El Consejo Universitario concluye que el proyecto presenta debilidades estructurales graves.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó a la Asamblea Legislativa, mediante el Acta N.° 6936 de 23 de setiembre de 2025, no aprobar el proyecto de ley denominado Ley para la recuperación sostenible de Crucitas y la creación del polo de desarrollo de la Región Huetar Norte de Costa Rica (Expediente n.° 24.675), tras realizar un análisis académico, jurídico, social y ambiental exhaustivo.
Este proyecto fue propuesto por el Frente Amplio y, en días pasados, la presidenta electa Laura Fernández lo planteó como una alternativa para discutir y comparar con el proyecto apoyado por el Poder Ejecutivo (Expediente n.° 24.717).
El criterio fue emitido por la UCR en septiembre pasado, a solicitud de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, en cumplimiento del artículo 88 de la Constitución Política.
El análisis contó con la participación de múltiples instancias universitarias, entre ellas la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Económicas, la Escuela Centroamericana de Geología, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y el Programa Kioscos Socioambientales.
Desde una perspectiva social y comunitaria, el Consejo Universitario reconoció que la iniciativa contiene elementos relevantes, en tanto “procura abordar la problemática de la minería ilegal en Crucitas, con énfasis en la recuperación ambiental, la promoción del desarrollo sostenible para las comunidades locales y la diversificación económica”.
No obstante, advirtió que este enfoque “requiere delimitar mejor el alcance regional del proyecto e incorporar de manera explícita la perspectiva de género”, dada la alta vulnerabilidad social de la Región Huetar Norte.
El acuerdo destaca que cerca del 69 % de los distritos de la región presentan niveles muy bajos de desarrollo social, por lo que resulta indispensable que cualquier iniciativa de esta naturaleza incorpore planes de desarrollo obligatorios, mecanismos claros de evaluación y una articulación institucional robusta que priorice a las comunidades locales y a las poblaciones históricamente excluidas.
Desde el punto de vista ambiental y técnico, el Consejo Universitario concluyó que el proyecto presenta debilidades estructurales graves. En particular, señaló que “carece de una fundamentación técnica sólida” y que se sustenta en una lógica de “capitalismo verde que ha demostrado ser insuficiente para enfrentar los retos estructurales que implica la explotación ilegal de los bienes naturales”.
Entre las principales omisiones, la UCR subrayó la ausencia de un diagnóstico ambiental científico sobre los niveles de contaminación por mercurio, la falta de protocolos de remediación, la inexistencia de estándares de calidad ambiental y la carencia de un sistema de monitoreo que permita evaluar la efectividad de las acciones propuestas.
Asimismo, advirtió que “no se presentan datos verificables sobre los pasivos ambientales existentes ni estimaciones técnicas o económicas sobre los costos reales de la remediación ambiental”.
Otro aspecto crítico señalado es la delimitación territorial del proyecto, ya que este se restringe a la antigua concesión minera de Crucitas, pese a que la minería ilegal “ha trascendido ampliamente esa área y se ha extendido a zonas colindantes y a lugares alejados como Abangares, e incluso con operaciones en territorio de Nicaragua”.
Esta limitación, advirtió el Consejo, podría provocar el desplazamiento del problema hacia otras regiones del país.
El Consejo Universitario también alertó sobre los riesgos éticos y jurídicos de la propuesta, al considerar que podría abrir la puerta a la mercantilización de la naturaleza y a la legitimación indirecta de actividades extractivas ilegales.
En ese sentido, señaló que la titularización del yacimiento de roca dura “podría sentar un precedente para la financiarización de la naturaleza, convirtiendo los ecosistemas en instrumentos sujetos a la especulación del mercado”.
El acuerdo concluyó que el proyecto “no constituye una solución adecuada ni sostenible a la crisis legal, ambiental y social generada por la minería ilegal en Crucitas y sus zonas adyacentes”, y advirtió que ninguna iniciativa será efectiva mientras el Estado no recupere un control real y sostenido sobre la seguridad y la soberanía del territorio.
Según la UCR, “la ocupación informal del espacio por actores ilegales, la débil presencia institucional y la limitada capacidad de fiscalización convierten en ilusorio cualquier intento de establecer una solución integral sin antes atender las condiciones básicas que requieren las comunidades de la región”.
Por estas razones, el Consejo Universitario acordó comunicar a la Asamblea Legislativa su recomendación de no aprobar el proyecto de ley, al tiempo que reiteró la disposición de la UCR de colaborar con criterios técnicos y académicos para la construcción de alternativas integrales, sostenibles y socialmente justas frente a la problemática de la minería ilegal en el país.