En medio de la legítima preocupación por la inseguridad, no todo vale. Y proponer allanamientos sin orden judicial no es una solución: es un retroceso peligroso para nuestra democracia.
Combatir el crimen es urgente, sí. Pero eliminar las garantías individuales nunca puede ser el camino. Permitir que el Estado ingrese a una vivienda sin autorización judicial no es un simple ajuste legal.
Es abrir la puerta a la arbitrariedad, al abuso de poder y a la violación de derechos fundamentales.
Y no nos equivoquemos: sí hay daño cuando se allana una casa sin orden judicial, aunque después no se encuentre nada. Hay daño a la intimidad, a la tranquilidad y a la seguridad jurídica de las personas.
Desde la Asamblea Legislativa impulsamos la ley de allanamientos 24/7, hoy ya en aplicación. Esa ley fue pensada para algo muy claro: combatir el crimen organizado y garantizar que las familias costarricenses puedan dormir tranquilas, mientras los delincuentes son perseguidos a cualquier hora.
Esa es la lógica de un Estado que protege. No la de uno que irrumpe sin controles. Por eso preocupa profundamente la propuesta del señor Nogui Acosta.
Porque lejos de fortalecer la seguridad, viene a desmantelar la tranquilidad de las personas honestas y decentes, al debilitar las garantías que las protegen. Pero, además, hay una contradicción que no se puede ignorar.
Cuando esta ley fue vetada por el presidente de la República, se argumentó que era inconstitucional porque supuestamente eliminaba la orden judicial. Eso nunca fue cierto. Mi propuesta siempre mantuvo el control del juez.
Hoy, quienes sostenían ese argumento terminan proponiendo algo mucho más grave: allanamientos sin orden judicial. Eso no solo es incoherente, es irresponsable.
Y hay que decirlo sin rodeos: este tipo de planteamientos son propios de modelos autoritarios, donde el Estado empieza a concentrar poder sobre la vida y los bienes de las personas.
Sin control judicial, además, se abre un riesgo real: que estas herramientas se utilicen para persecuciones políticas, represalias o decisiones arbitrarias basadas en criterios subjetivos, algo completamente incompatible con una democracia.
Aquí no hay una disyuntiva entre seguridad o derechos. Esa es una falsa narrativa. Costa Rica necesita respuestas firmes contra la delincuencia, sí. Pero también necesita claridad y responsabilidad.
Así que no, señor diputado, así no.
Si estos son los planteamientos que van a marcar su futura gestión, hay razones para estar preocupados y alertas. Porque si por la víspera se saca el santo, lo que está en juego no es solo la seguridad… es la democracia misma.