Aprobación del expediente 24.738 representaría un costo adicional para los asegurados
La Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) rechaza de forma categórica el proyecto de ley 24.738, que pretende financiar redes de monitoreo geodinámico y meteorológico mediante la creación de un nuevo impuesto de 0,6% sobre las primas de seguros. Esta medida recaerá sobre los asegurados, aumentando el costo de las pólizas de vida, de salud y de incendio –entre otras– y encareciendo la cuota de los préstamos bancarios que incluyen seguros.
Se estima que la aprobación de esta carga impositiva representaría un costo adicional aproximado de ¢3.300 millones en el primer año, que recaerá sobre las personas y empresas aseguradas. Esta cifra se incrementaría anualmente al ritmo del crecimiento del mercado de seguros, sin ningún tope, lo que generará excedentes de recursos, que no guardan congruencia con las necesidades de las entidades beneficiadas. Según estimaciones, esa cifra se duplicará en tan solo 8 años.
Dicho proyecto fue presentado por la diputada Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el objetivo de financiar las redes del OVSICORI, la Red Sismológica Nacional, el Laboratorio de Ingeniería Sísmica y el Instituto Meteorológico Nacional.
Giancarlo Caamaño, vocero de la AAP, señaló:
Estas entidades vinculadas a universidades públicas cuentan con un presupuesto estatal; de hecho, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2026 asciende a ¢593,488 millones, por lo cual no es justo que pretendan pedirles a los asegurados que paguen un nuevo impuesto para financiarlas. De ninguna manera es justificable este proyecto que encarece el acceso a los seguros, en detrimento de toda la población que requiere protección financiera en caso de sufrir enfermedades, accidentes, pérdidas patrimoniales u otras contingencias”.
Alto impacto social
La AAP y la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), ente rector del sector, hicieron llegar a los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales criterios técnicos sobre la alta inconveniencia para la resiliencia del país y su capacidad para recuperarse ante distintos eventos. “Lamentamos y nos sorprende que los diputados de dicha comisión hayan decidido desconocer dichos criterios técnicos” comentó Caamaño.
En Costa Rica, las personas aseguradas ya soportan cargas significativas, debido a contribuciones obligatorias y diversos impuestos existentes sobre las primas. La imposición de gravámenes a los seguros como fuente de financiamiento público encarece la protección, introduce efectos regresivos y distorsiona el mercado.
Por ejemplo —de aprobarse la nueva iniciativa— las personas que requieran financiamiento para adquirir una vivienda enfrentarán incrementos en las cuotas, debido al aumento de los seguros relacionados al crédito.
Asimismo, las empresas que contratan seguros de salud colectivos para sus colaboradores, así como aquellas personas que tienen pólizas de salud individual, enfrentarían un incremento en la prima que pagan. Esto amenaza con restringir el acceso a los seguros y aumentar la presión sobre el ya saturado sistema de salud pública, generando un alto impacto social.
Caamaño detalló:
Los seguros son instrumentos de bienestar individual y colectivo, por lo cual no deberían estar sujetos a cargas que actúan como barreras de acceso, amplían la brecha de protección y debilitan la inclusión financiera. Es injusto que la población que previene sus riesgos sea castigada al tener que asumir el financiamiento del gasto de entidades públicas”.
Según la iniciativa de la diputada Méndez, el proyecto eximiría al OVSICORI y a las otras entidades beneficiarias de aquellas medidas de contención de gasto estabecidas en la regla fiscal.
Tal como lo indicó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) en un reciente comunicado, imponer gravámenes sobre los seguros afecta la competitividad del sector productivo y deteriora el clima de inversión.
La APP se opone al proyecto de ley 24.738 y a otras iniciativas legislativas que pretenden financiar diversos fines públicos mediante nuevas cargas sobre las primas de seguros o contribuciones vinculadas a la actividad aseguradora, sin una evaluación de su impacto acumulativo y sin una valoración del aporte social y económico del seguro.