Propuesta autoriza a privados a instalar y operar centros de recarga para vehículos eléctricos, así como a comercializar este servicio.
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley, expediente 24171, para fomentar la infraestructura de recarga eléctrica y promover la movilidad sostenible, con un respaldo unánime de 40 diputados.
La iniciativa, propuesta en febrero de 2024 por la diputada independiente Kattia Cambronero Aguiluz, reforma la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico y establece nuevas reglas para el desarrollo de estaciones de carga en el país.
El texto autoriza a personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, a instalar y operar centros de recarga para vehículos eléctricos, así como a comercializar este servicio.
Además, impulsa el desarrollo de una red básica de recarga a nivel nacional, con criterios de cobertura territorial que buscan garantizar el acceso en zonas rurales y de menor densidad, reduciendo así las brechas existentes.
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) tendrá la obligación de velar por la construcción de dicha red, vía reglamento. Además, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) deberá realizar la fiscalización de esta red básica de centros de recarga en lo que respecta a tarifas y calidad de servicio.
Esta red básica de centros de recarga en carreteras nacionales deberá construirse y poner en funcionamiento por lo menos un centro de recarga cada 80 kilómetros, mientras que en caminos cantonales cada 120 kilómetros.
El Minae también deberá promover e implementar mecanismos de incentivos para el desarrollo de centros de recarga en rutas nacionales, zonas rurales y de baja densidad de demanda, de conformidad con los estándares internacionales.
Asimismo, la iniciativa declara el servicio de recarga de interés general, lo que obliga a garantizar acceso universal, precios competitivos, estándares mínimos de calidad y sostenibilidad. En ese marco, Aresep definirá las tarifas y establecerá un canon del 0,05% sobre cada recarga para financiar la supervisión del sistema.
La normativa incluye disposiciones transitorias que establecen un plazo de seis meses para que el Poder Ejecutivo emita la reglamentación correspondiente y para que Aresep ajuste las tarifas.
La legisladora independiente comentó:
La movilidad eléctrica no puede consolidarse sin condiciones reales que la respalden. Este proyecto permite pasar del discurso a la acción, generando reglas claras para atraer inversión, ampliar la infraestructura y brindar mayor confianza a las personas usuarias” .
Cambronero Aguiluz agregó que la aprobación de esta ley representa un avance concreto en el cumplimiento de los compromisos ambientales del país, particularmente en materia de descarbonización del transporte y desarrollo sostenible.
Este es el reflejo de un esfuerzo colectivo, tanto a nivel legislativo como técnico. Agradezco profundamente a mi equipo de trabajo, en especial a mi asesora Paola Rojas, así como a las y los diputados que contribuyeron a enriquecer esta propuesta”.
La votación fue la siguiente:
