El presidente Rodrigo Chaves ha señalado que intentarán convencer a siete futuros diputados del PLN para alcanzar una mayoría calificada que permita impulsar reformas estructurales, incluyendo modificaciones constitucionales, la posibilidad de reelección continua y la eventual convocatoria de una Asamblea Constituyente. No se trata de una especulación académica: es una declaración política concreta que merece una respuesta igualmente clara.
Construir mayorías parlamentarias es parte legítima de la democracia. Pero cuando el objetivo explícito es alterar las reglas que limitan el poder presidencial, el debate deja de ser rutinario y se convierte en una discusión sobre la salud misma del sistema republicano.
La historia latinoamericana ofrece precedentes elocuentes. En Venezuela, Hugo Chávez promovió una Asamblea Constituyente en 1999 con el argumento de modernizar el Estado. El proceso terminó rediseñando el equilibrio institucional y concentrando poder en el Ejecutivo. En Nicaragua, Daniel Ortega impulsó reformas que eliminaron límites efectivos a la reelección, consolidando un esquema de continuidad indefinida. En El Salvador, Nayib Bukele ha tensionado los contrapesos institucionales mediante mayorías legislativas alineadas con el Ejecutivo. En todos estos casos, el punto de partida fue similar: la promesa de eficacia, renovación o voluntad popular directa.
Costa Rica no es Venezuela ni Nicaragua. Pero tampoco es inmune a las dinámicas del poder. Nuestra prohibición de reelección presidencial continua no surgió por casualidad. Es una cláusula diseñada para evitar que el liderazgo personal se transforme en dominación estructural. La alternancia no es un obstáculo; es una garantía.
Alcanzar una mayoría calificada para modificar la Constitución exige algo más que aritmética parlamentaria. Exige consenso profundo y transversal. Cuando se plantea “convencer” a un número específico de diputados para alcanzar el umbral requerido, la pregunta inevitable es: ¿convencer para qué y bajo qué condiciones? La línea entre negociación política legítima y presión indebida puede volverse peligrosamente difusa.
La convocatoria a una Asamblea Constituyente amplifica estas preocupaciones. Una Constituyente abre la totalidad del pacto político. No es una reforma puntual, sino la posibilidad de reconfigurar el sistema de pesos y contrapesos. En contextos de polarización y alta desinformación —incluida la propagada mediante tecnologías digitales y campañas segmentadas— el riesgo de que el proceso derive en concentración de poder no es teórico, es real.
Quienes defienden estas iniciativas argumentarán que todo se hará conforme a la ley y con respaldo popular. Sin embargo, la experiencia comparada demuestra que la legalidad formal no siempre equivale a legitimidad democrática sustantiva. Cambiar las reglas para extender el mandato propio o facilitar la continuidad inmediata del poder altera la competencia política en beneficio del incumbente.
El diseño institucional costarricense ha funcionado porque distribuye poder: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos de control, prensa libre y sociedad civil activa. La mayoría calificada existe precisamente para que ninguna coyuntura electoral permita transformar el sistema sin un acuerdo amplio. Convertir ese mecanismo en una herramienta para asegurar continuidad presidencial contradice su espíritu original.
No se trata de demonizar la reforma constitucional. Las constituciones deben poder actualizarse. Pero la carga de la prueba recae en quien propone el cambio. ¿Qué problema estructural resuelve la reelección continua? ¿Qué falla sistémica exige una Constituyente completa? Si la respuesta es simplemente garantizar gobernabilidad o profundizar un proyecto político personal, el costo institucional puede superar ampliamente los beneficios.
Costa Rica ha sido, durante décadas, una excepción regional en estabilidad democrática. Esa excepción no descansa en la virtud permanente de sus líderes, sino en límites institucionales claros. Debilitar esos límites bajo la promesa de eficiencia es un riesgo que otros países ya asumieron, con resultados conocidos.
La ciudadanía y los futuros diputados —incluidos los del PLN— enfrentarán una decisión histórica. Negociar políticas públicas es parte del mandato. Negociar los principios que evitan la concentración prolongada del poder es otra cosa. Las reformas estructurales deben fortalecer la democracia, no tensionarla.
Las palabras presidenciales no pueden analizarse como retórica pasajera. Son señales. Y cuando esas señales apuntan hacia la modificación de las reglas que impiden la continuidad indefinida en el poder, corresponde un debate frontal, informado y sin ambigüedades.
La democracia costarricense no necesita salvadores permanentes. Necesita instituciones sólidas y límites respetados. La historia regional ya mostró lo que ocurre cuando esos límites se erosionan gradualmente. Ignorar esas lecciones sería un acto de ingenuidad política que el país no puede permitirse.