El ente defensor participó en el proceso de construcción de la iniciativa.
La aprobación en segundo debate del proyecto de ley 23908 el día de ayer en la Asamblea Legislativa, genera un importante avance para garantizar la defensa efectiva de los derechos de los consumidores financieros, según afirmó la Defensoría de los Habitantes.
El ente defensor participó con todas las partes involucradas en el proceso de construcción de la iniciativa en aras de alcanzar una redacción ”equilibrada y dirigida al interés público que interesa tutelar”.
Para la institución el texto proporciona protección de los consumidores financieros en el marco de las obligaciones de los bancos, definida por la propia Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en su normativa interna y las mejores prácticas internacionales, con el uso actualizado de las tecnologías de información.
La Defensoría indicó que proyecto de ley no crea nuevas obligaciones para los bancos, sino que retoma el fundamento técnico y operativo a partir de, entre otros aspectos, la normativa aprobada por la propia SUGEF en la resolución 10-07, que ya obliga a los bancos a contar con tecnología que utilice elementos de ingeniería social relacionados con los usos y perfiles de cómo el cliente usa su dinero y así evitar estafas.
En este sentido, la propuesta "no debería generar aumento de los costos de operación y repercusión en perjuicio de los clientes".
El perfilamiento a través de la tecnología que ya solicitó la Sugef a los bancos, permite crear la huella digital del cliente, de modo que el banco pueda avanzar en la generación de factores de seguridad y disminuir los riesgos de ciber fraudes.
En casos de estafas, el primer filtro de responsabilidad que se genera para las entidades financieras en términos de responsabilidad, es contar con la tecnología suficiente, según afirmaron. Esto para garantizar los aspectos definidos por la propia Sugef y que la ley le obliga a actualizar cada año, de modo que se cuenten con los más altos estándares de seguridad según las mejores prácticas internacionales.
La Defensoría recordó que a la luz de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la participación de las empresas privadas y empresas del Estado como los bancos, no debe ser meramente pasiva, sino que implica la responsabilidad proactiva de respetar los derechos fundamentales en toda su cadena de valor.
Esto exige que las corporaciones implementen procesos de debida diligencia para identificar, prevenir y mitigar cualquier impacto negativo de sus actividades, además de establecer mecanismos de reparación efectivos ante posibles vulneraciones.
Más allá del cumplimiento legal, la Organización de Naciones Unidas (ONU) instó al sector privado y empresas estatales a actuar como un actor clave en la promoción de la dignidad humana, integrando la transparencia y la rendición de cuentas como pilares de su modelo de negocio para asegurar que el desarrollo económico no ocurra a expensas de los derechos de las personas.