Costa Rica lleva años hablando de sostenibilidad como ventaja competitiva. Sin embargo, en materia de financiamiento público, ese discurso apenas comienza a traducirse en instrumentos concretos. Los llamados bonos temáticos, verdes, sociales y sostenibles ofrecen precisamente ese puente entre narrativa país y ejecución financiera.
La pregunta ya no es si el país debería utilizarlos, sino si está listo para hacerlo bien.
Un instrumento con propósito
Los bonos temáticos son, en esencia, deuda pública o corporativa con destino específico. A diferencia de los bonos tradicionales, donde los recursos se mezclan en la caja general, estos instrumentos obligan a asignar los fondos a proyectos con impacto ambiental o social claramente definido, y a reportar su uso de forma transparente.
No es un detalle menor. En un contexto de creciente escrutinio internacional, los estándares promovidos por la International Capital Market Association han elevado la exigencia: no basta con decir que un proyecto es “verde” o “social”, hay que demostrarlo con métricas, seguimiento y rendición de cuentas.
Un mercado que no deja de crecer
El atractivo de estos instrumentos es evidente. De acuerdo con estimaciones de organismos como Climate Bonds Iniciative, el volumen global de deuda sostenible alineada con las metodologías de Climate Bonds superó los $6,8 billones al cierre del 2025, impulsado por inversionistas que buscan no solo rentabilidad, sino impacto.
América Latina no se ha quedado atrás. Chile, Colombia y Brasil han logrado posicionarse en este mercado con emisiones que financian desde transporte limpio hasta infraestructura resiliente. El denominador común en estos casos no es solo la sostenibilidad, sino la credibilidad: reglas claras, disciplina fiscal y proyectos bien estructurados.
Costa Rica: señales de avance
Conviene recordar que Costa Rica no parte de cero. Desde el 2021, con la aprobación de la Ley 10.051, el país cuenta con un marco legal que reconoce la importancia de incorporar criterios ambientales y sociales en el financiamiento. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en política pública, la existencia de la norma no se tradujo de inmediato en instrumentos concretos. Es hasta años recientes que comienzan a observarse avances tangibles, como la estructuración de un marco de referencia soberano y la primera emisión de un bono social por parte del ICE.
Por un lado, el Ministerio de Hacienda ha confirmado que trabaja en la incorporación de criterios ambientales y sociales en sus emisiones, lo que apunta a la construcción de un Marco de Referencia soberano. Por otro, el mercado local ya dio un paso concreto: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizó en marzo de 2026 la primera emisión de un bono social de oferta pública por ₡20.000 millones.
A esto se suma el impulso institucional del Banco de Costa Rica, que junto al Global Green Growth Institute ha promovido alianzas para fortalecer las finanzas sostenibles.
En otras palabras, el ecosistema empieza a tomar forma.
Más que financiamiento, una señal
La relevancia de los bonos temáticos no se limita a conseguir recursos. Bien utilizados, envían una señal potente al mercado: el país no solo busca financiamiento, sino que se compromete con la calidad del gasto.
Esto tiene implicaciones concretas. Permite atraer inversionistas especializados, mejorar la transparencia fiscal y, en algunos casos, acceder a condiciones financieras más favorables. Pero, sobre todo, obliga a ordenar la casa: definir prioridades, estructurar proyectos y medir resultados.
El punto crítico: la disciplina fiscal
Aquí es donde la conversación se vuelve más exigente.
Los bonos temáticos no son un atajo para endeudarse mejor. Son, en realidad, un filtro más estricto. Países como Chile han tenido éxito no solo por emitir bonos verdes, sino porque lo hicieron sobre la base de una política fiscal creíble.
Costa Rica enfrenta una restricción conocida: el limitado margen fiscal. En ese contexto, cualquier incursión en bonos temáticos debe ser coherente con la estrategia de sostenibilidad de la deuda. De lo contrario, el instrumento pierde sentido.
Riesgos que no se pueden ignorar
El entusiasmo tampoco debe ocultar los desafíos.
- El primero es el riesgo de greenwashing: etiquetar proyectos como sostenibles sin cumplir estándares reales. En mercados sofisticados, esto no pasa desapercibido y puede afectar seriamente la reputación del emisor.
- El segundo es la capacidad institucional. Emitir un bono temático no termina en la colocación; requiere monitoreo, reporte y verificación constante.
- El tercero es la escala. Las emisiones deben ser lo suficientemente grandes para atraer inversionistas internacionales, lo que implica contar con una cartera robusta de proyectos.
- Finalmente, está la coordinación. Hacienda, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Banco Central de Costa Rica, entidades ejecutoras y el sistema financiero deben operar bajo una misma lógica. Sin esa alineación, el instrumento se fragmenta.
De la oportunidad a la ejecución
Costa Rica tiene algo que muchos países no: una narrativa sólida en sostenibilidad. Pero los mercados no compran narrativa, compran consistencia.
La reciente emisión del ICE y los avances del Ministerio de Hacienda muestran que el país comienza a moverse en la dirección correcta. Sin embargo, el verdadero desafío no es emitir el primer bono, sino construir una estrategia sostenida en el tiempo.
Porque, al final, los bonos temáticos no son solo una innovación financiera. Son una forma de rendir cuentas, con datos y resultados, sobre cómo se financia el desarrollo.
Y en ese terreno, no basta con verse bien. Hay que hacerlo bien.