La reciente adhesión de Costa Rica a la iniciativa hemisférica conocida como Escudo de las Américas —una coalición impulsada por Estados Unidos para coordinar acciones de seguridad contra el crimen organizado transnacional— ha reabierto un debate que trasciende la coyuntura política. Al respaldar una estrategia regional que contempla como posible la cooperación militar para enfrentar al narcotráfico, el país roza una línea roja que ha evitado durante más de siete décadas.
Detrás de esta decisión me surge una pregunta de profundo calado histórico: ¿está Costa Rica reinterpretando su identidad internacional para adaptarse a los tiempos, o estamos presenciando un retroceso involuntario hacia un pasado que creíamos superado?
Esta inquietud no es nueva para mí en realidad. Se inspira en una reflexión académica que desarrollé en mi trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciado en Derecho, donde analicé la naturaleza jurídica de las observaciones generales de los comités de derechos humanos de la ONU. Aquella investigación me llevó a una conclusión polémica tal vez sobre el Derecho Internacional Público: en el orden global, la autoridad normativa no reside únicamente en tratados firmados, sino en la voluntad de los Estados de aceptar interpretaciones institucionales y consensos progresivos como parte de un orden común.
Para entender la particular relación de Costa Rica con el derecho internacional, es necesario recordar que la abolición del ejército en 1948 y el nacimiento de la Segunda República no fueron actos aislados. Ocurrieron prácticamente en sincronía con la creación de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 tras el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Ese era el espíritu de aquella época: construir un orden internacional basado en reglas y no únicamente en la fuerza militar. Enfatizo lo de militar.
En otras palabras, la Segunda República costarricense nació prácticamente al mismo tiempo que el derecho internacional contemporáneo. Al abolir su ejército, Costa Rica no solo tomó una decisión interna; realizó una apuesta existencial: sustituir el poder militar por el "capital normativo del derecho internacional”. Durante décadas, el país se insertó en el mundo bajo la premisa de que un Estado pequeño puede sobrevivir y prosperar si el derecho internacional es su principal herramienta de política exterior.
Esta identidad se consolidó dramáticamente en la década de los años ochenta. Mientras Centroamérica se hundía en una de las etapas más oscuras de su historia contemporánea, el gobierno de Luis Alberto Monge proclamó la neutralidad perpetua, y más tarde, la diplomacia de Óscar Arias desembocó en los Acuerdos de Paz de Esquipulas. Costa Rica demostró que el derecho internacional no era una abstracción, sino una herramienta real de política exterior.
Sin embargo, el siglo XXI plantea preguntas incómodas. La invasión de Rusia a Ucrania, las tensiones en el Medio Oriente y el uso de la fuerza militar en nuestra propia región evidencian que el derecho internacional es, probablemente, el sistema jurídico menos coercitivo que existe. A diferencia del derecho penal doméstico, su cumplimiento depende casi exclusivamente de la voluntad política de los sujetos que se someten a su regulación.
En este escenario, los países con mayor capacidad militar tienen margen para ignorar las normas; los países pequeños, en cambio, estamos obligados a ser sus defensores más férreos.
Por eso, el tema sobre el Escudo de las Américas es mucho más que una discusión técnica sobre radares o patrullajes. Es una reflexión sobre qué ocurre con un país cuya seguridad ha estado históricamente vinculada a un orden jurídico global que hoy parece debilitarse.
En otras palabras, el dilema que enfrenta el país podría formularse de una manera inquietante: ¿estamos reinterpretando nuestra identidad internacional para adaptarnos a nuevas amenazas, o estamos presenciando —quizá sin darnos cuenta— una involución hacia un mundo más parecido al del derecho internacional clásico, aquel en el que la guerra y el poder militar volvían a ocupar el centro de las relaciones internacionales?
Responder esa pregunta no será tarea de un solo gobierno ni de una sola decisión diplomática. Pero sí requerirá un debate público serio sobre la coherencia entre la tradición histórica de la política exterior costarricense y las transformaciones que está experimentando el sistema internacional. No pretendo tener las respuestas, solamente la capacidad de hacer preguntas.
Porque, al final, la identidad internacional de un país no se define únicamente por lo que dice sobre sí mismo, sino por las decisiones que toma cuando el orden internacional comienza a cambiar.