hace unos días recibí una notificación del Banco Nacional de Costa Rica anunciando que comenzaría la penalización con comisiones a cuentas con saldos inferiores a 25.000 colones. La medida que excluye a ciertos grupos, me dejó algunas preguntas: ¿qué ocurre con las mujeres de bajos ingresos que viven al día? ¿Es esta una invitación silenciosa a abandonar el sistema bancario?
Según ONU Mujeres, las mujeres siguen teniendo menor acceso a cuentas bancarias, con brechas aún mayores en países en desarrollo. En ese contexto, cualquier medida que encarezca el uso del sistema financiero no parte de terreno neutral.
El acceso a una cuenta es el primer paso hacia la inclusión financiera. Permite guardar dinero, enviar y recibir pagos, reducir riesgos asociados al efectivo y abrir la puerta a otros servicios financieros. Para muchas mujeres, esto significa mayor seguridad, autonomía, capacidad de decisión sobre sus propios recursos, elementos clave para prevenir la violencia económica y patrimonial.
Pero el acceso no es suficiente. La inclusión financiera real requiere permanencia. Abrir una cuenta es apenas el inicio; sostenerla, usarla y beneficiarse de ella es lo que consolida la integración al sistema. Y es precisamente ahí donde medidas como las comisiones fijas introducen una barrera estructural.
El Banco Mundial identifica la falta de recursos y el costo de los servicios financieros como los principales obstáculos para que las mujeres accedan a cuentas bancarias. A esto, se suma que, según la OECD, las mujeres costarricenses enfrentan mayores niveles de pobreza e informalidad, lo que limita su estabilidad financiera y su capacidad de mantener saldos constantes.
En este contexto, imponer cargos fijos a cuentas de bajo monto no es una medida neutral. Aunque se presente como técnica, tiene efectos desiguales. Las comisiones fijas son regresivas: afectan proporcionalmente más a quienes tienen menos. Para una persona con ingresos estables, el cobro puede ser marginal; para una mujer jefa de hogar, con ingresos intermitentes y responsabilidades de cuidado, puede significar la diferencia entre mantenerse en el sistema financiero o salir de él.
Es evidente que esta decisión no fue tomada con lentes violeta. No incorpora una mirada de género ni reconoce las condiciones diferenciadas en las que muchas mujeres se relacionan con el sistema financiero. Cuando las políticas públicas se diseñan como si todas las personas partieran del mismo punto, no corrigen desigualdades: las profundizan.
La autonomía económica de las mujeres habilita decisiones, reduce dependencias y contribuye a la prevención de violencias. El acceso y uso efectivo de servicios financieros forma parte de ese proceso.
El argumento técnico es que las cuentas inactivas generan costos administrativos y los bancos, incluso los públicos, deben ser sostenibles. Pero un banco público no es solo un actor financiero. Es un instrumento de política económica y social. Su mandato no puede reducirse a balances contables; debe responder a principios de equidad y acceso.
Las alternativas existen y han sido implementadas en otros países: cuentas básicas sin costo, comisiones proporcionales o exenciones para poblaciones vulnerables. No son concesiones, sino condiciones mínimas para que la inclusión financiera sea real.
Porque cuando las reglas del sistema financiero no reconocen la informalidad, la pobreza y la brecha de género, se redefine quiénes quedan dentro y quiénes son empujadas fuera.