Costa Rica está envejeciendo. No es una consigna ni una “tendencia”: es una realidad demográfica que ya está presionando los servicios de salud, las familias cuidadoras y las listas de espera. Precisamente por eso existe un hospital nacional especializado en geriatría y gerontología: para atender con dignidad y oportunidad a quienes más lo necesitan.
Ahora bien, ¿cómo se explica —y cómo se justifica— que la construcción de la nueva sede de ese hospital se proyecte hacia 2038? ¿Cómo se le dice al país que un proyecto esencial terminaría en 23 años? Para la Junta de Salud del Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, esto no es un ajuste técnico: es un retroceso que normaliza la demora como si fuera inevitable. Y no lo es.
Hasta hace poco, la propia Junta Directiva de la CCSS había aprobado un cronograma con una primera etapa al 2030 y una segunda etapa al 2032. Sin embargo, se nos informa que se presentó un nuevo calendario que empuja el proyecto hasta 2038, es decir, 12 años más sobre atrasos que ya acumulaban una década. Esto es, sencillamente, inaceptable.
El problema no es “la excusa”: el problema es la renuncia a resolver. La justificación que se ha planteado gira alrededor del proceso de expropiación de terrenos: que se identificaron 16 terrenos, pero que habría múltiples propietarios, lo cual elevaría el proceso a 42 expedientes. Esa realidad —si es cierta— debió estar determinada desde el inicio. Cuando se declara un terreno de interés público y se activa una ruta de infraestructura, la debida diligencia catastral y registral no es opcional; es parte de la planificación básica.
Por eso, convertir ahora ese hallazgo en una razón para “patear la bola” una década más no es un argumento técnico sólido: es la confirmación de que el proyecto no está siendo tratado con la prioridad que merece. Más aún: se ha mencionado que existen “prioridades” institucionales, como el Hospital Nacional de Niños. Nadie discute su importancia. Lo que cuestionamos es el falso dilema: Costa Rica puede —y debe— avanzar en varios frentes a la vez cuando se trata de infraestructura crítica.
Quienes toman decisiones desde un cronograma pueden perder de vista lo esencial: la demanda no se congela. El hospital actual enfrenta alta presión y limitaciones de infraestructura. Extender el proyecto hasta 2038 profundiza el riesgo de saturación y deterioro del servicio en el centro especializado que atiende a una de las poblaciones que más crece en Costa Rica.
Desde la Junta de Salud hemos dicho con claridad que esta obra debe declararse y tratarse como urgencia nacional. No basta con enunciarlo: hay que convertirlo en prioridad real en todas las direcciones involucradas. Hoy sentimos que el proyecto se trata como algo “accesorio”. Esa percepción es gravísima y debe corregirse de inmediato.
La Junta Directiva ha indicado que en dos o tres meses se presentará un informe sobre el estado del proceso de expropiaciones. Ese informe es necesario, sí. Pero no alcanza. Lo mínimo exigible es:
- Un cronograma replanteado con metas verificables y plazos realistas (no resignados).
- Un equipo técnico dedicado y no “compartido” según disponibilidad.
- Un tablero público de avance con hitos, riesgos, responsables y plazos.
- Una ruta de coordinación con instancias que puedan destrabar cuellos de botella.
Y si se insiste en un horizonte 2038, entonces debe explicarse con total transparencia por qué el país debe aceptar una espera de 12 años adicionales, cuando la población adulta mayor sigue creciendo y el hospital actual ya no da abasto.
Como Junta de Salud, no vamos a normalizar lo inaceptable. Por eso estamos articulando acciones con la Defensoría de los Habitantes, valorando acudir a la Sala Constitucional para revisar cumplimiento de resoluciones y estudios, y llevando el tema a espacios legislativos vinculados a la atención de la persona adulta mayor.
No se trata de “pelear por pelear”. Se trata de recordar algo elemental: una sociedad se mide por cómo trata a quienes han trabajado toda su vida y hoy necesitan atención especializada. Costa Rica no puede darse el lujo de convertir un hospital geriátrico en un proyecto a 23 años.
La nueva sede del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología no es un favor. Es una necesidad. Y, sobre todo, es un derecho.