Autoridades impulsan acción conjunta contra los delitos ambientales.
En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, el pasado 3 de marzo más de 200 funcionarios de diversas instituciones fortalecieron sus capacidades para enfrentar uno de los delitos ambientales más graves que enfrenta el país: el tráfico ilegal de fauna silvestre.
Cada año, más de 1.000 animales silvestres son extraídos ilegalmente de sus hábitats en Costa Rica para ser vendidos como mascotas, integrados a colecciones privadas o traficados hacia mercados internacionales. Este delito no solo afecta a especies emblemáticas, sino que debilita ecosistemas completos y alimenta redes de criminalidad organizada.
La Comisión Nacional de Seguridad Ambiental (CNSA), en colaboración con Humane World for Animals, y en el marco del proyecto Mejorando la Capacidad de Costa Rica para Combatir el Tráfico de Vida Silvestre, ha desarrollado más de 20 actividades de capacitación especializada.
En estas jornadas han participado funcionarios de:
- Policía de Fronteras.
- Fuerza Pública.
- Policía Turística.
- Servicio de Vigilancia Aérea.
- Servicio Nacional de Guardacostas.
- Organismo de Investigación Judicial.
- Ministerio Público.
- Servicio Nacional de Salud Animal.
- Correos de Costa Rica.
- Dirección General de Aduanas.
- Ministerio de Ambiente y Energía.
La CNSA ha consolidado un modelo de cooperación interinstitucional que articula al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, mediante la Fiscalía Ambiental, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Ambiente y Energía.
Este grupo interdisciplinario promueve acciones como la atención integral de la delincuencia ambiental, el uso eficiente de recursos humanos y financieros, el intercambio estratégico de información, y el trabajo multidisciplinario para desarticular redes criminales.
Desde el Ministerio Público resaltaron que el tráfico de vida silvestre no es un delito menor: es una actividad ilícita que genera altas ganancias y que impacta directamente la seguridad ambiental, la salud pública y la imagen internacional del país.
Las instituciones involucradas en el tema destacaron que fortalecer la capacidad de investigación, persecución penal y control fronterizo es fundamental para frenar la extracción ilegal de especies que pertenecen al patrimonio natural del país. Y concluyeron:
La biodiversidad no es mercancía. Es vida, es patrimonio y es futuro".