Cuando se discute el futuro de Crucitas, el debate nacional suele plantearse como una pregunta simple: si el oro debe explotarse o no. Sin embargo, desde una perspectiva económica más profunda, la verdadera pregunta es otra: cómo debe explotarse y quién debe capturar el valor económico de ese recurso.
Diversas referencias geológicas han señalado que el depósito de Crucitas podría contener alrededor de 64 toneladas de oro, equivalentes a aproximadamente 2,05 millones de onzas troy. A precios internacionales cercanos a $5.200 por onza, el valor bruto potencial del metal contenido en el yacimiento superaría los $10.700 millones.
La forma en que se organice la explotación de ese recurso determinará cuánto de ese valor permanece en Costa Rica.
En un esquema tradicional de concesión minera, una empresa privada desarrolla el proyecto y el Estado recibe una regalía relativamente pequeña sobre el valor del mineral extraído. Si se utilizara un esquema cercano al 7% del valor del oro, el ingreso total para el país rondaría aproximadamente $749 millones durante toda la vida del proyecto.
Existe, sin embargo, otro enfoque posible.
Un modelo donde el Estado controle directamente la extracción y comercialización del oro, apoyándose en cooperativas nacionales y regionales para los servicios operativos, logísticos y ambientales, permitiría que la mayor parte del valor económico del proyecto permanezca en el país.
Si se utiliza un escenario conservador en el que los costos operativos representen aproximadamente 60% del valor del mineral, el proyecto aún podría generar una utilidad cercana a $4.280 millones.
La diferencia entre ambos modelos es evidente.
Mientras un modelo concesionario podría dejar alrededor de $749 millones para el país, un modelo estatal apoyado en cooperativas podría generar más de $4.000 millones de utilidad pública, además de un impacto económico significativo en las comunidades cercanas.
Pero el verdadero potencial de este modelo no se limita a la utilidad del proyecto.
Un proyecto minero moderno genera una extensa red de actividades económicas alrededor de la operación principal: transporte, obras civiles, mantenimiento industrial, servicios ambientales, alimentación, logística, monitoreo ambiental y múltiples servicios técnicos.
Si los costos operativos del proyecto alcanzaran aproximadamente $6.400 millones durante su vida útil, una parte importante de esos recursos podría canalizarse hacia cooperativas regionales que participen en estas actividades.
Incluso si solo la mitad de esos servicios se contratara mediante cooperativas, más de $3.200 millones podrían circular directamente en la economía de la Zona Norte, generando empleo, fortaleciendo empresas locales y creando encadenamientos productivos duraderos.
Este enfoque no sería una innovación improvisada. Forma parte de una tradición profundamente arraigada en la historia económica de Costa Rica y particularmente en la Zona Norte.
Desde mediados del siglo XX, el cooperativismo ha sido uno de los pilares del desarrollo rural costarricense. A través de este modelo, miles de productores y trabajadores lograron organizarse para construir empresas sólidas, distribuir ingresos de manera más equitativa y fortalecer las economías regionales.
San Carlos y la región norte se convirtieron en uno de los territorios donde este modelo alcanzó mayor dinamismo. Empresas cooperativas como Dos Pinos, hoy una de las agroindustrias cooperativas más importantes de América Latina, nacieron del esfuerzo de productores organizados en esta región. De igual forma, Coopelesca transformó la electrificación rural en la zona norte, permitiendo el desarrollo productivo de comunidades que antes carecían de infraestructura básica.
A estas experiencias se suman cooperativas agrícolas, financieras, de transporte y de servicios que durante décadas han fortalecido el tejido económico regional.
Otro aspecto que conviene recordar es que Costa Rica posee una larga tradición de instituciones públicas exitosas que han administrado sectores estratégicos del desarrollo nacional.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) permitió electrificar el país y desarrollar la infraestructura energética que hoy sustenta gran parte de la actividad productiva nacional. El Instituto Nacional de Seguros (INS) consolidó durante décadas un sistema sólido de seguros que brindó estabilidad a múltiples sectores productivos. Y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es reconocida internacionalmente como uno de los sistemas de salud pública más sólidos de América Latina.
Estas instituciones demuestran que, cuando Costa Rica ha decidido administrar sectores estratégicos mediante instituciones públicas fuertes, los resultados han sido determinantes para el bienestar colectivo.
En ese sentido, pensar en un modelo donde el Estado lidere la gestión de un recurso estratégico como el oro de Crucitas no representa una ruptura con la tradición institucional del país, sino una extensión de un modelo que Costa Rica ya ha demostrado saber administrar con éxito.
En última instancia, el debate sobre Crucitas no debería reducirse únicamente a una discusión técnica o ideológica, sino a una reflexión sobre cómo Costa Rica decide administrar una riqueza que forma parte de su patrimonio nacional. Un recurso natural de esta magnitud no debería ser desaprovechado ni entregado sin asegurar el mayor beneficio posible para el país. Si se administra con inteligencia, transparencia y visión de largo plazo, el oro de Crucitas podría convertirse en una de las grandes plataformas de desarrollo del siglo XXI para Costa Rica, generando prosperidad no solo para el presente, sino también para las futuras generaciones.