Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua señala desvío de fondos públicos, vigilancia transnacional y posibles crímenes de lesa humanidad desde 2018.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), organismo independiente mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, afirmó que el Gobierno de Nicaragua financia la represión contra opositores mediante el desvío de recursos públicos y mantiene una red de vigilancia e inteligencia que alcanza a personas exiliadas en distintos países.
Las conclusiones forman parte de un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, en el que el grupo instó a los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo a garantizar la rendición de cuentas, restablecer el espacio cívico y adoptar medidas para proteger los derechos de la población, incluidas las personas en el exilio.
El presidente del GHREN, Jan‑Michael Simon, explicó:
La represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua bajo el control de la familia Ortega-Murillo. La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”.
Según el informe, basado en decenas de entrevistas y evidencia documental, desde 2018 fondos públicos habrían sido desviados para sostener una estructura paralela dentro del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), utilizada para financiar operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades partidarias.
De acuerdo con el GHREN, recursos originalmente destinados a programas sociales, proyectos de limpieza y gastos operativos fueron redirigidos para financiar operaciones represivas, incluido el operativo contra las protestas de 2018 conocido como Operación Limpieza.
Por su parte, Reed Brody, miembro del grupo, subrayó:
El mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos. La represión en Nicaragua no es improvisada: está estructurada y financiada bajo un esquema de corrupción”.
El informe también describe una "extensa arquitectura transnacional de vigilancia e inteligencia" destinada a monitorear, intimidar y atacar a nicaragüenses en el exterior. Según los expertos, el Gobierno ha retirado arbitrariamente la nacionalidad a 452 personas y ha dejado a miles más en situación de apatridia de facto al negarse a renovar documentos o permitir su retorno.
El grupo también reportó vigilancia, hostigamiento, campañas de difamación, uso indebido de mecanismos de Interpol, confiscación de propiedades y represalias contra familiares de personas críticas del Gobierno.
Entre los casos señalados se encuentra el asesinato en junio de 2025 en Costa Rica del mayor retirado del Ejército y crítico del Gobierno, Roberto Samcam.
Asimismo, el informe identifica una estructura de inteligencia de múltiples niveles integrada por el Ejército, la Policía, autoridades migratorias, la entidad reguladora de telecomunicaciones TELCOR, misiones diplomáticas y operadores del FSLN. Según el GHREN, esta red ha utilizado vigilancia digital, hackeo y divulgación de datos personales para silenciar voces críticas.
El equipo investigador también indicó que el actual coministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, habría presuntamente participado en un grupo de alto nivel encargado de coordinar acciones de represión transnacional entre 2021 y 2023.
La integrante del GHREN, Ariela Peralta, detalló:
Las estructuras diplomáticas y consulares han sido instrumentalizadas para rastrear, monitorear e intimidar a nicaragüenses en el exilio. Se trata de una política deliberada para eliminar la disidencia dondequiera que se encuentre”.
El informe reitera además que las violaciones documentadas desde 2018 constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad y advierte sobre una dimensión de género en la represión. Según los expertos, defensoras de derechos humanos, periodistas, abogadas, lideresas políticas y personas LGBTIQ+ han enfrentado persecución política, violencia basada en género y campañas de estigmatización.
“Los patrones de violaciones con dimensión de género no ocurren de manera aislada. Forman parte de una estrategia represiva deliberada destinada a castigar a las mujeres y a los movimientos feministas por su liderazgo histórico como actores políticos autónomos”, agregó Peralta.
El GHREN también llamó a los Estados a activar mecanismos internacionales de rendición de cuentas —incluida la jurisdicción universal, sanciones selectivas y litigios basados en tratados internacionales— y pidió garantizar protección a las personas exiliadas.
Jan‑Michael Simon declaró:
Cuanto más se retrase la acción, mayor será el daño y más profundas las consecuencias. Sin embargo, la resiliencia de las víctimas —fortalecida por la cuidadosa documentación de sus experiencias— sigue impulsando la búsqueda de la verdad, la justicia y el pleno cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos”.
El grupo instó además al Gobierno nicaragüense a desmantelar las estructuras represivas, derogar las reformas legislativas y constitucionales restrictivas adoptadas desde 2018, liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos y permitir el ingreso sin restricciones de mecanismos internacionales de monitoreo.
“El Grupo de Expertos está dispuesto a comprometerse directa y constructivamente con las autoridades”, manifestó Brody. “Estamos preparados para viajar a Nicaragua con el objeto de monitorear los avances y apoyar la implementación de reformas en materia de derechos humanos”.