La escena circuló por todo el mundo esta semana. El futbolista más influyente del planeta, Lionel Messi, apareció en la Casa Blanca en un gesto protocolario que despertó incomodidad en muchos sectores. No era un encuentro deportivo ni cultural, era una escena de proximidad simbólica con el poder político global. Messi calza perfecto ahí, con su traje, con su rosa interista, esclavo blanco de un magnate cubano resentido.
La polémica no radica tanto en el gesto individual del jugador —los deportistas suelen transitar espacios de poder— sino en lo que ese gesto revela sobre un fenómeno más profundo, la fascinación por el poder y la capacidad de las élites para absorber figuras públicas dentro de su narrativa de legitimidad.
La escena de Messi funciona, en realidad, como una metáfora útil para pensar un fenómeno que ocurre con mayor frecuencia dentro de los propios estados nacionales. Funcionarios que, desde adentro, terminan seducidos por las lógicas del poder económico y político que deberían regular.
En términos conceptuales, Antonio Gramsci ya advertía sobre el papel estratégico del funcionariado en la construcción de hegemonía (1971). Para Gramsci, el Estado no era únicamente un aparato administrativo; era también un entramado de consensos culturales y políticos donde operan distintos tipos de intelectuales y burócratas que ayudan a reproducir el orden dominante. El funcionariado no es neutral, puede actuar como mediador del interés público o como operador de proyectos hegemónicos. Este es precisamente el dilema contemporáneo.
En las últimas décadas, el discurso dominante sobre el Estado ha sido moldeado por un paradigma administrativo conocido como New Public Management (Nueva Gestión Pública) (Hood, 1991; Harvey, 2005). Bajo esta lógica, el sector público comienza a evaluarse con los mismos criterios que una empresa privada, es decir, eficiencia, rentabilidad, competitividad y reducción de costos.
La narrativa que acompaña este paradigma es conocida. El Estado es presentado como lento, burocrático e ineficiente. Lo privado, en cambio, aparece asociado a la innovación, la agilidad y la eficacia. No se trata solo de un cambio técnico en la administración pública. Es, sobre todo, un cambio de ideas.
Cuando este marco se instala en la cultura institucional, algunos funcionarios dejan de verse a sí mismos como guardianes de lo público y comienzan a actuar como gestores de mercado dentro del Estado. Se produce entonces una forma de captura interna donde no hace falta privatizar formalmente una institución para que su lógica empiece a operar como si fuera privada. El resultado es una paradoja peligrosa que se multiplica con el ingreso de generaciones jóvenes, encandiladas por el dinero y la apariencia.
Las decisiones públicas empiezan a justificarse con argumentos empresariales. Los servicios públicos se reinterpretan como “mercados”. Las políticas sociales se reducen a cálculos de eficiencia fiscal, y el propio Estado termina adoptando el lenguaje que históricamente se utilizó para debilitarlo.
Gramsci describiría este fenómeno como una forma de hegemonía cultural: la capacidad de una visión del mundo —en este caso, la neoliberal— para instalarse incluso en las estructuras que deberían contrapesarla.
En ese proceso, el funcionariado adquiere un papel decisivo. No porque todos actúen de manera deliberada, sino porque la hegemonía opera precisamente cuando sus premisas parecen “sentido común”. Así, el funcionario que debería defender la institucionalidad pública puede terminar repitiendo los argumentos que justifican su reducción. El gestor del servicio público se convierte en promotor de la externalización, al tiempo que el Estado comienza a privatizarse desde adentro, antes incluso de que aparezcan las reformas o “modernizaciones”.
Este fenómeno no es abstracto ni lejano. América Latina y en nuestro caso criollo lo hemos experimentado durante décadas. Reformas inspiradas en mecanismos de competencia, tercerización y lógica empresarial dentro de instituciones públicas, bajo el argumento de modernizar el Estado. ¿Ejemplos? ¡Sobran!
En múltiples casos, estas reformas han debilitado capacidades estatales estratégicas, fragmentado servicios públicos y abierto espacios para nuevas formas de captura institucional. La corrupción, en ese contexto, no siempre surge de grandes escándalos visibles; a veces emerge de la erosión lenta de la frontera pública - privada.
Por eso la imagen de Messi en la Casa Blanca resulta sugerente como metáfora. No se trata de juzgar a un futbolista o compararlo con el irreverente Maradona porque no tienen comparación. La pregunta relevante es: ¿Qué ocurre cuando quienes administran lo público comienzan también a sentirse cómodos orbitando esas mismas esferas de poder?
Defender lo público no significa negar la necesidad de modernizar las instituciones. Significa recordar que la eficiencia administrativa no puede sustituir el principio fundamental que justifica la existencia del Estado: garantizar derechos y equilibrar el poder en la sociedad, entre otros cánones determinantes de la igualdad y justicia social.
Si el funcionario olvida ese principio, la hegemonía ha ganado. Entonces el problema no será que Messi visite la Casa Blanca. El problema será que quienes deberían proteger lo público ya estén jugando para el otro equipo.