El informe señala que la compra del Parque Empresarial del Pacífico generó una pérdida potencial superior a los $40 millones.
La Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa aprobó, de forma unánime, este jueves el informe que resulto de la investigación del caso BCR SAFI. Tras 20 meses de investigación no señala ninguna persona responsable, a pesar de que en las conclusiones se lee que: “se identificó que personas con capacidad de decisión dentro de la SAFI mantenían relaciones directas o indirectas con la parte vendedora". El documento se limita a instar al Ministerio Público a "priorizar y agilizar las investigaciones penales relacionadas con posibles delitos de fraude, tráfico de influencias y administración fraudulenta".
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) es una sociedad anónima fundada en 1999, subsidiaria del BCR, que es dueño del 100% del capital social, y que administra activos en el mercado de inversiones nacional y centroamericano.
Entre los activos que administra la BCR SAFI está el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND), el cual en febrero del 2020 compró, a una sociedad que era propiedad del exdiputado socialcristiano, Humberto Vargas Corrales, el Parque Empresarial del Pacífico —un conjunto de unas bodegas industriales en un terreno de 540.400 metros cuadrados, ubicadas en Caldera, en el cantón de Esparza— a un precio de $70 millones, sin embargo, una valoración posterior encargada por inversionistas lo situó en aproximadamente $27.5 millones, generando una pérdida patrimonial para el Fondo de $43.5 millones.
El exdiputado Humberto Vargas Corrales estuvo vinculado a al menos nueve transacciones inmobiliarias con BCR-SAFI, lo que según el informe evidencia una relación comercial reiterada y concentrada.
Entre las conclusiones de la investigación, que inició en agosto de 2024, se señala que se evidenciaron debilidades estructurales en los procesos de contratación, supervisión y validación de los peritos valuadores, quienes fueron señalados por realizar valoraciones sin inspecciones físicas adecuadas y, presuntamente, bajo influencia de funcionarios de la SAFI.
Además, el informe aprobado señala deficiencias por parte del BCR, incluyendo la ausencia de controles efectivos y de supervisión externa lo que contribuyó a la materialización del riesgo patrimonial.
Según el informe, también se identificaron vínculos entre la parte vendedora y funcionarios de la SAFI, mediante sociedades constituidas en Panamá, así como coincidencias de domicilios con el notario que asesoró a ambas partes en la transacción, y posibles omisiones relevantes por parte de funcionarios responsables de la estructuración, aprobación y supervisión de la inversión. Además, la investigación constató que el exdiputado Humberto Vargas Corrales estuvo vinculado a al menos nueve transacciones inmobiliarias con BCR-SAFI, lo que según el informe evidencia una relación comercial reiterada y concentrada.
El informe recomienda a la Asamblea Legislativa a promover una reforma integral a la Ley del Mercado de Valores orientada a fortalecer los mecanismos de supervisión y control sobre las SAFI vinculadas a entidades públicas, y solicitar a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría especial, integral e independiente sobre las inversiones inmobiliarias efectuadas por BCR-SAFI en el período 2016–2024.
Adicionalmente, recomienda al BCR asumir su responsabilidad institucional mediante una reestructuración de la gobernanza de la SAFI, asegurando nombramientos basados en criterios técnicos, éticos y de idoneidad, crear un comité independiente de vigilancia de los fondos administrados, con participación de inversionistas y expertos externos, y evaluar la implementación de mecanismos de compensación para inversionistas afectados, conforme a los resultados de los procesos judiciales y administrativos correspondientes.
Por este caso el BCR, por orden de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), ha tenido que capitalizar a su subsidiaria BCR-SAFI con ₡41.000 millones, para compensar las pérdidas en el fondo.
El informe ahora será trasladado al plenario legislativo donde requiere una mayoría simple para ser aprobado.
Reacción del BCR y BCR SAFI
Tras conocerse la aprobación del informe, desde el BCR y BCR-SAFI indicaron en un comunicado de prensa que ya han realizado cambios en linea con las recomendaciones contempladas en el documento.
Según detallaron, en el caso de BCR-SAFI, los cambios ejecutados incluyen:
- Desde el 2024 los nuevos peritos fueron contratados bajo un renovado y estricto cartel de licitación que contempló observaciones realizadas por la Auditoría interna de la entidad.
- Los informes de auditoria ya se hacen públicos siguiendo el proceso definido por la Auditoría interna, aunque aclararon que, según la normativa vigente, el término “público”, se refiere a los inversionistas del fondo.
- Ya se modificó el esquema del Comité de Inversiones de modo que se ha equilibrado la toma de decisiones que se realicen en este órgano. Actualmente el Comité lo conforman tres miembros del Conglomerado Financiero BCR y tres miembros externos a la organización, contratados específicamente para este fin. Cada uno de estos seis miembros ya realiza las declaraciones juradas que solicita la Contraloría General de la República.
En el caso del BCR señalaron que las medidas ya adoptadas son:
- La reestructuración de gobernanza de BCR SAFI, y se designó un subgerente de Negocios a cuyo cargo está la gestión y vigilancia de la operativa de sus empresas subsidiarias.
- Desde el 2023 se constituyó el Comité de vigilancia de BCR SAFI conformado, en su mayoría, por representantes designados por los mismos inversionistas.