El pasado 20 de marzo la Sala IV vía sentencia 2026-10560 ordenó al Estado costarricense tomar acciones inmediatas para combatir la crisis ambiental vivida en Crucitas, en el cantón de San Carlos. Este suceso es el reflejo de la postergación y falta de acción que ha existido a lo largo de los años ante una problemática social, económica y ambiental. Siendo Costa Rica un país caracterizado por la protección de su riqueza natural, pero con problemáticas socioeconómicas todavía persistentes, el debate sobre cual es el camino a escoger para atender la situación es más importante que nunca.
La historia
El conflicto de Crucitas no es algo nuevo, sino que se remonta a finales de los años 90, cuando la empresa canadiense Infinito Gold Ltd. (a través de su filial Industrias Infinito S.A.), solicitó una concesión para explotar oro a cielo abierto en San Carlos. En 2001, el gobierno otorgó la concesión, no obstante, esta se suspendió en 2004 por la Sala Constitucional por la falta de estudios ambientales y porque se argumentó que se violaba el derecho constitucional al disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
En 2008 durante el gobierno de Óscar Arias, se revivió la concesión y se declaró el proyecto de “interés público y conveniencia nacional”, lo que detonó en una fuerte oposición social, ambiental y jurídica. Finalmente, en 2010 el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión por múltiples ilegalidades, y en 2011 Costa Rica prohibió por ley la minería metálica a cielo abierto con la promulgación de la Ley 8904.
No obstante, el problema no terminó, pues la zona quedó con impactos ambientales significativos que han sido acrecentados debido a la llegada de coligalleros que han extraído el oro de manera ilegal, generando contaminación y abriendo el debate sobre cómo gestionar el problema del oro existente (estimado entre $2.355 y $3.000 millones de dólares). Algunas de las propuestas son las siguientes.
Explotación regulada del oro a cielo abierto
Este fue el enfoque impulsado por el presidente Rodrigo Chaves mediante el proyecto de 24.717 e incluido en el plan de gobierno de la presidenta electa Laura Fernández. Se plantea que el Estado costarricense permita la explotación a cielo abierto de oro en Crucitas bajo esquemas regulados, ya sea mediante concesiones a empresas privadas (nacionales o extranjeras) o con participación estatal directa.
Según el Poder Ejecutivo, se estima que el país pierde $250 millones anualmente por la minería ilegal. Por lo que la lógica central es que, dado que el oro ya se está extrayendo de forma ilegal, resulta preferible capturar ese valor económico, regular la actividad y reducir el impacto ambiental. Bajo esta visión, la minería legal desplazaría a la ilegal, generaría ingresos fiscales y permitiría una intervención institucional más fuerte en el territorio.
No obstante, el proyecto de ley ha sido criticado por priorizar el enfoque económico sin un desarrollo claro de sus implicaciones sobre la naturaleza, generando que haya una fuerte oposición académica y ambientalista. La Universidad de Costa Rica ha advertido que presenta riesgos ambientales, institucionales y sociales, y que no aborda adecuadamente las causas de la minería ilegal.
Prohibición de la minería y desarrollo territorial sostenible
Este enfoque propone mantener la prohibición de la minería metálica a cielo abierto y fortalecer la intervención estatal en el territorio, pues se busca hacer efectiva la ley mediante control territorial, presencia institucional sostenida y combate a las economías ilegales. Por lo que el problema no es la normativa vigente, sino la incapacidad del Estado para hacerla cumplir.
Así mismo, se reconoce que la prohibición por sí sola es insuficiente. Por ello, se incorpora una segunda dimensión clave, la cual es la restauración ecológica y el desarrollo de alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales. El expediente 24.675, impulsado por el Frente Amplio, busca precisamente la recuperación ambiental de Crucitas y la creación de un modelo de desarrollo basado en actividades no extractivas para la Región Huetar Norte. La lógica es clara, sin opciones económicas viables, la minería ilegal seguirá siendo una fuente de ingreso atractiva para la población local.
Esta visión destaca por su coherencia con el modelo ambiental costarricense y por evitar los riesgos asociados a la minería industrial (contaminación y pérdida de la biodiversidad). Además, plantea una solución estructural a largo plazo, orientada a transformar el territorio en lugar de profundizar su dependencia de actividades extractivas.
No obstante, diversos análisis, incluyendo los del Programa Estado de la Nación, han señalado que el caso de Crucitas evidencia fallas estructurales en la capacidad del Estado para ejercer control territorial. En ese contexto, es necesaria una mayor coordinación institucional, recursos públicos y presencia estatal que históricamente ha sido limitado. Además, la restauración ecológica y el desarrollo alternativo requieren inversiones significativas y tiempo para generar resultados.
Formalización de la minería artesanal y de pequeña escala
Propone una vía intermedia entre la prohibición total y la minería industrial, pues busca permitir y regular la minería artesanal de pequeña escala, especialmente en territorios como Crucitas. Por lo que el objetivo no es la minería, sino integrar a la legalidad mediante regulación, asistencia técnica y supervisión estatal, reduciendo así sus impactos negativos.
El expediente 24.667, presentado por Kattia Cambronero, busca habilitar la minería artesanal en los distritos de Cutris, Pocosol y Pital, mediante reformas al Código de Minería que permitan una actividad regulada, de pequeña escala y con menor impacto ambiental. Entre sus elementos centrales, se propone la prohibición del uso de mercurio, en línea con el Convenio de Minamata, así como la promoción de técnicas más limpias y sostenibles.
Además, la iniciativa plantea un componente importante de desarrollo territorial, buscando generar empleo y oportunidades económicas. También incluye mecanismos de fortalecimiento institucional, como el uso de recursos para inspección, asistencia técnica a mineros y financiamiento de prácticas más sostenibles.
Sin embargo, diversos sectores advierten que la minería artesanal puede convertirse en un “portillo legal” para encubrir actividades ilícitas o de mayor escala, especialmente en contextos donde ya existe presencia de crimen organizado. Además, su implementación requiere una alta capacidad de fiscalización estatal, ya que implica supervisar múltiples actores pequeños en territorios complejos. Finalmente, aunque reduce el impacto ambiental en comparación con la minería ilegal, no lo elimina completamente.
Análisis general
Cada una de las propuestas refleja no solo una solución distinta, sino una visión distinta del desarrollo del país. La explotación regulada del oro ofrece una solución inmediata desde la lógica económica, pero deja de lado la narrativa de país verde que tanto ha caracterizado a Costa Rica. Por su parte, el enfoque de prohibición con desarrollo sostenible es conceptualmente el más coherente con la trayectoria del país, pero también el más exigente en términos de coordinación estatal, inversión pública y presencia territorial sostenida, condiciones que precisamente han fallado en Crucitas y que deben ser fortalecidas. Finalmente, la formalización de la minería artesanal puede ser más pragmática, pero enfrenta un dilema similar, su éxito depende de una fiscalización efectiva en contextos donde el Estado ya ha mostrado limitaciones.
El verdadero eje del problema no es únicamente qué modelo elegir, sino qué tan capaz es el Estado de sostenerlo en el tiempo. Crucitas, más que un conflicto minero, se presenta, así como un espejo de las tensiones entre ambición política, capacidades institucionales y modelo de desarrollo.
La verdad del asunto, es que el mayor daño ha sido el generado por la postergación política y la ausencia de decisiones. Independientemente del camino que se elija, es necesario avanzar en este tema, pues si en algo ha destacado Costa Rica es que su riqueza no es dorada, sino que es verde, exuberante y diversa. Y es precisamente esta riqueza — que sostiene la identidad país y su desarrollo— la que hoy se está perdiendo, no por falta de recursos, sino por falta de acción.