Es claro que el mundo cambia a un ritmo acelerado, pero ¿estamos nosotros —quienes nos desenvolvemos en el sector agroalimentario— transformando nuestra forma de decidir y actuar a la velocidad que demandan las crisis actuales y las nuevas realidades del entorno rural?
Tal vez sí, pero de manera parcial. Y no necesariamente porque nos falte información o capacidad de ejecución, sino porque a menudo caemos en una “torre de Babel”: múltiples actores empujando soluciones similares, con poca articulación y comunicación entre sí y muchas veces con debilidades en el monitoreo. Sin seguimiento, cuesta demostrar impacto real, identificar qué funciona, qué debe ajustarse y qué puede replicarse. Esto lo dijo de manera generalizada porque es momento de asumir nuestra responsabilidad (mea culpa) técnica frente a las consecuencias de una implementación sin sostenibilidad en sus intervenciones.
El sector agrícola, de acuerdo con la FAO, representa alrededor del 20% del empleo total en América Latina y el Caribe; es decir, cerca de 52 millones de personas dependen directamente de este sector. Además, 125 millones viven en zonas rurales, donde se concentra una parte importante de la población en pobreza extrema. En este contexto, los desafíos se sienten con mayor intensidad: el cambio climático altera calendarios agrícolas y expone a sequías e inundaciones; tensiones demográficas por migración y baja integración generacional; cambian precios, aumentan exigencias regulatorias y se reconfiguran las condiciones de producción y comercialización.
A esto se suma un nuevo ingrediente que es el contexto reciente de ajustes en prioridades y disponibilidad de fondos para cooperación internacional, que ha interrumpido programas, reconfigurado alianzas y abierto preguntas sobre los impactos que el cierre de proyectos tendrá en el mediano plazo. Estos elementos demandan con más razón ubicar a las comunidades en el centro, no solo como beneficiarias, sino como codiseñadoras de las soluciones.
Aquí es donde la innovación social toma más relevancia. Hablamos de acciones orientadas a resolver necesidades comunitarias integrando ciencia, tecnología e innovación, y —sobre todo— construidas de manera participativa. Este enfoque permite identificar necesidades reales, la apropiación del conocimiento y una articulación más efectiva entre actores del territorio: academia, sector público, sector privado, centros de investigación, ONG, asociaciones y cooperativas. Cuando se implementa bien, aumenta la sostenibilidad de las iniciativas y contribuye al desarrollo local.
¿Y por qué esto potencia a los agronegocios? Porque fortalece el sistema desde su primer eslabón. Al activar la participación genuina y la coordinación territorial, la innovación social mejora las condiciones de base donde nace la producción: organización, confianza, reglas claras, capacidades y servicios. Con ello, se reducen costos de transacción y se habilitan estrategias que vuelven al agronegocio más resiliente, competitivo y sostenible.
Los ejemplos son variados en nuestra región: acueductos comunitarios que aseguran agua potable y reducen enfermedades; espacios de cuidado para las infancias que facilitan la participación de mujeres en actividades productivas; o vías alternas que reducen costos logísticos y pérdidas poscosecha. Al integrar impacto, colaboración y escalabilidad, la innovación social convierte el cambio en capacidad instalada, trascendiendo el proyecto y mitigando la fatiga comunitaria.
De este y otros temas hablaremos en el Diplomado Internacional de Innovación social en los agronegocios, un espacio dirigido a actores del sector que sientan curiosidad sobre cómo fortalecer su trabajo con los primeros eslabones de la cadena y agregar más valor a las cadenas agroalimentarias.