En noviembre próximo, el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) cumplirá 40 años de existencia. Cuatro décadas después de su creación, Costa Rica enfrenta el desafío ineludible de asegurar la sostenibilidad del sistema para las próximas décadas y, al mismo tiempo, diversificar sus respuestas frente a un déficit habitacional cada vez más complejo, urbano y heterogéneo. En ese contexto, conviene volver la mirada hacia modalidades diversas como la vivienda cooperativa que, aunque no es nueva, ha sido históricamente subutilizada en el país; en particular, las cooperativas de vivienda por ayuda mutua.
La vivienda cooperativa no es solo una forma distinta de producir casas; es, sobre todo, una forma diferente de organizar la demanda, gestionar el suelo y concebir el hábitat. Mediante esquemas autogestionarios, las personas no solo acceden a una solución habitacional, sino que participan activamente en su construcción material, social y comunitaria. En ese proceso se conforman comités, se distribuyen responsabilidades y desarrollan capacidades en ámbitos tan diversos como la administración, gestión financiera, resolución de conflictos, mantenimiento del inmueble y la convivencia, además de actividades productivas. Se trata, en ese sentido, de una auténtica pedagogía del hábitat. La comunidad se forma mientras el proyecto se gesta, y eso resulta especialmente valioso para sectores de población que provienen de la informalidad o la precariedad, porque facilita procesos de organización, arraigo e incorporación progresiva a la formalidad desde una lógica solidaria.
El SFNV ha sido una de las políticas públicas más relevantes del país, pero su estructura programática ha tendido a concentrarse en modalidades relativamente homogéneas, lo cual limita en ocasiones su capacidad para responder a nuevas realidades sociales, familiares y urbanas. Incorporar de forma decidida la vivienda cooperativa permitiría ampliar la oferta, atender segmentos que hoy no califican o no calzan con las soluciones tradicionales y ofrecer respuestas diferenciadas para estratos medios, medios bajos y población trabajadora con dificultades de acceso al mercado formal de la vivienda. Además, el modelo cooperativo introduce una lógica de garantía colectiva y corresponsabilidad que suele fortalecer la sostenibilidad social y financiera de los proyectos. A ello se suma la existencia de fondos solidarios internos, capaces de amortiguar situaciones temporales de desempleo o dificultad económica de alguno de sus miembros, algo prácticamente inexistente en otras modalidades residenciales.
Como contrastre, en las últimas décadas, el régimen de condominio se ha consolidado como una de las principales formas de producción de vivienda colectiva en contextos urbanos. Sin embargo, ese tipo de regimen no siempre ofrece la mejor respuesta, especialmente para proyectos orientados a estos segmentos o para esquemas de gestión colectiva del hábitat. La cooperativa puede representar una alternativa especialmente interesante frente al condominio, ya que mientras uno organiza la copropiedad desde una lógica predominantemente individual, la otra organiza la vida en común desde una filosofía de solidaridad, apoyo mutuo y responsabilidad compartida. Eso se expresa no solo en la gestión económica, sino también en la administración del inmueble, el mantenimiento de áreas comunes, la resolución de conflictos y la posibilidad de aportar en especie mediante trabajo, cuidados o servicios comunitarios. No se trata únicamente de compartir un edificio, sino de construir comunidad.
Uno de los mayores potenciales de la vivienda cooperativa radica también en su capacidad para gestionar suelo urbano de manera más eficiente e innovadora. En ciudades como San José, donde abundan inmuebles abandonados o subutilizados, este modelo podría ser clave para reciclar edificios existentes y destinarlos a vivienda permanente. En muchos casos, la cooperativa permitiría evitar el costoso y complejo proceso de condominización, que suele volver financieramente inviable la recuperación de estructuras verticales para fines habitacionales. Esto abre una posibilidad estratégica para la regeneración de centros urbanos, que es recuperar edificios, repoblar zonas consolidadas, aprovechar infraestructura ya instalada, contener la expansión periférica y ofrecer vivienda bien localizada. También puede ser una figura útil en territorios semiurbanos y rurales, donde se requieren fórmulas más flexibles de gestión del suelo y de la vivienda.
Una alternativa para la gestión pública
Pero esta no debe pensarse únicamente como un complemento del SFNV; puede además constituir una herramienta para los gobiernos locales. Los municipios podrían promover proyectos de vivienda municipal bajo gestión cooperativa, facilitar suelo o inmuebles para este tipo de iniciativas o incluso delegar la administración de ciertos conjuntos residenciales a cooperativas de vivienda. Esto permitiría explorar formas de gestión pública-comunitaria más cercanas, sostenibles y adecuadas para determinados segmentos sociales. En otras palabras, puede ser también en una modalidad de administración habitacional con valor público.
La experiencia internacional respalda de sobra el potencial de este modelo. En Europa, países como Suecia, España y Francia han desarrollado durante décadas sistemas sólidos de vivienda cooperativa, y en América Latina destacan casos emblemáticos como FUCVAM en Uruguay, o Fundasal en El Salvador, donde el movimiento cooperativo -particularmente a través de la ayuda mutua- ha demostrado ser una respuesta exitosa en materia de vivienda social. Estos referentes evidencian que el modelo no solo produce vivienda, sino que construye ciudadanía, cohesión social y resiliencia comunitaria.
Hace algunos meses, el Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH) aprobó recientemente el proyecto regional “Vivienda Cooperativa y Hábitat Sostenible en Centroamérica”, impulsado por Costa Rica y Guatemala con apoyo unánime del Foro de Ministros y Ministras de la región. El acuerdo traza una línea de acción regional concreta y reconoce expresamente al cooperativismo de vivienda por ayuda mutua como un modelo eficaz para democratizar el acceso a la vivienda, fortalecer la cohesión social, promover la equidad de género y cuidados, y mejorar la resiliencia comunitaria y climática. Además, plantea el desarrollo a corto y mediano plazo de proyectos pilotos demostrativos en ambos países, fortalecimiento de capacidades, desarrollo de marcos habilitantes e instrumentos financieros para facilitar su incorporación en políticas públicas.
Una oportunidad pendiente en Costa Rica
En el país han existido esfuerzos previos e iniciativas impulsadas por organizaciones como COVIFUDAM, así como intentos de promover marcos legales habilitantes para la propiedad colectiva dentro del SFNV. Se reconoce también el papel que puede desempeñar el INFOCOOP en el impulso de este tipo de organizaciones. Sin embargo, estos y otros esfuerzos aún deben consolidarse en líneas programáticas sostenidas y aplicables; traducir esas discusiones en arquitectura institucional, instrumentos financieros y ajustes normativos concretos.
Para ello, la discusión sobre vivienda cooperativa debe dejar de verse como un asunto periférico o experimental y pasar al terreno de la política pública, lo cual implica, al menos, cuatro tareas:
- Habilitar jurídicamente esquemas de propiedad y tenencia colectiva dentro del SFNV.
- Diseñar líneas de financiamiento y subsidio adaptadas a proyectos cooperativos.
- Desarrollar capacidades técnicas de acompañamiento, formulación y supervisión.
- Promover los proyectos piloto que permitan evaluar resultados, costos, escalabilidad e impactos sociales y urbanos.
La relevancia del modelo y su aporte programático es amplio, y permite diversificar la oferta y menú de soluciones para distintas necesidades. En un contexto de mayor complejidad del déficit habitacional, presión sobre el suelo urbano y restricciones fiscales, esa diversificación no es un lujo ni una concesión doctrinaria, sino una necesidad de diseño institucional que junto a otras modalidades puede constituir una línea pertinente dentro de una política nacional de vivienda más adaptable y mejor alineada con los desafíos socioterritoriales actuales. El país requiere incrementar su capacidad de atender segmentos insuficientemente cubiertos y aprovechar mejor oportunidades de regeneración urbana. Y para ello, la vivienda cooperativa merece empezar a ocupar un lugar importante dentro del repertorio de la oferta.