La Universidad de Costa Rica (UCR) ha decidido otorgar su máximo galardón institucional a Francesca Albanese, relatora Especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos.
No es una decisión académicamente neutra. Es una decisión política.
Y cuando la principal universidad pública del país financiada con recursos provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y, por tanto, con los impuestos de todos los costarricenses toma una decisión de este calibre, la ciudadanía tiene no solo el derecho, sino el deber de cuestionarla.
Una figura profundamente controversial
Francesca Albanese no es una académica ampliamente consensuada ni una jurista universalmente reconocida por su imparcialidad. Es una funcionaria internacional cuyas declaraciones han generado fuertes críticas por su tono y por lo que distintos gobiernos consideran un enfoque ideológicamente sesgado en el conflicto entre Israel y Palestina.
En 2024, el gobierno de Estados Unidos anunció sanciones diplomáticas en su contra, señalando preocupaciones sobre su conducta y posicionamientos públicos. De igual forma, autoridades políticas en Francia han cuestionado su desempeño y pedido revisar su continuidad en el cargo.
Más allá de simpatías personales, lo objetivo es que se trata de una figura divisiva en el escenario internacional.
Entonces la pregunta es clara: ¿Es prudente que la universidad pública más importante de Costa Rica otorgue su máximo honor a una figura cuya gestión está rodeada de controversia internacional?
¿Pluralismo o alineamiento ideológico?
La UCR históricamente ha sido símbolo de excelencia y pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico exige pluralidad, no alineamiento automático con una narrativa política determinada.
Reconocer con el máximo galardón institucional a una figura tan polarizante transmite un mensaje. Y ese mensaje no es de neutralidad académica.
En un contexto donde la universidad pública enfrenta cuestionamientos presupuestarios y exigencias de eficiencia, este tipo de decisiones solo profundiza la percepción de desconexión entre la academia y una parte significativa de la ciudadanía.
Recursos públicos exigen responsabilidad pública
El FEES no es un cheque ideológico en blanco. Es dinero de todos los costarricenses: quienes están de acuerdo y quienes no.
Por eso, decisiones simbólicas de alto impacto deben ser especialmente cuidadosas, equilibradas y justificadas bajo criterios académicos incuestionables.
Cuando una institución pública se percibe como ideológicamente inclinada, erosiona su legitimidad ante la sociedad que la financia.
Costa Rica merece una universidad que una, no que divida
Este no es un debate sobre censura ni sobre libertad de expresión. Es un debate sobre responsabilidad institucional.
La UCR tiene derecho a invitar, escuchar y debatir.
Pero otorgar su máximo galardón es otra cosa: es respaldar, es elevar, es institucionalizar un reconocimiento.
Y cuando ese reconocimiento recae en una figura internacional profundamente controvertida, la crítica ciudadana no es radicalismo: es democracia.
Costa Rica merece una universidad pública fuerte, plural y responsable. No una que confunda activismo político con excelencia académica.