Imagen principal del artículo: Defensoría: País tiene acciones pendientes en materia de envejecimiento y vejez

Defensoría: País tiene acciones pendientes en materia de envejecimiento y vejez

En colaboración con:
Colaboración con agencia

A tres años de entrada en vigor, aún en proceso de fase inicial de coordinación y definición de metas e indicadores.

Luego que la Defensoría de los Habitantes alertara al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) sobre brechas entre lo planificado y el avance real del Plan de Acción de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez (PNEV) 2023–2033, correspondiente al primer semestre de 2025, se determinó que, pese a la existencia de algunos avances realizados durante el segundo semestre, todavía hay acciones importantes pendientes en cuanto a limitaciones presupuestarias, de personal y de coordinación interinstitucional que evidencian barreras para su efectiva y oportuna implementación.

El ente defensor había destacado la ausencia de acuerdos formales de compromiso por parte de jerarcas institucionales, deficiencias técnicas en la formulación de metas e indicadores, rezagos en la entrega de información, falta de claridad en responsables de seguimiento y la inexistencia de lineamientos metodológicos oficiales para los informes.

Por esta situación, la Defensoría le formuló a CONAPAM mejoras necesarias para el segundo semestre de 2025, entre las que destaca la suscripción de acuerdos de compromiso con instituciones corresponsables; CONAPAM indicó que los gestionó con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Poder Judicial y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), pero hay otras pendientes de confirmación formal, por lo que se mantiene un proceso de gestión y seguimiento.

En cuanto a los avances en la revisión y reformulación de metas e indicadores, se contó con el aporte de instituciones responsables que remitieron insumos y observaciones técnicas, los cuales se encuentran actualmente en proceso de análisis y validación. No obstante, este proceso enfrenta desafíos que han incidido en el ritmo de avance proyectado por falta de recurso humano y por la modificación de integrantes y condiciones de funcionamiento de la Junta Rectora que generó atrasos en la adopción de acuerdos formales de carácter estratégico necesarios para respaldar la continuidad de ciertos componentes técnicos del proceso de seguimiento.

Sobre la implementación del sistema de seguimiento y plataforma digital, la construcción de fichas técnicas y la consolidación de indicadores continúa en desarrollo y, en cuanto a la plataforma digital, el CONAPAM aún no cuenta con un sistema informático habilitado para la gestión automatizada del seguimiento. Esto se debe a limitaciones de recurso humano y financiero. En relación con el lineamiento metodológico de informes de seguimiento, en diciembre no había sido elevado a oficialización por parte de la Junta Rectora y con respecto al estado de cumplimiento de las recomendaciones y acciones para subsanar debilidades estructurales, CONAPAM informó que, persisten retos estructurales en proceso de atención.

Sobre el plan de trabajo para este 2026, según indicó CONAPAM, será formulado y remitido a esta Defensoría una vez se encuentren restablecidas las condiciones técnicas mínimas que garanticen su consistencia, aplicabilidad y adecuada ejecución, conforme a lo exigido por el modelo de gobernanza de la Política y las observaciones realizadas por esa entidad de control.

Para el ente defensor es esencial la adecuada fiscalización y seguimiento a la operatividad de toda política, en paralelo, a un proceso constante de rendición de cuentas. Esto permite verificar si los objetivos se están cumpliendo, evaluar los resultados y promover mejoras continuas, para garantizar condiciones que propicien un envejecimiento saludable, digno, autónomo e independiente, en igualdad, equidad y sin discriminación; en el marco de la protección, promoción, defensa y restablecimiento de los derechos humanos, bajo un enfoque de corresponsabilidad entre los diferentes actores sociales.