Sí, yo sé que las votaciones ya pasaron, pero me es imposible no querer comentar sobre este tema del que nadie habla. Aunque hoy, y creo que siempre, sea bastante impopular, plantea una cuestión central sobre el sistema penitenciario y su finalidad: ¿por qué enviamos a las personas a la cárcel? Como sociedad, en algún momento de la historia concebimos estos espacios para que quienes quebrantaran las normas fundamentales de convivencia respondieran por su conducta. Posteriormente, esa finalidad evolucionó hacia la idea de la reforma y la reinserción social. Sin embargo, frente a los actuales problemas de seguridad, la respuesta predominante ha sido el endurecimiento de las penas e incluso la adopción de prácticas que rozan lo extremista.
No obstante, desde mi perspectiva, resulta difícil comprender cómo, ante fenómenos complejos como el crimen organizado, la respuesta principal sea simplemente aumentar las penas. Si bien puede constituir una medida dentro de un conjunto más amplio, en nuestro país quienes toman decisiones han centrado su discurso en el castigo, muchas veces apelando al enojo y sede de venganza con fines electorales. Esto responde a una lógica clara: la ciudadanía exige sanción frente al daño, y buena parte de la clase política capitaliza esa demanda mediante mensajes como “conmigo los criminales nunca saldrán de la cárcel”.
A partir de ahí, se instala una idea preocupante: que la solución consiste únicamente en encerrar y no liberar. Esta visión no solo simplifica un problema profundamente estructural, sino que además termina afectando a personas que llegaron al sistema penitenciario por contextos de exclusión social o por errores del pasado, negándoles, en la práctica, cualquier posibilidad real de reintegrarse a la sociedad y rehacer su vida.
En este ensayo no pretendo abordar de forma exhaustiva cómo afrontar la crisis de seguridad; sin embargo, es inevitable señalar que, frente a un problema estructural, la respuesta también debe ser estructural. Por ello, limitar la acción del Estado a las detenciones o a la captura de cabecillas no solo resulta insuficiente, sino que, en muchos casos, termina siendo meramente simbólico.
Retomando el tema central, las personas privadas de libertad, como su nombre lo indica, son, ante todo, personas. No puede negarse que una parte significativa de esta población ha cometido delitos que, desde nuestra perspectiva, resultan profundamente reprochables; sin embargo, ello no justifica que se extienda esa condena moral de manera indiscriminada a todas las personas que se encuentran en prisión. Entre ellas hay quienes llegaron ahí por contextos de exclusión que limitaron sus opciones, así como quienes, en un momento determinado, tomaron decisiones equivocadas.
El castigo que, como sociedad, decidimos imponer es la privación de la libertad ambulatoria. Un castigo que, en mi opinión, ya es bastante grande. Tomamos a las personas que consideramos inadaptadas sociales y las aislamos durante años. Algunas pueden ser “rescatadas”; otras, creo que no. Solo se puede salvar a quien quiere ser salvado. No soy tan ingenuo como para creer que todas las personas puedan reformarse, pero sí creo que todas deben tener la oportunidad de hacerlo.
Tampoco tiene sentido pensar en encarcelar a todas las personas de por vida. En algún momento van a salir. Por ejemplo, sería irracional pensar que personas que entraron por delitos contra la propiedad deban estar toda su vida en la cárcel. Y si entraron por conductas que, sin dejar de ser importantes, no implican una afectación extrema, la idea tampoco es pensar que deban ser restringidas de todo contacto con el mundo exterior.
Y es precisamente aquí donde la discusión sobre si deben votar o no las personas privadas de libertad cobra sentido. Si como sociedad decimos que el único derecho que se les limita es la libertad ambulatoria, entonces resulta contradictorio pretender excluirlas de la vida democrática. El voto no es un premio por buen comportamiento, ni una recompensa moral; es una manifestación básica de la ciudadanía.
Negarles este derecho implica tratarlas no solo como personas castigadas, sino como personas excluidas de la comunidad. Esto, lejos de contribuir a su reinserción, profundiza la idea de que no forman parte de la sociedad a la que eventualmente deberán regresar. Además, para quienes sostienen la preocupación sobre “cómo votarían”, basta ver la realidad: su comportamiento electoral no difiere del resto de la población. En la práctica, los partidos con mayor respaldo también fueron Liberación Nacional y Pueblo Soberano.
Si en algún momento van a volver a convivir con el resto de la ciudadanía, ¿qué sentido tiene haberlas apartado completamente de los procesos democráticos durante su tiempo en prisión? Más aún cuando el propio sistema dice buscar su resocialización. Difícilmente se puede hablar de reintegración si, al mismo tiempo, se les niega participar en una de las expresiones más básicas de pertenencia social.
Por eso, la pregunta no debería ser únicamente si deben votar o no, sino qué tipo de sociedad queremos construir: una que excluye definitivamente o una que, incluso frente al error, mantiene abiertos los espacios mínimos de participación y dignidad. La desconexión prolongada no corrige conductas; las profundiza, generando individuos que no se reconocen como parte del colectivo al que, eventualmente, deberán reincorporarse.
En ese sentido, negar espacios mínimos de participación (como el ejercicio del voto) no fortalece la seguridad ni la convivencia, sino que debilita las posibilidades reales de reintegración. Una sociedad que excluye de forma absoluta termina produciendo aquello que dice querer evitar: personas incapaces de reinsertarse, condenadas no solo por sus actos pasados, sino también por la falta de oportunidades presentes para reconstruir su vínculo con la comunidad.
El voto es, probablemente, la expresión más mínima y básica de la reinserción social; más que una simple herramienta democrática, es un verdadero instrumento de resocialización. A través de él, la persona no solo participa en la elección de quienes dirigirán el rumbo del país, sino que reafirma su condición de ciudadano, su pertenencia a la comunidad y su capacidad de incidir en ella.