En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, reconocemos las luchas, la valentía, y las valiosas contribuciones de las mujeres en los espacios públicos y privados, y que representa una conmemoración histórica y significativa que nos recuerda la importancia de promover una sociedad igualitaria y segura para las mujeres.
Esta fecha tiene sus antecedentes en las luchas históricas de mujeres trabajadoras a inicios del siglo XX, quienes alzaron la voz para exigir condiciones laborales dignas, igualdad de derechos y participación política.
En 1910, durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, se aprobó por unanimidad la propuesta de Clara Zetkin para establecer un Día Internacional de la Mujer, dedicado a la reivindicación de los derechos de las mujeres, iniciativa que con el tiempo fue adoptada a nivel mundial.
Es así como en 1975, la Organización de las Naciones Unidas oficializó el 8 de marzo como una fecha para promover la igualdad de género y reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes.
En ese contexto, en Costa Rica todavía existe una brecha importante en la participación de la mujer en espacios políticos, técnicos y de decisión; a nivel de gobiernos locales, la participación sigue siendo más baja: menos del 20% de las alcaldías están ocupadas por mujeres.
Las mujeres representan más del 60% de las graduadas en educación superior, aun así, su presencia en puestos de dirección técnica y gerencial en instituciones públicas y privadas es menor, con cifras que rondan el 30% en cargos de alta jerarquía y menos de un tercio de los puestos de decisión están ocupados por mujeres, lo que refleja barreras relacionadas con estereotipos de género, violencia política y dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.
Por otro lado, la participación de las mujeres en el mercado laboral costarricense continúa enfrentando desigualdades estructurales, de acuerdo con datos del INEC y la OCDE, la brecha salarial de género se mantiene en un promedio del 4,2%, lo que significa que las mujeres perciben menos ingresos que los hombres por igual trabajo, paralelo a ello la tasa de desempleo femenino es consistentemente más alta que la masculina, con un indicador de brecha de género en desempleo de 106,66 para finales de 2025.
A esto se suma la elevada proporción de mujeres en el empleo informal, que alcanza al 37,6% de la población ocupada. Esta condición limita el derecho al acceso a seguridad social, estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional, afectando de manera particular a mujeres jóvenes, rurales y migrantes.
Con relación al acceso a servicios de salud, educación y justicia entre otros, la evidencia indica que, en el ámbito de la salud, Costa Rica ha logrado avances importantes en cobertura, pero persisten retos en la atención integral de mujeres y niñas.
En cuanto al acceso a la justicia, los procesos relacionados con violencia de género continúan siendo lentos y revictimizantes, sobre todo en las investigaciones de femicidios, así como en las denuncias de violencia doméstica y abuso sexual que enfrentan obstáculos en la investigación y resolución, lo que limita el acceso efectivo de las mujeres a la protección de sus derechos.
Es por ello que, como gremio, exigimos con firmeza el fortalecimiento de los programas de atención integral dirigidos a mujeres y niños(as) en situación de violencia y de vulnerabilidad, reconociendo que la protección y el acompañamiento deben ser garantizados como un derecho y no como un privilegio.
Solicitamos el apoyo institucional en la implementación de campañas de sensibilización que contribuyan a transformar imaginarios sociales y reiteramos la necesidad de generar alianzas estratégicas, pues solo mediante la articulación de esfuerzos se logra incidir de manera efectiva en la construcción de entornos seguros y equitativos en igualdad de condiciones.
Hacemos un llamado urgente y firme a todas las instituciones públicas y privadas, a la sociedad civil y a la ciudadanía costarricense: porque no basta con reconocer las desigualdades, es momento de actuar con decisión y coherencia con la consigna de que la justicia y la equidad requieren acciones concretas, sostenidas y colectivas como punto de partida para redoblar esfuerzos y garantizar que los derechos de las mujeres y niñas sean respetados, protegidos y promovidos en cada rincón del país.
Como profesionales en Trabajo Social reconocemos que esta conmemoración no es un acto aislado, sino un llamado a la acción constante para transformar las estructuras sociales que perpetúan las desigualdades, por lo que reafirmamos el compromiso de visibilizar las realidades de las mujeres y niñas en nuestro país, y de acompañar sus luchas desde una perspectiva ética y profesional.