Hay algo profundamente injusto en discutir el presupuesto de las universidades públicas como si fuera una cifra fría, como si fueran columnas de Excel y no historias de vida. A mí eso me cuesta. Porque yo no vengo de una tabla. Yo vengo de un aula pública.
Soy hijo de la educación pública. No es una metáfora bonita para cerrar discursos: es literal. Mis oportunidades, las reales, no las aspiracionales, nacieron en pupitres gastados, en profesores que hacían milagros con salarios que no daban para ellos, y en universidades que, aun con carencias, seguían abriendo puertas donde antes había muros.
Por eso, cuando escucho que el Gobierno propone congelar el FEES 2027 “que no suba ni un colón”, bajo el argumento técnico de que hay deflación y que, en teoría, el dinero “alcanza para más”, no puedo evitar pensar en una escena muy concreta: alguien explicándole a un estudiante que la beca no le va a llegar, pero que, en términos macroeconómicos, todo está mejor.
Es una conversación absurda.
No porque no existan problemas en las universidades públicas, existen y son muchos. Hay burocracia que desespera, decisiones administrativas discutibles, prioridades que a veces parecen desconectadas de la realidad del país. Negarlo sería ingenuo. Yo mismo he visto cómo el presupuesto puede diluirse en estructuras que necesitan reforma.
Pero una cosa es reconocer que hay problemas, y exigir que se corrijan y otra muy distinta es usar esos problemas como excusa para una desfinanciación sistemática.
Porque ahí es donde cambia la historia.
Reducir o congelar el financiamiento no corrige la burocracia. No mejora la gestión. No hace más eficientes los procesos. Lo que hace es otra cosa: recorta becas, limita cupos, frena proyectos, y, sobre todo, le pone un techo más bajo a quienes ya venían saltando desde abajo.
Y eso, en un país como Costa Rica, no es un detalle técnico. Es una decisión política sobre quién puede moverse socialmente y quién no.
Las universidades públicas no son perfectas. Pero son, probablemente, uno de los pocos mecanismos reales de movilidad social que todavía funcionan. Ahí llegan estudiantes que no heredaron contactos ni capital, pero que sí heredaron ganas. Y ahí, con todos los problemas del mundo, todavía logran convertirse en profesionales, investigadores, docentes. Gente que, de otra forma, no habría tenido esa posibilidad.
Y, sin embargo, hay algo más que me preocupa. Algo que no aparece en los informes ni en las mesas de negociación, pero que uno sí ve cuando se asoma a los comentarios en redes sociales. Ese tono. Ese enojo. Ese desprecio.
Leer comentarios de odio hacia quienes estudian en universidades públicas —en el TEC, la UNA o la UCR— da una sensación rara, incómoda. Como si hubiera una especie de revancha social en marcha. Como si, de pronto, estudiar ahí no fuera resultado del esfuerzo, de madrugadas, de exámenes difíciles, de años de disciplina, sino de algún privilegio oculto que hay que castigar.
Y eso es peligroso.
Porque deslegitimar el esfuerzo ajeno es una forma elegante de justificar que deje de existir la oportunidad.
No todos los estudiantes universitarios públicos vienen de contextos privilegiados. De hecho, muchos vienen exactamente del lugar contrario. Y llegar ahí no es fácil. Requiere constancia, sacrificio y, muchas veces, sostenerse con becas que ya de por sí son limitadas.
Convertirlos en blanco de resentimiento es no entender o no querer entender lo que representan.
Volviendo al tema del presupuesto: cuando se habla de “no aumento nominal”, suena elegante. Suena incluso responsable. Pero en la práctica significa otra cosa: significa decirle a esa cadena de oportunidades que espere, que aguante, que haga más con lo mismo, que siempre se puede ajustar un poco más.
Y no. No siempre se puede.
Porque hay un punto en el que el ajuste deja de ser eficiencia y empieza a ser deterioro.
Lo curioso es que este tipo de decisiones suelen justificarse en nombre del orden fiscal, como si fueran inevitables. Como si no hubiera alternativas. Pero siempre las hay. Lo que no siempre hay es voluntad de tomarlas sin afectar a los mismos de siempre.
Yo no estoy diciendo que a las universidades haya que darles un cheque en blanco. Al contrario: hay que exigirles resultados, transparencia, reformas donde hagan falta. Pero esa discusión tiene que darse desde el fortalecimiento, no desde el debilitamiento.
Porque cuando debilitás una universidad pública, no estás castigando a una institución. Estás cerrándole una puerta a alguien que todavía no conocés.
Y eso es lo que a veces se pierde en el ruido técnico de la discusión: que el FEES no es solo un presupuesto. Es una promesa. Una bastante concreta, además. La promesa de que, en este país, nacer en cierto barrio no te condena para siempre.
Yo soy prueba de que esa promesa, aunque imperfecta, funciona.
Por eso incomoda tanto verla en discusión como si fuera prescindible.
Porque hay cosas que, cuando se recortan, no se recuperan en la siguiente negociación. Se pierden. Y punto.
Y entre todas las cosas que un país puede perder, la posibilidad de que su gente estudie, crezca y se mueva hacia adelante debería ser la última en la lista.