Observatorio Económico y Social advierte que decisiones en materia fiscal, social y productiva definirán el modelo de desarrollo del país.
El Observatorio Económico y Social (OES) de la Universidad Nacional (UNA) identificó una serie de desafíos estructurales que deberá enfrentar la próxima administración para encaminar al país hacia un modelo de desarrollo “equilibrado, resiliente y equitativo”.
El análisis plantea que el gobierno entrante deberá tomar decisiones estratégicas en áreas como crecimiento económico, desigualdad, infraestructura, empleo y sostenibilidad fiscal.
Desigualdad y modelo productivo
El informe advierte una brecha creciente entre el régimen de zona franca y el resto del parque empresarial. Entre 2019 y 2025, las empresas bajo régimen especial crecieron un 116,8%, frente a un 14,6% del régimen definitivo.
Ante esto, el OES propone fortalecer encadenamientos productivos, apoyar a las pymes y diversificar las exportaciones, especialmente fuera del Gran Área Metropolitana.
Crédito, tasas y desdolarización
El acceso al crédito también figura como un punto crítico. Aunque la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central de Costa Rica (BCCR) bajó 2,75 puntos entre 2024 y 2026, la reducción no se trasladó plenamente a las tasas del sistema financiero.
El informe sugiere aumentar la competencia, mejorar la transparencia en tasas de interés y avanzar hacia una mayor desdolarización del crédito y el ahorro.
Empleo femenino y red de cuido
La participación laboral femenina cayó un 5,4% en la última década. Para revertir esta tendencia, se propone ampliar la red de cuido, impulsar políticas de empleo con enfoque de género y fomentar la formalización laboral.
El OES también manifestó su oposición a las jornadas 4x3, al considerar que representan una regresión en derechos laborales.
Sostenibilidad fiscal
Aunque se reportan avances en la contención del gasto, el informe señala problemas estructurales en la recaudación y el endeudamiento.
Entre las recomendaciones destacan:
- Fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado.
- Revisar la regla fiscal.
- Reducir el peso de los intereses de la deuda.
- Sustituir ingresos provenientes de impuestos en declive, como el de combustibles.
Transporte e infraestructura
El informe subraya la urgencia de modernizar el transporte público. Entre 2018 y 2025, la cantidad de pasajeros se redujo un 42,2%, mientras que el parque vehicular creció un 62,1% entre 2013 y 2025.
Las propuestas incluyen:
- Renovar la flotilla con tecnologías limpias.
- Implementar subsidios al transporte público.
- Impulsar el tren eléctrico metropolitano.
- Promover la intermodalidad.
También se plantea avanzar en infraestructura estratégica como el tren de carga, la ampliación del puerto de Caldera, mejoras en la ruta 27 y soluciones estructurales en la ruta 32.
Pensiones y cambio demográfico
El envejecimiento poblacional es otro reto clave. Para 2050, las personas mayores de 60 años representarán el 32,5% de la población.
El informe sugiere fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones, promover la inserción laboral de personas mayores de 55 años y desarrollar un sistema integral de cuidados.
Educación y capital humano
La inversión en educación pasó de un 7,2% del PIB en 2015 a un 5,24% recientemente. En términos reales, el crecimiento ha sido limitado.
El OES recomienda aumentar la inversión pública, fortalecer la educación técnica y mejorar la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo.
Seguridad y economía
El informe también advierte sobre el impacto económico de la criminalidad. Señala que el aumento de la violencia puede afectar sectores como el turismo, la inversión y el comercio.
Entre las medidas propuestas destacan:
- Focalizar territorialmente la política de seguridad.
- Golpear la rentabilidad del crimen organizado mediante incautación de activos.
- Fortalecer programas de prevención dirigidos a población joven.
El documento concluye que enfrentar estos desafíos requerirá una agenda integral que combine estabilidad macroeconómica con inversión en capital humano, infraestructura y capacidades productivas, así como reformas sostenidas que anticipen cambios tecnológicos y demográficos.