La geopolítica es forma superior de hacer política. "La política es el destino", escribió alguna vez Napoleón Bonaparte, y esta sentencia nos recuerda que la política no es un adorno de la existencia nacional, sino su definición más profunda, el acto por el cual una colectividad decide lo que es y lo que será. Lenin fue más lejos aún, dijo que los tratados y las alianzas internacionales no son meros papeles firmados por diplomáticos, sino la forma más concentrada, más descarnada, de hacer política. Son la expresión de la correlación de fuerzas entre clases y naciones, el momento en que la soberanía se afirma o se disuelve.
Dicho de otro modo: la política exterior no es un adorno. Es el espejo donde una nación se ve tal cual es. Y lo que este espejo nos devuelve hoy es preocupante.
¿Qué pasa cuando esa 'correlación de fuerzas' se inclina tanto que un país pequeño como Costa Rica deja de decidir por sí mismo? Lo que está ocurriendo en Costa Rica con la transición del gobierno de Rodrigo Chaves al de Laura Fernández no es un simple cambio de administración. Es un proceso en el que se está redefiniendo el ADN mismo de la nación, pero no hacia su plenitud, sino hacia su disolución como proyecto autónomo.
El beso del vasallo: el peaje migratorio
El antecedente de obediencia geopolítica ya se había manifestado de manera brutal meses antes. En febrero de 2025, el gobierno de Chaves aceptó dos vuelos de deportación desde Estados Unidos con más de 200 personas —incluyendo 80 niños y niñas— provenientes de Afganistán, China, Irán, Rusia y Uzbekistán. Estas personas, muchas con claras solicitudes de asilo y temores fundados de persecución, fueron recluidas en un "centro de recepción" en Corredores, en condiciones que la propia Defensoría de los Habitantes calificó de inadecuadas. Un tribunal costarricense llegó a calificar su reclusión como "arbitraria e ilegal"
La justificación de Chaves fue de una honestidad brutal:
Estamos ayudándole al hermano económicamente poderoso del norte [Estados Unidos], a quien si nos ponen un impuesto en nuestras zonas francas nos friegan".
¿Hace falta añadir algo más? La frase habla por sí sola. Es la confesión de un presidente que entiende su gobierno como una sucursal de los intereses de otro país, dispuesto a convertir el territorio nacional en una cárcel para migrantes con tal de no enfadar a su "hermano poderoso".
El TLC con Israel: la renuncia a la neutralidad histórica
Pero quizás el acto de mayor sumisión a la agenda trumpista y de mayor ruptura con la tradición costarricense haya sido la firma del Tratado de Libre Comercio con Israel en Jerusalén —territorio palestino ocupado— en diciembre de 2025, en medio de una escalada genocida que ha costado la vida a más de 69.000 personas en Gaza.
El gesto es una bofetada a décadas de política exterior basada en la neutralidad, la paz y la defensa de los derechos humanos. Grupos de activistas lograron recoger unas 12.000 firmas de costarricenses pidiendo al gobierno desistir de avanzar en ese tratado, bajo el entendido de que haría a Costa Rica "cómplice" del genocidio. Si hay un momento que destila la esencia de este gobierno, fue la respuesta del presidente Chaves ante la consulta sobre el TLC, con risas y un lapicero en alto, imitó el sonido de las balas que caen sobre los niños de Gaza . "Lo voy a firmar con este lapicero", dijo.
En 2024 el gobierno costarricense decidió quedar fuera de los 124 votos que aprobaron en Naciones Unidas una resolución para exigir el fin de la ocupación de los territorios palestinos, con el argumento de que contenía "medidas comerciales coercitivas" .
Firmar un TLC con un Estado señalado por la Corte Internacional de Justicia y por la propia relatora de la ONU por actos que "equivalen a un genocidio" no es un acto de comercio; es un acto político de primera magnitud . Es legitimar el apartheid y la ocupación. Como advirtió la relatora Francesca Albanese, es contribuir a la "economía del genocidio".
Bases militares en tierra neutral: la provocación con Irán
Costa Rica se convirtió así en una contracorriente histórica al abolir ejército en 1948. Mientras el mundo emergía de la Segunda Guerra Mundial y se preparaba para la Guerra Fría, este pequeño país centroamericano elegía desarmarse. Esa decisión, tomada en un contexto de sangrientas dictaduras en la región, definió el ADN de la nación.
En medio de una escalada bélica de tensión global, proponer o aceptar la instalación de bases militares —o facilidades operativas— para potencias extranjeras en territorio nacional es una temeridad geopolítica. Costa Rica no tiene ejército, y esa carencia no es un vacío de poder, es una potestad ética. Es la base de nuestra neutralidad.
Ceder espacio para operaciones militares, especialmente en un contexto de guerra con Irán, nos convierte automáticamente en objetivo. Nos despoja de la única coraza que tenemos: la confianza depositada en nuestra neutralidad histórica. Con ello, la "alta política" de la paz se degrada así a la "baja política" de la delegación de la soberanía.
La guerra contra China por mandato, no por convicción
En el nuevo orden mundial que Trump está imponiendo, la tecnología es el campo de batalla decisivo. La doctrina de "esferas de denegación" —explicitada en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025— busca activamente negar a China el acceso a infraestructura estratégica en el hemisferio occidental.
El gobierno de Rodrigo Chaves, en una muestra de perdida de autonomía que asombra por su ausencia de fundamento técnico o legal, se ha convertido en el ejecutor local de esta doctrina. El instrumento ha sido un decreto de ciberseguridad que, sin presentar una sola prueba de riesgos concretos, excluye a proveedores chinos —particularmente afectando a la empresa Huawei— de la participación en concursos públicos para el despliegue de la red 5G en Costa Rica .
El argumento es tan vacío como revelador: se invoca el Convenio de Budapest sobre ciberseguridad, del cual China no es signataria, como excusa para una exclusión que no resiste el mínimo análisis técnico. La empresa china ha operado en Costa Rica durante más de 17 años, participando directamente en el desarrollo de redes de telecomunicaciones desde la tercera generación, sin que se haya documentado un solo incidente de seguridad atribuible a su gestión.
La excusa del narcotráfico: suspender la soberanía
El discurso de la "mano dura" contra el narcotráfico es el caballo de Troya preferido de las dictaduras modernas. Utilizar la violencia del crimen organizado como excusa para suspender garantías constitucionales es, ni más ni menos, la suspensión de la soberanía popular. Un país que suspende su ordenamiento jurídico interno para aplicar políticas de seguridad diseñadas en Washington o Tel Aviv deja de ser una república para convertirse en una comandancia.
La verdadera lucha antinarcótica no se libra contra la población, sino contra las redes financieras y la falta de oportunidades. Criminalizar la protesta o militarizar la sociedad es el camino que han seguido los regímenes que terminaron devorados por la violencia que pretendían controlar.
El modelo Milei/Bukele
El gobierno de Chaves-Fernández parece mirarse en el espejo de la Argentina de Milei: un modelo de "entreguismo a manos llenas". Así como se ofrece la Patagonia o las tierras raras a capitales foráneos sin control, aquí se insinúa la venta del territorio nacional, de nuestros recursos estratégicos y de nuestra soberanía energética a compradores que ven el país como una finca. Así lo hará Chaves en la cumbre de Florida exponiendo la explotación “aceptable” del oro (Crucitas) y así lo ven Fernández con “modelo apertura del mercado eléctrico del ICE”.
El caso del modelo Bukele que ofrece su país como una extensión del sistema penitenciario estadounidense (el nuevo Guantánamo), es el arquetipo del gobernante colonial. Es la sumisión total: convertir el dolor propio en un servicio al imperio. Bajo el acuerdo Bukele-Trump, Estados Unidos paga 20.000 dólares anuales por cada migrante deportado y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Se estima que el primer envío de 300 personas reportará a El Salvador cerca de 6 millones de dólares al año. Lo más grave es que estas personas son enviadas directamente a una cárcel de máxima seguridad sin haber sido juzgadas, invocando una ley estadounidense de enemigos extranjeros en desuso desde la Segunda Guerra Mundial .
La Cumbre de Florida: el Ego de Trump y la extrema derecha
El 18 de febrero de 2026, Rodrigo Chaves anunció que tanto él como la presidenta electa Laura Fernández habían aceptado la invitación para integrarse a la cumbre de líderes de la derecha internacional convocada en Florida por Donald Trump y Marco Rubio. El objetivo: sumarse al "Escudo de las Américas", una alianza que reúne a lo más granado de la ultraderecha del continente.
El gobierno Chaves-Fernández, al alinearse con la ultraderecha internacional, al aceptar convertirse en cárcel para migrantes, al firmar tratados con Estados genocidas, al excluir a proveedores tecnológicos por mandato extranjero y al proponer la suspensión de garantías constitucionales, está renunciando al único "misil" que Costa Rica ha tenido: su compromiso con la paz, la neutralidad y el derecho internacional.
El gobierno Chaves-Fernández ha emprendido, en menos de cuatro años, un viraje geopolítico que contradice setenta años de historia republicana. No se trata de errores de política exterior; se trata de un proyecto consciente de subordinación que sigue, punto por punto, en cada tratado, en cada alineamiento, en cada renuncia a la neutralidad.
La pregunta no es si Costa Rica tendrá amigos poderosos, sino si seguirá siendo dueña de su propio destino. ¿Estamos dispuestos a perderlo todo por una foto?