La aviación civil no se construye únicamente con aeronaves. Se construye con criterio técnico, con normativa clara y con funcionarios que entiendan que regular no es obstaculizar.
En Costa Rica, la Sección de Licencias de la Dirección General de Aviación Civil cumple una función esencial: garantizar que pilotos y técnicos estén debidamente calificados. Nadie discute la necesidad de controles. Lo que sí merece discusión es la forma en que estos controles se aplican.
Hace años, al presentar una certificación extranjera de licencia y habilitaciones para su revalidación, la jefatura de licencias pretendió reconocer la licencia base pero desconocer las habilitaciones. ¿El argumento? Que esos modelos de aeronave no estaban disponibles en el país.
Es decir, se pretendía borrar cursos, horas de vuelo y certificaciones obtenidas legalmente, sin fundamento normativo, simplemente porque las aeronaves no operaban localmente. No existía base legal para tal decisión. Tras múltiples cartas solicitando el sustento reglamentario, la posición tuvo que revertirse. No sin antes verificar uno por uno los centros de entrenamiento donde se habían realizado los cursos, como si la presunción inicial fuera la falsedad.
La aviación no opera bajo sospecha subjetiva. Opera bajo evidencia, normativa y reconocimiento bilateral.
Años después, cuando ingresó al país un helicóptero de modelo nuevo —no existente previamente en la flota nacional— comenzó otra odisea: la certificación de pilotos y mecánicos. La respuesta institucional fue tan reveladora como preocupante: se sugirió que no se introdujeran nuevos modelos para evitar “complicaciones”.
En otras palabras, limitar el desarrollo para simplificar la administración.
La aviación mundial evoluciona constantemente. Nuevos modelos, nuevas tecnologías, nuevos estándares. Las autoridades aeronáuticas modernas facilitan la incorporación ordenada de estas innovaciones. Frenarlas por comodidad administrativa no protege la seguridad; limita la competitividad del país.
Otro caso ilustra la contradicción: un piloto del Servicio de Vigilancia Aérea decidió obtener su licencia civil. Lo que debió ser un trámite técnico se convirtió en un proceso lleno de objeciones, cuestionamientos sobre la validez de sus horas de vuelo y respuestas autoritarias. Como si las aeronaves del Estado volaran bajo principios físicos distintos.
Borrar experiencia acumulada por criterio discrecional no fortalece la regulación. La debilita.
Existe además una práctica reiterada: exigir que centros de entrenamiento internacionales sean inspeccionados previamente por inspectores locales o que los cursos sean supervisados por funcionarios costarricenses, poniendo en duda la capacidad de instituciones como CAE o FlightSafety International, o entrenamientos directamente avalados por fabricantes.
Estos centros están auditados y certificados por autoridades como la Federal Aviation Administration y la European Union Aviation Safety Agency. Son referencia mundial en estándares de formación. Cuestionar sistemáticamente su validez no eleva el estándar local; genera duplicidad innecesaria, desperdicio de recursos y desconfianza institucional.
La bilateralidad aeronáutica existe precisamente para evitar estas fricciones. Para reconocer equivalencias. Para facilitar movilidad profesional bajo estándares comunes.
Cuando la regulación se convierte en una interpretación personal y no en aplicación objetiva de normativa, los efectos recaen directamente sobre operadores, pilotos y técnicos. Se encarece la operación, se retrasa la incorporación de equipos, se desalienta la inversión.
No se trata de señalar a todos. Dentro de la institución existen funcionarios preparados, técnicos competentes y profesionales comprometidos con el desarrollo. El problema surge cuando decisiones discrecionales, caprichosas o carentes de fundamento normativo prevalecen sobre el criterio técnico.
La autoridad aeronáutica no está para competir con la industria. Está para regularla con rigor, pero también con visión de futuro.
Un país pequeño que aspira a ser competitivo en aviación no puede darse el lujo de aplicar criterios retroactivos, desconocer experiencia legítima o dificultar la introducción de tecnología por comodidad administrativa.
Regular no es obstaculizar. Supervisar no es sospechar. Controlar no es frenar el desarrollo.
La aviación costarricense tiene potencial para crecer. Pero el crecimiento requiere una autoridad que acompañe la evolución del sector, no que la condicione a interpretaciones individuales.
Porque al final, cada hora que se desconoce, cada habilitación que se cuestiona sin base y cada modelo que se retrasa no afectan a una persona. Afectan al ecosistema completo de la aviación nacional.