La iniciativa busca establecer responsabilidad objetiva de entidades financieras y un procedimiento formal para tramitar denuncias por fraudes.
El Movimiento Gente Estafada en Bancos de Costa Rica respaldó la aprobación en primer debate del proyecto de ley 23.908, iniciativa que pretende reformar el marco de protección a usuarios del sistema financiero ante estafas.
El colectivo agradeció a las 15 diputadas y diputados que votaron a favor del texto y señaló que la propuesta responde, según su criterio, a la falta de soluciones efectivas frente al aumento de fraudes electrónicos en el país.
Contenido del proyecto
De acuerdo con el movimiento, el proyecto introduce tres cambios centrales:
- Responsabilidad objetiva de las entidades financieras frente a daños derivados de la prestación del servicio, salvo que puedan demostrar una causa válida que las exonere.
- Inversión de la carga de la prueba, de modo que la entidad financiera deba aportar pruebas que sustenten sus investigaciones en sede administrativa o judicial.
- Creación de un procedimiento formal con plazos y garantías para ambas partes en la tramitación de denuncias por estafa, en línea —según indicaron— con pronunciamientos recientes de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
El movimiento sostuvo que la iniciativa no establece pagos automáticos ante cualquier denuncia, sino que plantea un procedimiento formal con requisitos, análisis individualizado y resoluciones fundamentadas.
Asimismo, indicó que el texto contempla que, en caso de comprobarse dolo o autofraude por parte de la persona denunciante, la entidad financiera no estaría obligada a resarcir el monto reclamado.
Críticas a oposición del sector bancario
El colectivo afirmó que sectores bancarios han ejercido presiones para frenar la aprobación en segundo debate y cuestionó argumentos que, según su pronunciamiento, no corresponden al contenido del proyecto.
Entre ellos, rechazó que la iniciativa incluya disposiciones sobre asignación de recursos para el combate al ciberdelito, señalando que ese no forma parte del articulado.
El proyecto deberá enfrentar un segundo debate en el Plenario Legislativo antes de enviarse al Poder Ejecutivo para eventual sanción.