La sesión del 21 de abril terminó sin acuerdo en la Comisión de Enlace que considera el presupuesto de las universidades públicas. El Poder Ejecutivo levantó la negociación del FEES 2027 de forma unilateral, sin contraoferta y sin argumento técnico sólido. Lo llamaron “cierre”. Nosotros lo llamamos por su nombre: una decisión política disfrazada de austeridad.
Plantear un 0% de crecimiento no es una postura neutral. En un contexto de incertidumbre inflacionaria, congelar es recortar. Y recortar el FEES tiene consecuencias que no se sienten en los titulares, sino en las vidas de cientos de personas: menos becas para estudiantes de zonas rurales e indígenas, menos cupos en sedes regionales, menos investigación científica que resuelve problemas de diversos sectores productivos, menos comunidades y familias beneficiadas mediante extensión universitaria o acción social. Son daños que no se anuncian con decreto, pero se sienten durante décadas.
Costa Rica no llegó donde está recortando su inversión en educación. Llegó apostando por ella cuando otros países no lo hacían. Esa apuesta fue la que generó los médicos, las ingenieras, las personas investigadoras y docentes que hoy aportan al desarrollo del país. Desmantelarla —aunque sea lentamente, aunque sea por congelamiento— es hipotecar el futuro para resolver el presente.
Hoy, cuando la competitividad global exige más ciencia, más innovación y más capital humano calificado, congelar el FEES es nadar contra la corriente de la historia y hacerlo conscientemente. La inversión educativa ha caído del 5,7% del PIB en 2023 a cerca del 5% en 2025. No estamos en una tendencia neutra: estamos en una tendencia regresiva y acelerada.
Las universidades públicas cumplieron. Los indicadores acordados con el propio gobierno lo confirman: 17 de 20 metas superadas, 53.802 estudiantes becados, 49.159 matriculados en sedes regionales. La propuesta del CONARE es técnica, fundada y responsable. Lo que faltó no fue evidencia. Fue voluntad política de escucharla.
El diálogo no puede cerrarse aquí. El diálogo debe continuar. Costa Rica enfrenta desafíos que solo se resuelven con más educación, más conocimiento, más equidad territorial, no con menos. El FEES no es un gasto que se optimiza: es una inversión que se protege. Y protegerla es, todavía, una decisión que este país puede y debe tomar.