Las empresas que no adoptan buenas prácticas se exponen a sanciones legales y financieras, pérdida de licencias de operación y daños en su reputación corporativa.
Ante la creciente presión nacional e internacional por estándares de sostenibilidad, el estudio académico Medición e Impacto Financiero de las Inversiones Verdes en Costa Rica: Beneficios para las Entidades que Adoptan Criterios Sostenibles y Riesgos para las que No, elaborado por investigadores del Observatorio Nacional de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad Hispanoamericana (UH) proponen un manual técnico de verificación para la gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en empresas y entidades financieras del país.
El trabajo desarrollado por los investigadores Licda. Yuliana Salazar Barboza y MBA. Alexander Cordero busca convertir la normativa ambiental y financiera vigente en procedimientos operativos claros para auditoría, control y supervisión corporativa.
Para ello, la herramienta se enfoca en facilitar el cumplimiento del Acuerdo 2-10 de la Superintendencia General de Entidades Financieras, normativa que obliga a las instituciones financieras a integrar riesgos ambientales y sociales dentro de su administración integral de riesgos. Lo estipulado en normativas como: Ley N° 9355, Ley N° 7554 y la Ley N° 9637, relacionadas con las inversiones verdes, entre otras. Además, estudios como la Encuesta Nacional de Consumidores y Sostenibilidad (CEDHA) realizado por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
De acuerdo con los indicadores analizados en el estudio, las empresas que aplican estrategias sostenibles presentan ventajas claras como optar por financiamiento preferencial, el costo de capital menor: 4,2 % frente a 6 % en empresas tradicionales Una reducción de costos energéticos: hasta 31 % en los primeros cinco años. Un mayor acceso a financiamiento verde internacional y alcanzar mayor valorización bursátil debido al interés de inversionistas en empresas con criterios ESG. Sin olvidar, el fortalecimiento de su reputación corporativa.
La investigadora Yuliana Salazar Barboza detalló otros beneficios como "la exención del 100% del impuesto sobre la renta durante 10 años para proyectos de certificación por el MINAE. También, el 50% del impuesto del valor agregado en la importación equipos verdes o la reducción del 150% de los gastos en investigación y desarrollo ambiental. El acceso prioritario a líneas de crédito, por ejemplo, con el Banco Nacional de Costa Rica o con el Fondo de Desarrollo Ambiental”.
Incluso en proyectos concretos, los resultados muestran retornos significativos. En algunos casos, inversiones en energía solar pueden recuperar su costo en menos de tres años y generar retornos superiores al 150 % en cinco años.
Las empresas que no asumen estas políticas se enfrentan a una serie de riesgos. Según Yuliana Salazar Barboza “algunas empresas que no adoptan esta regulación pueden tener por ejemplo sanciones regulatorias como multas hasta el 5% de sus ingresos. Tener pérdidas de licencia de operación, dificultades para obtener financiamiento hasta la suspensión de las licencias de operación y también pérdida de responsabilidad civil y penal por daños ambientales que puedan tener”
Un ejemplo emblemático fue el caso de una empresa extranjera cuya concesión petrolera fue cancelada por incumplimientos ambientales y contractuales, lo que provocó la pérdida total del proyecto en el país.
Novedosa propuesta para reducir riesgos
Bajo este contexto, el documento propone una metodología estructurada de verificación, diseñada para que organizaciones puedan evaluar de manera sistemática su cumplimiento regulatorio y su exposición a riesgos ambientales.
“Este manual es para todas aquellas empresas que no tengan una base sólida o no sepan cómo tener esos lineamientos o esas especificaciones de cómo invertir en inversiones verdes. Entre sus componentes principales destacan: políticas internas de gestión de riesgos, responsabilidades del órgano de dirección, incorporación de criterios ambientales y sociales en inversiones”, detalló Salazar Barboza.
Su objetivo es asegurar que los factores ambientales no queden solo en declaraciones corporativas, sino que formen parte de los sistemas de gestión de riesgos empresariales y financieros.
Un elemento novedoso del manual es la inclusión de pruebas específicas sobre operaciones financieras reales.
Por ejemplo, el procedimiento plantea la revisión de expedientes de crédito en moneda extranjera para verificar la clasificación del riesgo cambiario. También el análisis de políticas de inversión para identificar criterios ASG y la evaluación de decisiones del órgano de dirección en materia de gestión de riesgos.
En algunos casos, el manual recomienda realizar muestreos de al menos 25 expedientes crediticios para validar que las instituciones aplican correctamente los criterios regulatorios.
Otras recomendaciones de los expertos son: la medición del impacto financiero debe ser parte de la contabilidad corporativa, no solo de la responsabilidad social. Las empresas costarricenses deben implementar sistemas de gestión ambiental certificados y reportar anualmente según estándares GRI o SASB, para aprovechar plenamente el marco legal y evitar riesgos sistémicos.
A nivel político y gestión es necesario que el Estado amplié los incentivos a pymes y crear un fondo nacional de garantía para inversiones verdes. Las empresas deben integrar indicadores ESG en sus informes financieros y auditar sus prácticas con estándares internacionales. Mientras el sistema financiero debería desarrollar productos financieros verdes con tasas preferenciales y exigir reportes ESG como condición de crédito. En el caso de la academia desarrollar indicadores nacionales de impacto financiero de la sostenibilidad, validados por el Ministerio de Hacienda.
El estudio concluye que las inversiones verdes ya no deben interpretarse únicamente como iniciativas ambientales, sino como instrumentos de gestión de riesgos y creación de valor económico. Las personas interesadas pueden escribir al correo [email protected]