La reciente proclama firmada por el presidente Donald J. Trump sobre la llamada “Coalición de las Américas contra los carteles”, presentada además como una iniciativa suscrita o respaldada por varios países de la región, entre ellos Costa Rica, ha sido difundida como una gran estrategia hemisférica para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, una lectura detenida del documento revela algo distinto: no estamos ante un acuerdo internacional ni ante un tratado multilateral, sino ante una proclama unilateral de política exterior estadounidense.
Este detalle no es menor. En el derecho internacional, los acuerdos que crean obligaciones entre Estados suelen formalizarse mediante tratados, convenios o mecanismos multilaterales con procedimientos claros de negociación y ratificación. Instituciones hemisféricas como la Organización de los Estados Americanos o instrumentos como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca surgieron precisamente de procesos diplomáticos de esa naturaleza. Nada de eso aparece en la proclama que ahora se presenta como base de una nueva arquitectura de seguridad regional.
Lo que existe, en realidad, es una declaración política de Washington que busca estructurar una coalición militar bajo su liderazgo. La proclamación afirma que Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de países aliados, coordinará acciones para privar a los carteles de control territorial y utilizará “todos los recursos necesarios” para enfrentar estas amenazas. El lenguaje es inequívocamente estratégico y militar.
Uno de los elementos más significativos del texto es la redefinición del narcotráfico como terrorismo. La administración estadounidense ha designado a varios carteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo que amplía considerablemente el marco legal para actuar contra ellos. Bajo esa categoría, el combate al crimen organizado puede transformarse en una extensión de la llamada “guerra contra el terrorismo”, con implicaciones que incluyen operaciones extraterritoriales, cooperación militar ampliada e incluso la posibilidad de justificar intervenciones más agresivas.
En realidad, esta narrativa tiene antecedentes claros. Fue la administración de Ronald Reagan la que introdujo y popularizó el término “narcoterrorismo” en la década de 1980 para describir la convergencia entre organizaciones narcotraficantes y grupos armados en América Latina. Sin embargo, en la evolución del discurso estratégico hay un peldaño adicional en esa escalera conceptual: la administración de Donald J. Trump eleva el tono y da un salto cualitativo al equiparar directamente a los carteles con organizaciones terroristas, desplazando la noción de narcoterrorismo hacia una categorización más amplia y contundente de terrorismo propiamente dicho dentro del marco de seguridad estadounidense.
Esta narrativa no es nueva en la historia de la política hemisférica estadounidense. A lo largo del siglo XX, diversas doctrinas de seguridad continental se justificaron en nombre de amenazas consideradas existenciales: el comunismo durante la Guerra Fría, el terrorismo en el cambio de siglo, y ahora el narcotráfico entendido como fuerza cuasi-militar capaz de controlar territorios y desestabilizar Estados.
Pero el mundo actual es distinto al del siglo pasado. El sistema internacional ha evolucionado hacia una realidad cada vez más multipolar, donde múltiples actores ejercen influencia económica, tecnológica y política. América Latina mantiene hoy vínculos comerciales, financieros y estratégicos con diversas potencias y regiones del planeta, lo que dificulta la reinstalación de esquemas de subordinación geopolítica propios de otras épocas.
En ese contexto, la proclama estadounidense parece responder menos a la construcción de una verdadera arquitectura multilateral de seguridad y más a un intento de reafirmar la primacía estratégica de Washington en el hemisferio occidental. La referencia en el texto a “amenazas externas procedentes de fuera del hemisferio” sugiere claramente una preocupación por la presencia de actores globales como China o Rusia en América Latina y el Caribe.
El problema no es reconocer que el narcotráfico constituye una amenaza real. Lo es. Las redes criminales transnacionales erosionan instituciones, financian violencia y afectan gravemente la seguridad de nuestras sociedades. Sin embargo, reducir un fenómeno complejo a un problema exclusivamente militar corre el riesgo de simplificar sus causas estructurales: desigualdad, corrupción, debilidad institucional, economías ilícitas globalizadas y la propia demanda internacional de drogas.
Más aún, cuando la respuesta propuesta se articula desde una iniciativa unilateral que carece de legitimidad jurídica internacional, surgen preguntas inevitables sobre sus verdaderos objetivos estratégicos. ¿Se trata realmente de construir una respuesta regional equilibrada frente al crimen organizado, o de establecer un nuevo marco de seguridad hemisférico bajo dirección estadounidense?
América Latina necesita cooperación internacional para enfrentar el narcotráfico, pero esa cooperación debe construirse sobre bases claras: respeto a la soberanía, multilateralismo genuino y soluciones integrales que incluyan desarrollo, fortalecimiento institucional y justicia social.
Convertir el narcotráfico en la nueva narrativa de seguridad hemisférica puede terminar reproduciendo viejas lógicas de poder que la región ha conocido demasiadas veces. Y en un mundo que ya no responde a esquemas unipolares, insistir en ellos no solo resulta problemático: también puede ser profundamente anacrónico.