Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, ha sido el pionero de un modelo político que ha resultado muy popular con los autócratas del mundo y que ahora algunos pretenden replicar en Costa Rica. De ahí la enorme atención que recibieron las elecciones de ese país el pasado 12 de abril, en las cuales Orbán fue derrotado tras 16 años en el poder.
El modelo de Orbán consiste en la captura del Estado y la sociedad civil con el fin de instaurar una autocracia electoral. No se trata de una dictadura cruda y simple: la gente puede manifestarse y protestar; las votaciones tienen lugar y el oficialismo puede incluso perder –bajo circunstancias extraordinarias–. Sin embargo, el modelo busca reconfigurar el andamiaje institucional y social con tal de garantizarle al partido en el gobierno la perpetuidad en el poder y hacer casi imposible una transición democrática a la oposición.
El proyecto hegemónico de Orbán arranca en 2010 cuando su partido Fidesz gana más de dos tercios de los escaños en el Parlamento, lo suficiente para modificar la constitución. En Costa Rica, no es casualidad que el oficialismo pretendiera “40 diputados” precisamente para hacer lo mismo, aunque se quedó corto. No obstante, la meta sigue vigente y hoy sus representantes insisten en la necesidad de encontrar “siete diputados patriotas” en la oposición con el fin de alcanzar la ansiada mayoría constitucional.
El primer paso de la nueva constitución de Orbán fue controlar el Poder Judicial –en particular la Corte Constitucional– a través de la remoción de jueces y magistrados para poner en su lugar a fichas afines al gobierno. En Costa Rica, el objetivo manifiesto del oficialismo es el mismo. Sin embargo, ante la ausencia de los 38 votos para designar a sus nuevos magistrados, el presidente Chaves ha expresado su deseo de que “ni uno solo sea reelecto” por la próxima Asamblea Legislativa. Esto nos lleva a algo que advierte el experto en movimientos populistas Jan-Werner Müller: “Donde reconfigurar todo el sistema ha resultado difícil… la parálisis de la judicatura es una segunda mejor opción para el partido gobernante”. Este escenario es relevante cuando vemos cómo el oficialismo bloquea la elección de magistrados suplentes a la Sala Constitucional. Sin suplencias, dicho órgano podría experimentar un cierre técnico si alguno de los magistrados titulares se ausenta parcial o permanentemente, algo que le caería como anillo al dedo al oficialismo en su embestida contra el Estado de Derecho.
En Hungría no solo controlaron las cortes. También los demás órganos del Estado como la Fiscalía, la Defensoría, la Contraloría, las autoridades electorales y el Banco Central. En Costa Rica, todos estos entes –excepto, por “algún motivo”, el BCCR– han sido objeto de fuertes ataques por parte de Chaves y el oficialismo ha manifestado abiertamente su interés en capturarlas.
El gobierno de Orbán además intervino los principales bancos y cooperativas de ahorro y crédito regionales. Esto le garantizó el control del sistema financiero húngaro, a través del cual se premió a empresarios leales al régimen y se castigó a enemigos políticos. En Costa Rica, varios episodios apuntan a que vamos en esa dirección: tras destituir ilegalmente a la junta directiva del Banco Nacional y nombrar una afín, el presidente Chaves pidió investigar la renegociación de un crédito a una empresa vinculada a un “político tradicional”. Tampoco deben pasar desapercibidas las denuncias penales que interpuso el BCCR –la única institución nominalmente independiente que Chaves nunca ataca– contra la entonces superintendente de la Sugef, Rocío Aguilar, y los gerentes de varios bancos, incluyendo el Nacional, por rehusarse a entregarle datos confidenciales y sensibles de los deudores. Poco después, Aguilar renunció a su cargo y fue sustituida por la misma gerente del BCCR que presentó las acciones penales. Finalmente, tenemos los constantes ataques del gobierno contra el BCT, incluyendo una denuncia espuria por un supuesto “megacaso” de evasión fiscal. No es ninguna coincidencia que este banco privado sea la única entidad que financia a los partidos políticos de oposición en los procesos electorales.
La captura del sistema financiero es un paso necesario para un objetivo mayor: la sumisión del empresariado a los intereses del gobierno. Orbán habló de dividir la economía en “esferas de interés de ocho a diez capitalistas en sectores específicos”. A los bancos, añadió, “se les haría saber que estas son nuestras ocho a diez personas”. El sistema de contratación pública se utilizó para premiar a aliados y la institucionalidad estatal se instrumentalizó para perseguir y acosar a quienes incomodaban al gobierno. En lugar de sentar las bases para una vibrante economía de mercado, Orbán consolidó un corrupto sistema mercantilista. En Costa Rica, este acomodo empresarial está en proceso y acelerándose tras el triunfo oficialista del 1 de febrero.
La prensa libre e independiente fue la otra gran víctima de Orbán. En lugar de recurrir a cierres y revocación de frecuencias, el gobierno húngaro asfixió a los medios independientes retirándoles la generosa pauta estatal y acosándolos con regulaciones cada vez más punitivas. Paulatinamente, sus dueños terminaron vendiéndolos a figuras cercanas a Orbán y así se convirtieron en fuente de propaganda oficialista. En Costa Rica, el primer cañonazo de Chaves contra la prensa fue el cierre del Parque Viva, parte del Grupo Nación que sustenta la operación financiera de ese periódico. Los ataques contra el BCT también se explican por el hecho de que su principal accionista es el dueño de CRHoy, uno de los medios más críticos del gobierno. Además, una subasta de frecuencias de radio y televisión con requisitos prohibitivos amenazó con cerrar decenas de medios y reducir significativamente la oferta de información que reciben los costarricenses. Cuando la Sala Constitucional la frenó, Chaves calificó el fallo como “desastroso” y “repudiable”. La pauta estatal se ha secado hacia la prensa tradicional que mantiene una posición independiente frente al gobierno y fluye a borbollones a un incipiente ecosistema de medios “alternativos” que le cantan loas a Zapote y atacan a la oposición.
Orbán también reprimió la libertad de expresión mediante el uso intensivo de troles para atacar a opositores, jueces, periodistas e imponer la narrativa oficialista. En Costa Rica ha sido ampliamente documentado la operación de “granjas de troles” afines al oficialismo. Una encuesta de la UCR encontró que un 46,5% de las personas ha dejado de expresar opiniones en redes sociales “por miedo a las consecuencias”. El estudio encontró que esta autocensura la ejercen mayormente quienes son críticos al gobierno. Como señala Müller, con este tipo de represión, figuras como Orbán y Chaves “crean [la impresión d]el pueblo homogéneo en cuyo nombre dicen hablar en todo momento”. La diversidad de opiniones paulatinamente da paso a la cacofonía de la propaganda oficialista.
“La principal preocupación [de Orbán] no son los principios ni la ideología, sino la consolidación del poder y la riqueza alrededor de una camarilla gobernante”, advierte el autor sueco, Johan Norberg. Para ello, no solo desmanteló el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a cualquier democracia funcional, sino que también silenció sistemáticamente a la sociedad civil. El resultado es incontrovertible: en su más de década y media en el poder, Hungría se convirtió en el país más pobre y corrupto de la Unión Europea. Costa Rica ciertamente tiene instituciones más fuertes que Hungría en 2010, pero la evidencia nos demuestra que este modelo está echando raíces en nuestro país. No podemos ignorar los hechos; la estrategia es clara y las señales incontrovertibles. Entender lo que está pasando es el primer paso para evitar que reaccionemos demasiado tarde.