En Costa Rica, uno de cada tres niños ya vive con sobrepeso u obesidad, impulsado por el consumo masivo de alimentos ultraprocesados con exceso de azúcar, sodio y grasas. Esta no es una casualidad, sino una crisis de salud pública directamente ligada a las enfermedades no transmisibles (ENT), que matan 68 personas al día y representan más del 80% de las defunciones.
El proyecto de ley 24.840 propone implementar el etiquetado frontal de advertencia nutricional en alimentos y bebidas no alcohólicas, una medida alineada con las recomendaciones de la OPS/OMS y con lo que ya aplican países como Chile, México, Argentina y Colombia. Este sistema no prohíbe productos ni limita la libertad de elección, pero sí cumple un deber fundamental: decir la verdad de forma clara cuando un alimento tiene exceso de azúcar, sodio o grasas.
Las ENT sobrecargan el sistema de salud: las enfermedades cardiovasculares explican 31,74% de las muertes y el cáncer, otro 26,58%. La obesidad afecta al 34% de los adultos costarricenses, con 70% en sobrepeso, y causó 119 muertes en 2024. La CCSS reportó 1.847 internamientos por obesidad entre 2020 y 2023, un incremento del 272%, y 473 egresos hospitalarios solo en 2023, lo que equivale a más de uno por día. El costo económico por obesidad en 2023 superó los 700 mil millones colones.
El cáncer ha crecido 30% en diagnósticos entre 2019 y 2025, con 5.962 fallecimientos en 2024 y una tasa de mortalidad de 115,4 por 100.000 habitantes. Ante el envejecimiento poblacional, el Seguro de Salud destinó ¢4.036.873 millones a su presupuesto en 2025, gran parte de esos recursos absorbiendo las consecuencias de una alimentación ultraprocesada.
En este contexto, el etiquetado frontal de advertencia se convierte no solo en una política de salud, sino en una herramienta de justicia social y protección de derechos. La industria continúa introduciendo productos ricos en azúcares libres, sodio, grasas saturadas y grasas trans, nutrientes directamente vinculados al aumento de ENT y obesidad, especialmente en niños, mujeres y poblaciones vulnerables. El Estado tiene la obligación constitucional de proteger la salud pública, y el etiquetado frontal es una forma clara de cumplir con ese mandato.
La infancia es una prioridad ineludible. Según datos de UNICEF, el 31,7% de los niños y adolescentes entre 5 y 19 años ya vive con sobrepeso u obesidad en Costa Rica, el índice más alto de Centroamérica. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la comodidad y las ganancias de la industria?
El etiquetado frontal garantiza el derecho humano a la información, permite decisiones más informadas y fortalece la capacidad de la población para cuidar su salud, sin necesidad de prohibiciones extremas.
La evidencia internacional y local es contundente. En Argentina, el etiquetado frontal redujo hasta un 84% la intención de compra de yogures bebibles con exceso de azúcares, 90% en galletitas dulces y 90% en quesos para untar. Un estudio de Costa Rica Saludable, la OPS/OMS y el INCIENSA mostró que los octágonos negros aumentan 202% la probabilidad de identificar productos menos nocivos, 272% para detectar exceso de nutrientes críticos y 111% para elegir opciones más saludables. Estudios en Panamá y El Salvador refuerzan que este diseño es el más eficaz frente a sistemas complejos como la lupa negra de Brasil.
A pesar de la evidencia, las negociaciones centroamericanas para un etiquetado armonizado se encuentran estancadas desde 2025. Ningún tratado regional obliga a Costa Rica a esperar una regulación regional; la soberanía nacional permite avanzar con una normativa propia, alineada a la OPS/OMS. La Sala IV anuló la circular de la entonces ministra Mary Munive que pretendía ocultar sellos de advertencia, reafirmando que el derecho a la información y a la salud priman sobre criterios comerciales.
La industria alega confusión o impacto en ventas, pero la experiencia de Chile, México, Argentina y Colombia muestra que el etiquetado frontal mejora la calidad de la oferta y reduce el consumo de productos nocivos. En Chile no hubo impacto negativo en el empleo; en Colombia, el 49% de 8.000 adultos evita productos con octágonos. Más que una amenaza, es una oportunidad para construir un mercado más responsable.
Proyecciones de la Universidad Hispanoamericana estiman que, para 2030, el 40,48% de la población costarricense enfrentará riesgo de muerte prematura por ENT ligadas al estilo de vida. La OMS advierte que, de continuar las tendencias, para 2060 el 94% de la población podría vivir con sobrepeso u obesidad.
Diputados de la Comisión de Derechos Humanos: la evidencia es abrumadora. Aprueben ya el expediente 24.840. Cada día de espera cuesta vidas prevenibles. Su legado depende de actuar ahora.