El asesinato de Nadia ha generado una ola de indignación profundamente comprensible. Es imposible no sentir rabia, impotencia y dolor ante un acto tan cruel. Quienes leemos los detalles del caso no podemos evitar pensar en la víctima, en su familia, en el vacío irreparable que deja. Comparto ese malestar. Me enerva lo ocurrido, me confronta emocionalmente y me hace cuestionar muchas cosas sobre nuestra sociedad.
Pero hay algo profundamente humano en lo que está pasando después: ante el horror, pedimos más horror. Ante la muerte, pedimos otra muerte. Como si la justicia, en el fondo, fuera una forma elegante de venganza con corbata.
En medio del enojo colectivo han resurgido con fuerza discursos que piden cadena perpetua e incluso la pena de muerte en Costa Rica. Y sí, nacen de una emoción legítima. Cuando uno piensa en lo que esa persona hizo, cuesta no sentir que hay actos que rompen cualquier contrato posible con lo humano. Actos que nos empujan a preguntarnos si hay personas que ya no deberían ser tratadas como tales.
Pero ahí, justo ahí, es donde empieza el problema.
La excepción no puede convertirse en la regla.
Porque si uno se deja llevar por esa idea —la de que hay seres que ya no merecen ser tratados como humanos—, entonces todo se vuelve posible. Y no lo digo como exageración, Michel Foucault lo explicó con claridad al señalar que el castigo nunca es solo castigo; es una forma de poder. Y el poder, cuando encuentra una herramienta eficaz, rara vez la limita voluntariamente.
Hoy decimos “para este caso excepcional”. Mañana “para los peores casos”. Después “para los peligrosos”. Y, sin darnos cuenta, la categoría de “peligroso” empieza a expandirse hasta coincidir con los de siempre: los pobres, los marginados, los incómodos. La historia está llena de ejemplos donde las herramientas punitivas más severas terminan utilizándose como instrumentos políticos y sociales.
Existe una línea muy delgada y muchas veces invisible entre sancionar con firmeza a quienes cometen actos atroces y abrir la puerta a abusos sistemáticos.
Hannah Arendt advertía lo fácil que es justificar lo injustificable cuando creemos estar del lado correcto. No hacen falta monstruos para que ocurran cosas monstruosas; basta con una sociedad convencida de que, esta vez, el castigo absoluto sí está justificado.
Pero no es distinto. Nunca lo es.
Costa Rica ha construido históricamente un modelo basado en derechos humanos y en una visión de justicia que, al menos en principio, apuesta también por la reinserción social. Y esa idea incómoda, impopular en momentos como este no existe por ingenuidad, sino por conciencia de los límites del castigo.
¿Dónde queda la reinserción social en medio de este ruido? ¿En qué momento decidimos que todo debe ser punitivo?
No todos los delitos son iguales, ni todas las personas que delinquen son irrecuperables. Apostar únicamente por el castigo es renunciar a la posibilidad de transformación y, en el fondo, a la prevención real. Un sistema que solo castiga termina reproduciendo la misma lógica de violencia que pretende erradicar.
Esto no significa minimizar la gravedad del crimen ni pedir impunidad. Significa entender que la justicia no puede construirse únicamente desde la emoción del momento. La indignación es válida, inevitable incluso, pero no puede ser el único motor de las decisiones públicas.
Friedrich Nietzsche dejó una advertencia que hoy suena incómodamente actual: quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Y lo más inquietante es que esa transformación no ocurre de golpe, sino lentamente, con aplausos, con consenso, con la sensación de estar haciendo lo correcto.
El desafío, entonces, no es solo decidir qué hacer con quienes cometen actos atroces, sino también qué tipo de sociedad queremos ser cuando respondemos a ellos.
Porque la rabia es inevitable.
Pero convertirla en política pública… eso ya es otra historia.