En un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, una transición energética acelerada, presión sobre las cuentas fiscales y una transformación tecnológica impulsada por la inteligencia artificial, la infraestructura vuelve al centro del debate económico.
No como sinónimo de obra pública, sino como un activo estratégico capaz de incidir directamente en la trayectoria de crecimiento y en la competitividad de largo plazo, así lo revela el nuevo informe global de Boston Consulting Group (BCG), Infrastructure Investment in an Uncertain World.
El estudio analiza 92 países y utiliza un modelo econométrico que permite aislar el impacto de distintos tipos de infraestructura sobre el crecimiento del PIB. El resultado es concluyente: incrementos sostenidos en el stock de infraestructura de un país casi siempre se asocia con un mayor crecimiento economico a largo plazo.
Entre los distintos activos analizados, la infraestructura energética emerge como el principal motor. Un aumento sostenido del 5% en la capacidad energética se asocia con un incremento de hasta 0,45 puntos porcentuales en el crecimiento de largo plazo. En economías que hoy crecen en torno al 1,5% o 2% anual, ese diferencial no es marginal: puede alterar de forma estructural la dinámica macroeconómica. La infraestructura digital ocupa el segundo lugar en impacto, reflejando el papel creciente de la conectividad y los datos como insumos productivos fundamentales.
Uno de los hallazgos más relevantes es que las economías desarrolladas no han agotado el potencial de la inversión en infraestructura. Lejos de la idea de que el retorno decrece una vez alcanzado cierto nivel de desarrollo, el análisis muestra que modernizar activos envejecidos y expandir infraestructura estratégica,especialmente en energía y conectividad, puede generar efectos significativos sobre el crecimiento. La productividad marginal de estos activos sigue siendo elevada cuando están alineados con transformaciones tecnológicas y energéticas en curso.
Al mismo tiempo, el informe advierte una divergencia creciente en los patrones de inversión a nivel global. Mientras la demanda estructural de infraestructura aumenta, por electrificación, digitalización y necesidad de resiliencia logística, no todos los países están invirtiendo al mismo ritmo. Algunas economías han expandido su stock de capital de forma acelerada; otras lo han mantenido estable o incluso reducido en términos relativos. En un entorno donde la energía es condición para la expansión de la inteligencia artificial y la logística es clave para la integración en cadenas globales de valor, esa brecha puede traducirse en diferencias persistentes de competitividad.
América Latina refleja esa heterogeneidad. Argentina, Brasil, México y Costa Rica aparecen como economías donde la inversión en infraestructura ha mostrado una desaceleración relativa en los últimos años. Chile, en cambio, se posiciona como un inversor estratégico que mantiene un ritmo sostenido por encima de lo esperable para su nivel de desarrollo. Colombia, Perú, Ecuador y Nicaragua se encuentran en una fase de expansión de su base de infraestructura, mientras que países como El Salvador, Guatemala y Honduras aún enfrentan los desafíos propios de etapas más tempranas. La región, en suma, no enfrenta una única agenda, sino realidades estructurales diferenciadas.
Costa Rica se ubica dentro del Arquetipo 2, que agrupa economías de ingreso medio donde la inversión en infraestructura ha comenzado a desacelerarse en relación con su nivel de desarrollo. En este grupo, la infraestructura vial es el principal impulsor del crecimiento: un aumento sostenido del 5% en el stock de carreteras se asocia con un incremento de 0,5 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB de largo plazo. La energía aparece en segundo lugar, donde un aumento del 5% en la capacidad energética se vincula con un aumento de 0,45 puntos porcentuales en el crecimiento de largo plazo.
Sin embargo, el estudio muestra que los retornos agregados en este arquetipo son inferiores a los observados en economías más desarrolladas o en aquellas que mantienen ritmos de inversión estratégicamente elevados. Parte de esta brecha se explica por limitaciones en capital humano y productividad, que condicionan la capacidad de capturar plenamente el impacto de la inversión física.
Más allá del volumen de inversión, el estudio identifica un segundo factor crítico: la ejecución. A nivel global, los proyectos de infraestructura registran en promedio sobrecostos del 55% y retrasos del 35% respecto de los cronogramas iniciales. Esa ineficiencia reduce el impacto económico de la inversión, encarece el financiamiento y limita la participación privada. El desafío no es únicamente cuánto invertir, sino cómo seleccionar proyectos con mayor productividad marginal y cómo gestionarlos con estándares técnicos rigurosos.
“La infraestructura debe abordarse como parte de una estrategia económica integral. No se trata de acumular proyectos, sino de asignar capital hacia activos coherentes con una visión productiva y tecnológica de largo plazo. En un contexto de recursos fiscales limitados y crecimiento global moderado, la calidad de las decisiones de inversión puede definir la capacidad de un país para sostener una senda de expansión estable”, asegura Christopher Weisz, Managing Director & Partner de BCG
La evidencia es clara: invertir estratégicamente en infraestructura no es una opción secundaria, sino una de las pocas palancas capaces de modificar de manera duradera el potencial de crecimiento. Para América Latina, donde el desafío estructural sigue siendo elevar la productividad y consolidar estabilidad macroeconómica, la discusión no pasa por si invertir más o menos, sino por cómo hacerlo con mayor precisión técnica y eficiencia económica.