En un país donde la violencia se cuela en las conversaciones, en las noticias y en las calles, el primer día de clases se convierte en un pequeño acto de resistencia. Entre uniformes nuevos, lágrimas de despedida y pasillos recién pintados, una escuela intenta sostenerse como puede frente a un entorno que la desborda. Esta crónica recoge ese contraste: la fragilidad del peligro y la persistencia de la esperanza.
El rostro de Juan no concedía nada; una calma demasiado precisa para un muchacho de 16 años. Una calma que, ahora lo sé, también podía ser antesala. Por eso, esa tarde de febrero el golpe emocional nos atravesó a todos cuando supimos que Juan le disparó a Jorge en el baño del colegio. Un balazo rotundo, sin adornos. La bala pasó tan cerca de la cabeza de Jorge que le arrancó apenas unos hilos de cabello, suficientes para entender que lo ocurrido no fue un susto sino un aviso: la violencia dejó de tocar el portón del colegio. Esa vez entró por los pasillos, empujó las puertas del baño y respiró el mismo aire que los pocos estudiantes que aún quedaban.
A este hecho, que pasó desapercibido por los grandes medios de comunicación, le siguió una huelga de estudiantes y familiares por más seguridad y mejores condiciones de estudio. Y a esto le siguió todo el 2023, completo: el año más violento en la historia del país.
Los dos primeros meses del 2026 tampoco fueron muy alentadores: basta con mirar los noticieros del mediodía o navegar en el celular para encontrarse con ajusticiamientos, femicidios, disputas de bandas narco. Según el Organismo de Investigación Judicial, se proyecta que se llegue a 800 homicidios al finalizar el año.
Como trabajador del Ministerio de Educación Pública que acompaña la labor pedagógica de las personas docentes en centros educativos públicos, la exposición a esta realidad es inevitable. Como también es ineludible hacer eco de las preocupaciones que ya viven las familias en las calles, en los barrios, en los centros de trabajo. ¿Qué pasará este año con la violencia escolar? Por eso, cuando vuelvo a ese balazo en el Colegio Rincón Grande de Pavas —donde fui docente— y lo miro a la luz de lo que vivimos hoy, me pregunto qué respuestas pueden surgir de quienes bregan todos los días en esa primera línea de nuestro sistema educativo.
El lunes 23 de febrero fue el primer día de clases del curso lectivo 2026 ya con estudiantes en las aulas —aunque formalmente el año había iniciado el 9 de febrero, entre asesoramientos y reuniones con el personal docente—. Como parte del acompañamiento al retorno, los asesores debemos visitar centros educativos.
Por segundo año consecutivo voy a Alajuelita, un cantón resguardado por montañas que cada fin de semana atraen a decenas de senderistas; un lugar donde algunos pueblos aún conservan un aire de ruralidad y donde el chinchiví es protagonista durante las fiestas del Santo Cristo de Esquipulas. También fue el cuarto cantón con más homicidios del país en 2025.
Estoy a cinco minutos de la escuela: hay calles estrechas, casas, muchas casas amontonadas y acorraladas por sus propias verjas; pequeños negocios, tendido eléctrico más bajo de lo habitual, rótulos comerciales, señales de tránsito, semáforos. Más arriba está el cielo, de repente, con muchas nubes en movimiento. La vía se encoge cada vez más. “Hasta aquí llego”, me dice el Uber, impedido de doblar hacia la derecha, donde está la entrada principal de la Escuela Carmen Lyra, en Concepción Arriba. Los carros solo salen —y a duras penas— y, para hacerlo, tienen que subirse a la acera, porque los vehículos del personal están parqueados y ocupan buena parte de la calle. A esta hora, el sol del mediodía ya no sorprende, aunque uno nunca sabe qué puede pasar.
“Yo vivo aquí a los 200 metros, de toda la vida. Un día de estos saqué a pasear al perro y no habíamos caminado casi nada cuando se oyeron los balazos, bastantes, más de quince tal vez”. Así me recibe un personero en la entrada de la institución, quien, al ver mi gafete ministerial, ahonda en detalles sobre un hecho ocurrido en octubre del año pasado, uno de muchos: 44, para ser exactos, en este cantón josefino.
Esa lógica de lo “probable improbable” parece no importar: cuando la violencia llega cuesta que se vaya. 2025, el tercer año más violento de la historia, registró 873 homicidios. Lo que pasa aquí afuera, que en el día parece difuminarse entre el ajetreo urbano donde cada uno está en lo suyo, penetra los centros educativos.
Aquí las realidades se tocan, sin importar mucho las distancias. Un funcionario del Colegio Edgar Cervantes, de Hatillo, a pocos kilómetros de acá, me dijo que, de puertas para adentro, existe un pacto de no agresión. Las bandas que se reparten el territorio también se dividen los pabellones. Pero afuera es otra cosa. Allí los soldados rasos (mensajeros, vigilantes, pequeños traficantes) esperan a la salida hacer su negocio. “Este es un trabajo pasajero; ya después ascienden a sicarios y no los vemos más. Recuerdo un estudiante graduado de la institución. Sí, graduado: se hizo gatillero y tenía que andar escondiéndose”.
Acá, en Alajuelita, la misma persona que me topé en la entrada ya no responde cuando quiero averiguar si algo similar ha sucedido en esta escuela. Mientras espero a que me dejen entrar, me doy cuenta de que no hay nadie afuera y faltan pocos minutos para que empiecen las clases.
Denise Arcia, directora del centro educativo, me recibe atareada entre papeles y atendiendo consultas de sus colaboradores. Trabaja en un salón grande, un tanto oscuro; cerca de la puerta hay una mesa larga llena con material didáctico para los docentes (cada paquete contiene folders, lapiceros, marcadores, una resma de papel) y rollos de papel higiénico.
Escuela Carmen Lyra: vaya nombre. La educadora del pueblo, la escritora, la precursora montessoriana. La revolucionaria. Inserta en un barrio popular, como ella probablemente hubiese querido que sucediera. Este centro educativo acoge a 630 estudiantes en 8 pabellones y 33 aulas. Pero a esta hora todo parece estar vacío. Ni docentes ni estudiantes.
Denise se acomoda un poco el cabello y los lentes. Habla despacio, sin dejar nunca de estar ocupada ni perder la cordialidad. “Venir a trabajar a la Carmen Lyra da miedo. Pleitos, asaltos, consumo y venta de drogas. ¿No se va a asustar uno? Ya este es mi segundo año aquí, pero la ilusión de continuar lo que inicié nadie me la quita”. Los 10 años de experiencia como administradora en diferentes escuelas del país no le borran la voluntad. La veo contestar correos electrónicos, responder una llamada y atender a un padre de familia, todo al mismo tiempo.
Aquí todo el personal es multitarea, me dice. Conforme avance el curso lectivo, atender conflictos los consumirá; lo sé porque yo mismo lo viví. En el año y medio que fungí como docente guía en el Colegio Rincón Grande de Pavas recuerdo pasar tardes enteras aplicando protocolos de actuación para la atención de situaciones de violencia y riesgo en los centros educativos.
El año pasado, la fiscalía penal juvenil reportó 5.313 causas relacionadas con violencia en centros educativos, de acuerdo con datos del Ministerio Público. Esto es un incremento de 1515 casos en comparación con el año 2025. La mayoría de estos expedientes se dan en San José.
“Para estudiar se les tiene que garantizar sus necesidades: debe tener la panza llena y espacios seguros, pero en este momento no tienen nada de eso. Se han encargado de demoler la salud, la educación. ¿Qué mensaje están mandando? Que no les importan los estudiantes”, me dice Mauritzia D’Antoni, docente jubilada y especialista en psicología educativa.
La angustia de tener que elegir entre desayunar o el pasaje del autobús porque no hay dinero es la dimensión estructural de la violencia, la base de brotes y estallidos de múltiples conflictos en las aulas.
Los docentes son muros de contención. Así como Denise atiende y procura resolver, sus colaboradores aplican protocolos, dan seguimiento a los casos de exclusión. En otros centros educativos del país se implementan actividades extracurriculares e incluso, en horas fuera de su horario, desarrollan espacios de diálogo con padres de familia. Estos esfuerzos, lamentablemente, están desarticulados y se conocen poco. Las personas profesionales en psicología, que podrían ejercer una labor preventiva en materia de salud mental, se limitan al ámbito pedagógico.
“Hay iniciativas muy bonitas como estas. Desde la universidad desarrollamos muchas intervenciones en centros educativos para integrar a los diversos actores, pero no se les da continuidad: se abren con un gobierno y se cierran con el otro”. Cree que medidas como perseguir estudiantes tatuados, castigar la extensión o el color del cabello se enfocan en el control sobre los cuerpos y las identidades. Estas medidas se consolidan a partir del control de la narrativa. “Se corre el peligro de que la escuela se convierta en una pequeña cárcel”, dice con pesadumbre.
Recorro los pasillos del primer pabellón, destacan aulas recién pintadas, los pisos pulcros. Una madre de familia lee avisos en la pizarra institucional con información sobre matrícula, otro señor deja a su hija un poco nerviosa. Debe de tener unos 10 años, parece ser la primera vez que entra a la escuela. El ambiente huele a limpieza y comienzos nuevos; distantes, se escuchan murmullos, pasos que anuncian el inicio de la jornada vespertina.
La directora me conduce al gimnasio, donde se inaugura el curso lectivo con un acto sencillo pero emotivo. A la una de la tarde el lugar luce colmado de estudiantes, docentes, padres, madres. Dos arcos con globos de colores, dos autobuses de cartón decoran el gimnasio, pintado de color verde y naranja. La niña Yanori, docente de inglés, de pelo corto y sonrisa que dan años de experiencia, aprovecha la algarabía para conducir un juego donde todos aplauden y cantan. La niñez luce sus uniformes y peinados nuevos para orgullo de sus familiares.
Un niño de unos 10 años, cejijunto y de mirada pícara, acompaña a su hermano de cuatro años que entra a preescolar. Una señora de blusa negra, manga larga, mira su reloj con preocupación. “Me dieron permiso por unas horas; ya después no podré venir tan seguido”, la escucho decir a otra mujer mayor que está a su lado. Un joven en muletas, de gorra beige y su brazo izquierdo tatuado, presta atención a las palabras de la directora, quien da la bienvenida oficial al curso lectivo. Quiere romper el protocolo, salirse del guion que tiene en mano, pero no puede evitar recordarles las responsabilidades a los encargados. Se dirige a los estudiantes con firmeza y cordialidad, recuerda algunas responsabilidades y los invita a disfrutar esta etapa.
Busco escapar de mi investidura, confundirme entre quienes empiezan el año con expectativas frescas, pero fallo en el intento. No me gustan los discursos grandilocuentes que no dicen nada, por eso trato de hacerlos breves: profeso mi admiración por el sentido de comunidad instalado en este instante. Por momentos olvido dónde estoy, lo que me rodea. Hago un llamado a mantener la comunión que expresa este momento en que todos conviven, conversan, comparten la misma ilusión.
La bibliotecóloga toma la palabra para distribuir a los estudiantes de acuerdo con los grupos correspondientes. Los llaman de uno en uno y conforme se congregan se abrazan, se dan la mano. Los más pequeños lloran cuando la maestra se los lleva al aula. Algunos encargados también.
Mientras observo esas escenas, me pregunto cuánto pueden durar antes de que la realidad vuelva a imponerse. Y ese pensamiento me lleva inevitablemente a la situación en Hatillo. “El 31 de diciembre me llamaron para que fuera al funeral de un estudiante. Imagínese, muchachos que uno ve todos los días por los pasillos. Acá hay población de comunidades como María Reina, Aguantafilo, la 15 de Setiembre, zonas que uno ve siempre en las noticias, barrios pesados. Yo no podía decir que no, aunque estuviera en vacaciones. Tenía que ir”. En medio de su desazón, la persona que me cuenta esta historia saca el teléfono, indaga en su carpeta de imágenes y me muestra una fotografía del estudiante recién asesinado. Volteo el rostro porque no me gustan esas imágenes, ni mucho menos que circulen de teléfono en teléfono.
Termina el acto cívico. En cuestión de segundos la concurrencia se dispersa: los encargados, en su mayoría, se apuran para tomar el autobús que los llevará a sus trabajos; o las encargadas del hogar deben retornar a sus quehaceres domésticos. En unas horas vendrán por sus hijos.
“Le decía ahora que esta zona da miedo, pero las personas encuentran en la escuela su espacio seguro. Las maestras saben cómo está la situación en la calle, pero aquí son felices porque ven que los niños también están contentos”.
Las maestras forman a los estudiantes en hileras para llevarlos a las aulas. Entre ellos se distingue el profesor Miguel, un señor moreno, de rostro serio, que con solo verlo impone respeto y busca ser un positivo modelo para seguir.
Vuelvo con Denise a la oficina. Frente a la puerta hay otra fila, esta vez de al menos 30 encargados que vienen a hacer distintas gestiones. Una docente le consulta si puede atenderla, pero le dice que no, que está con ellos, y señala la fila. Algunos solicitan traslado de grupos, constancias para trámites ante otras instituciones, certificaciones de notas. Otros tardan unos segundos en preguntar algún detalle del curso lectivo. Yo me traslado a la mesa larga, abro mi computadora para revisar un correo. Veo a Denise reírse a lo lejos al verme rodeado entre los rollos de papel higiénico. A veces, estas diligencias son complejas.
“En la mañana tuve que resolver la petición de una madre para cambiar al hijo de grupo porque no puede estar en la misma aula con otro niño: ya lo amenazaron. Antes de eso, recibí a otra mamá que, lamentablemente, vive en una zona conflictiva. Aunque tiene una escuela muy cerca, no puede pasar por ahí, y otra escuela relativamente cercana también se encuentra en un área prohibida para ella. Por eso, no le queda otra opción que traer a su hijo a esta escuela”. Aquí cada petición revela lo que la calle no perdona.
Me asomo por la ventana, detrás del escritorio de la directora, y escucho al profesor Miguel con el grupo. Lo escucho dar los lineamientos, por momentos alzar la voz. Los estudiantes están inquietos por los reencuentros con los compañeros. Alza la voz una vez más, continúa dictando las normas de comportamiento. Declama un discurso motivador, gesticula, comunica.
Los niños y adolescentes aprenden observando, absorbiendo el clima emocional de su entorno, y ese clima se filtra en el aula, para bien o para mal. La violencia que atraviesa los centros educativos no siempre llega en forma de arma, amenaza o golpe. Es una violencia que entra disfrazada: en el lenguaje, en la forma de dirigirse a los demás, en la burla, en la deslegitimación, en la desconfianza hacia cualquier figura adulta.
“Cuando el entorno se llena de mensajes agresivos, de insultos normalizados o de autoridades que se atacan públicamente, la escuela y el país lo resienten”, me señala la psicóloga Mauritzia D’Antoni.
Sus palabras dejan una idea dando vueltas en mi cabeza: no solo estamos lidiando con la violencia que irrumpe desde los barrios o desde las disputas entre bandas; también convivimos con otra más silenciosa, que llega desde el discurso público y moldea las relaciones dentro de la escuela.
“Hablar de violencia no es solo hablar de asesinatos o conflictos internos. Hay una figura, la del presidente, con un discurso patriarcal, que descalifica, que llama a desconfiar de las instituciones. Esto se ve reflejado en los procesos de interacción entre los distintos actores de las comunidades educativas. Si la violencia es estructural, hay que hablar también de violencia política”, me dice Olman Bolaños, docente de Estudios Sociales y actual coordinador de la licenciatura en Administración Educativa de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Me explica cómo se da una utilización de los diferentes discursos políticos para asumir el malestar desde la violencia, con la consecuencia de crear un clima de enfrentamiento entre los distintos actores de la comunidad educativa. Todos los años se elige la junta directiva de sección o el gobierno estudiantil. Quienes trabajan estos procesos como ejercicios participativos y no como mero trámite observan con preocupación el alcance del contenido y el tono de estos discursos a la hora de poner en marcha las dinámicas de aula. “El fuego cruzado entre miembros de los poderes de la república no ayuda. Si el presidente descalifica al rector de una universidad pública, ¿qué impide que un niño haga lo mismo con la maestra en el aula?”, me amplía otro docente de Educación Cívica.
Me dice la directora que el profesor Miguel es carismático, respetado por estudiantes y padres de familia. Sus ademanes y tono de voz surten el efecto deseado: los estudiantes dejan de hablar entre ellos y ponen atención a las reglas de clase. Por un momento se respira paz, se vivencia orden; en su cabeza, probablemente, va perfilando liderazgos de la sección.
Salgo de la institución con más incertidumbres que respuestas. Camino 200 metros para tomar el bus y ya el tránsito se empieza a poner pesado sobre la calle principal de Concepción. Algunas madres que estaban en el gimnasio regresan a recoger a sus hijos. Me saludan con amabilidad, imaginando seguramente que no volveré, que me voy a desentender de ellos. Pero desentenderse de ellos es como desentenderse de Juan y el balazo en el baño o de la disposición de Denise y el personal docente para hacer frente a todo lo que venga. A pesar del caos, del impresionismo de la nota roja, de los discursos de odio, de la violencia política. Las nubes, aún en movimiento, están más oscuras, pero ya no llovió.