ANEP rechazó la directriz del PANI e interpuso un recurso de amparo.
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ordenó a todas sus dependencias remitir a la Presidencia Ejecutiva cualquier respuesta dirigida a organizaciones sindicales antes de enviarla, alegando que su fin es garantizar uniformidad y respaldo jurídico en la posición institucional, según un oficio emitido por la presidenta ejecutiva de las institución, Kennly Garza Sánchez.
La directriz, con fecha del 19 de marzo de 2026, establece como regla general que cada dependencia debe elaborar las propuestas de respuesta dentro de su ámbito de competencia, pero someterlas obligatoriamente a "revisión, análisis y visto bueno" del despacho de la Presidencia Ejecutiva.
El documento señala que solo en casos excepcionales, cuando exista una instrucción expresa de la Presidencia, una dependencia podrá responder directamente a los sindicatos. En esas situaciones, se deberá enviar copia inmediata al despacho para efectos de control y seguimiento.
En el documento PANI-PE-OF-0680-2026 la jerarca recordó que sus disposiciones son de acatamiento obligatorio para toda la institución. Asimismo, advirtió que el incumplimiento de estas instrucciones podría derivar en responsabilidades administrativas para las personas funcionarias.
El oficio señala:
Se reitera la importancia de que toda comunicación institucional responda a una línea uniforme, coherente y alineada con la realidad de las acciones ejecutadas por la Institución, de manera que refleje con veracidad la gestión desarrollada por el Patronato Nacional de la Infancia".
Y agrega:
Resulta imperativo evitar la emisión de criterios o respuestas contradictorias entre dependencias, ya que ello no solo debilita la posición institucional, sino que puede generar inseguridad jurídica, afectar la credibilidad de la Institución y comprometer la adecuada defensa de sus actuaciones".
ANEP rechaza la centralización
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció que la medida adoptada inmediatamente después de su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, donde el sindicato expuso, con base en documentos oficiales, información que revela el rezago estructural en la atención de denuncias dentro del sistema de protección de la niñez.
En la comparecencia de la ANEP ante la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, el sindicato presentó información sustentada en documentos oficiales del propio PANI y en registros de sus instancias técnicas, evidenciando un colapso en las oficinas locales que supera la capacidad de respuesta institucional.
En ese espacio ANEP reiteró que esta situación no es atribuible a las personas funcionarias, quienes laboran bajo condiciones de sobrecarga sostenida, limitaciones operativas y falta de recursos suficientes. Por el contrario, el señalamiento de estas problemáticas busca proteger al personal técnico y administrativo, visibilizando condiciones estructurales que impiden una atención oportuna y eficaz.
Entre los principales datos expuestos en el congreso correspondientes al período 2025 destacan:
- Más de 7.000 denuncias que no fueron atendidas al cierre del año.
- 327 denuncias clasificadas como de altísimo riesgo —casos que implican peligro inminente para la vida o integridad de personas menores de edad— que permanecen pendientes de atención.
Desde el sindicato indicaron:
Estas cifras reflejan que miles de situaciones de presunta vulneración de derechos de personas menores de edad continúan sin atención oportuna, aun cuando son de conocimiento institucional".
ANEP señaló que la centralización previa de comunicaciones podría generar atrasos en gestiones urgentes, limitar la comunicación directa con instancias técnicas especializadas y dificultar el seguimiento de procesos laborales que requieren coordinación permanente.
Asimismo, ANEP manifestó formalmente su preocupación por el tono empleado en la directriz, particularmente en lo relativo a eventuales responsabilidades administrativas. Esto al considerar que podría interpretarse como una forma de presión hacia las personas funcionarias y afectar la comunicación institucional.
"La libertad sindical y el derecho de petición se encuentran reconocidos y protegidos por la Constitución Política, así como por los convenios internacionales ratificados por el Estado costarricense en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que toda disposición administrativa debe interpretarse y aplicarse en estricta conformidad con dichos instrumentos y con los principios que garantizan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales", destacaron.
Jeffry Hernández Rojas, Asesor Sindical ANEP-PANI, comentó:
No permitiremos que se pisotee la libertad sindical. Desde ANEP seguiremos defendiendo los derechos de las personas menores de edad y de las personas trabajadoras. Lamentamos profundamente que la presidenta ejecutiva, Kennly Garza Sánchez, esté tan mal asesorada y que siga cometiendo no errores, sino horrores".
Tras la directriz del PANI, el sindicato interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por considerar que se vulnera la libertad sindical y limita el ejercicio legítimo de la representación de las personas trabajadoras.