Costa Rica ya no está frente a la pregunta de si en Crucitas hay o no minería. Esa discusión quedó atrás. El oro se está extrayendo y la actividad ya existe, con o sin orden.
La verdadera decisión es otra: qué modelo va a utilizar el país para manejar esa realidad. Hoy existen cinco caminos_
- La concesión tradicional: una empresa privada invierte, construye y opera, mientras el Estado cobra impuestos y regalías. Es rápido y sencillo, pero es el modelo donde el país menos gana. La riqueza se produce aquí, pero una parte importante se va.
- El Estado como operador total. Permite capturar toda la riqueza en teoría, pero también concentra todos los riesgos. Operar una mina de esta escala exige experiencia técnica y disciplina que, si fallan, pueden traducirse en altos costos económicos y ambientales.
- El modelo tipo Noruega, donde el Estado y el privado se asocian. Es un esquema equilibrado, probado y más seguro, aunque implica compartir una parte del negocio.
- El modelo BOT, en el que una empresa construye, opera y luego entrega el proyecto al Estado. Permite iniciar sin asumir toda la inversión y terminar con un activo completo, pero el control pleno llega después.
- El Estado como dueño del proyecto, con operación y mantenimiento a cargo de una empresa internacional especializada, complementado con la participación de cooperativas locales.
Aquí está la diferencia clave: no se trata solo de quién es dueño, sino de cómo se ejecuta el proyecto.
El país mantiene la propiedad del recurso y captura la mayor parte del valor, pero no asume directamente la operación técnica. En su lugar, contrata conocimiento. Una empresa internacional especializada se encarga de la operación y el mantenimiento bajo estándares estrictos, con indicadores de desempeño, control de costos y supervisión constante.
Esto permite eficiencia operativa real, control técnico y reducción del riesgo.
Al mismo tiempo, las comunidades se integran mediante cooperativas que participan en la extracción y en actividades asociadas, generando empleo formal y ordenando el territorio.
Además, al concentrar el procesamiento en una operación técnica controlada, se logra un mejor manejo ambiental, evitando la dispersión de impactos que hoy provoca la minería informal.
No es solo un modelo de propiedad. Es un modelo de ejecución.
Cada modelo tiene su lógica. La concesión prioriza rapidez, pero limita el beneficio país. El modelo estatal total promete más, pero arriesga demasiado. El modelo noruego equilibra, pero comparte. El BOT construye a futuro, pero no desde el inicio. Y el modelo de operación técnica propone control, eficiencia, integración social y mejor manejo ambiental al mismo tiempo.
Aquí es donde Costa Rica tiene que dejar de postergar la decisión. No se trata de escoger el camino más cómodo, sino el que realmente defienda el interés país: capturar la riqueza, proteger el ambiente y generar desarrollo donde hoy hay desorden. Seguir aplazando no es neutral; es permitir que el recurso se pierda y que el impacto continúe sin control. El país no puede seguir administrando este tema desde la indecisión. Es momento de definir un modelo claro, asumir responsabilidad y actuar.