El mundo vuelve a recordarnos una verdad incómoda: la energía no es solo un insumo, es un factor determinante de estabilidad económica.
El conflicto en el Estrecho de Ormuz ha generado un nuevo choque de oferta global. Y como suele ocurrir en estos casos, el primer síntoma es el aumento en los precios de los combustibles. Pero el fenómeno es más profundo, pues estamos frente a un shock que presiona simultáneamente los costos de producción, las cadenas logísticas y, en última instancia, el costo de vida.
El precio del crudo Brent ha pasado de niveles cercanos a los 80 dólares a superar los 100 dólares por barril, con proyecciones de hasta 115 dólares en el corto plazo, e incluso picos en mercados inmediatos cercanos a los 140 dólares ante tensiones de abastecimiento.
En ese contexto, Costa Rica enfrenta una vulnerabilidad estructural, ya que importa el 100% de los hidrocarburos que consume. Esto implica que cualquier aumento en los precios internacionales se traslada prácticamente de forma inmediata a la economía.
De hecho, ya estamos viendo ese impacto. Según datos preliminares de Recope presentados a Aresep, se proyectan incrementos de hasta un 50% en el búnker, alrededor de un 18% en el diésel y cerca de un 18% en el gas GLP, presionando directamente los costos industriales, energéticos y de transporte.
Sin embargo, hay un efecto menos visible, pero potencialmente más crítico, que es el impacto sobre el sistema eléctrico.
Costa Rica ha construido, con razón, una reputación internacional basada en una matriz eléctrica mayoritariamente renovable. Pero esa fortaleza tiene una vulnerabilidad estructural, que su alta dependencia de la hidroelectricidad. Hoy, entre un 65% y un 68% de la capacidad instalada del sistema proviene de fuentes hídricas.
Esto significa que, cuando las condiciones climáticas cambian —como podría ocurrir con el fenómeno de El Niño— el país debe recurrir a generación térmica basada en combustibles fósiles. Y aquí es donde se configura un cóctel particularmente riesgoso: menos lluvias, mayor uso de combustibles, y combustibles significativamente más caros. El resultado es predecible, con presión al alza sobre las tarifas eléctricas.
No se trata de un escenario hipotético. Ya hemos visto cómo, en años recientes, la participación de la generación térmica aumenta en contextos de estrés hídrico. Si a esto se suma un entorno internacional de precios energéticos elevados, el impacto sobre el costo de la electricidad puede ser significativo, afectando directamente la competitividad del país y el bolsillo de los consumidores.
Pero más allá de esta coyuntura, este episodio vuelve a evidenciar un problema estructural que Costa Rica ha venido postergando, la necesidad de diversificar su matriz de generación eléctrica y abrir espacio a nuevas inversiones. Hoy, cerca del 70% de la energía total consumida en la economía sigue dependiendo de hidrocarburos, a pesar de contar con una matriz eléctrica renovable. Esto no solo representa una contradicción, sino una vulnerabilidad económica.
Además, la demanda eléctrica está creciendo de forma sostenida. Se proyecta un incremento cercano al 47% hacia el año 2040, impulsado por procesos como la electrificación del transporte y la transformación productiva. Esto implica que el país no solo debe generar más energía, sino hacerlo de forma más diversificada, resiliente y eficiente.
El problema es que el modelo actual presenta limitaciones importantes. La concentración en la generación, la ausencia de competencia en etapas clave del sistema y un marco regulatorio fragmentado han reducido la capacidad de adaptación del sistema eléctrico a los nuevos desafíos. Por eso, la discusión sobre la apertura del mercado de generación no es ideológica, es pragmática.
Permitir mayor participación de inversión —pública y privada— en nuevas fuentes renovables no solo contribuiría a reducir costos, sino también a disminuir la vulnerabilidad frente a eventos climáticos y choques externos. Incorporar competencia en la generación, que representa cerca del 60% del costo de la electricidad, es una herramienta concreta para mejorar tarifas y fortalecer la competitividad del país.
Este shock energético no es un evento aislado. Es una señal que nos está mostrando, con claridad, que depender de un sistema rígido, altamente hidrodependiente y con limitaciones a la inversión no es sostenible en un mundo cada vez más volátil.
Costa Rica tiene una oportunidad. Su matriz renovable es una ventaja comparativa. Pero para que esa ventaja se traduzca en competitividad real, debe evolucionar. Diversificar fuentes, abrir el sistema a la inversión, fortalecer la rectoría y planificar con visión de largo plazo no son decisiones opcionales. Son condiciones necesarias para evitar que, cada vez que el mundo enfrente una crisis energética, el país termine pagando una factura más alta.