Costa Rica está entrando a una economía de guerra sin estrategia, sin soberanía económica y sin liderazgo político.
Mientras el mundo se militariza, los mercados financieros se vuelven más volátiles y las potencias convierten la economía en un arma, nuestro gobierno actúa como si estuviéramos en tiempos normales. No lo estamos.
Los regímenes conservadores como el de Irán, persiguen y matan personas por su orientación sexual, castigan identidades y convierten a las mujeres en ciudadanas de segunda clase, una práctica ampliamente documentada por organismos internacionales de derechos humanos. Esa realidad incómoda me empuja como a muchos a querer un “mal menor”, a querer darle la razón a Estados Unidos. Sin embargo, asumir ese marco como automático es una trampa.
Estados Unidos no es el árbitro moral del mundo. En los primeros ataques de este conflicto, distintos reportes de prensa internacional documentaron víctimas civiles desde el primer día, incluyendo decenas de niñas en un centro educativo público. Cuando una guerra empieza así, el relato de “defensa de la democracia” se cae solo.
Lo que vemos hoy, no es una lucha entre la civilización y la barbarie, es un patrón histórico, la guerra como sistema, la violencia como herramienta, la irracionalidad sistémica convertida en política de Estado. Y es precisamente en este contexto donde el gobierno de Costa Rica está fallando de forma grave.
Un país sin ejército debería ser obsesivo con su soberanía económica. Históricamente, esa ha sido nuestra defensa. Hoy ocurre lo contrario: se está desmontando deliberadamente mediante decisiones de política pública que incrementan la dependencia externa.
La producción nacional está siendo sacrificada por decisiones de política pública que van en sentido contrario a cualquier lógica de seguridad económica en un contexto internacional de guerra. Un ejemplo claro es la oposición del gobierno a la creación del fondo Fonarroz, una herramienta diseñada para estabilizar y proteger la producción arrocera nacional. Esta oposición no obedece a un problema técnico aislado, sino a una definición política que debilita deliberadamente la capacidad productiva interna y aumenta la dependencia alimentaria y económica del país en un momento en el que los mercados internacionales son cada vez más inestables.
A ello se suma el manejo del tipo de cambio, que ha derivado en una apreciación sostenida del colón. Según análisis económicos nacionales, esta dinámica reduce la competitividad de la producción y de las exportaciones, mientras abarata las importaciones. En la práctica, se incentiva la dependencia externa y se castiga la producción local, erosionando la base productiva, el empleo y la seguridad económica del país justo cuando un Estado responsable debería fortalecerlos.
Al mismo tiempo, el gobierno insiste en amarrar al país a los mercados financieros internacionales mediante su plan de Eurobonos del 2026 al 2034, a pesar de que los estudios oficiales del Marco Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda proyectan escenarios solo hasta el año 2030. Endeudarse a ciegas, en un contexto de alta volatilidad geopolítica y económica global, no es un acto de prudencia fiscal, sino de irresponsabilidad geopolítica.
Costa Rica está rompiendo con su práctica histórica de cautela, autonomía y equilibrio. Nos están dejando cada vez más expuestos a mercados financieros inestables, conflictos internacionales y shocks externos que no controlamos ni podemos amortiguar fácilmente.
La guerra nunca es lejana. Llega en forma de inflación, dependencia, deuda y pérdida de soberanía.
Tal vez el verdadero progreso no sea escoger bando en conflictos ajenos, sino atreverse a decir que el juego entero está podrido y defender la soberanía económica como condición mínima de supervivencia. Algo que este gobierno, hoy, simplemente no está haciendo.
