El desempeño fiscal de Costa Rica en 2025 refleja una paradoja que merece atención. Por un lado, los indicadores muestran avances claros en la consolidación de las finanzas públicas; por otro, persisten presiones estructurales que impiden una reducción más sostenida de la deuda. Esta dualidad obliga a analizar no solo el comportamiento del gasto, sino también la dinámica de los ingresos y el costo del financiamiento.
En 2025 se registran mejora en variables clave, especialmente en el déficit financiero. Sin embargo, la relación de la deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en 60,4%, nivel que implica mayores restricciones al crecimiento del gasto público para el 2027, principalmente mediante congelamientos salariales en el sector público y una mayor contención de las transferencias. Aunque la disciplina fiscal es evidente, el retorno al umbral del 60% limita el margen de maniobra del Gobierno.
Desde 2022, el país registra balances primarios positivos, es decir, resultados que excluyen el pago de intereses de la deuda, algo que no ocurría desde hacía 13 años. En 2022, el superávit primario alcanzó el 2% del PIB y aunque disminuyó en 0,9% en 2025, se mantiene una señal de responsabilidad fiscal. Asimismo, el déficit financiero, que incluye el pago de intereses, pasó de -7,9% del PIB en 2020 a -3,4% en 2025, lo que evidencia una consolidación progresiva. La deuda total también se redujo de 66,5% del PIB en 2020 a 60,4% en 2025; no obstante, en 2024 había descendido a 58,9%, lo que permitió salir temporalmente al tramo más restrictivo en la regla fiscal. El hecho de que vuelva a superar el 60% plantea interrogantes sobre qué factores han limitado una disminución sostenida de la deuda.
Parte de la explicación se encuentra en la estructura productiva. La economía costarricense descansa en dos grandes motores: el régimen especial (zonas francas), y el régimen definitivo, que concentran más del 85% de la producción nacional. Según el Índice Mensual de Actividad Económica del Banco Central de Costa Rica, a diciembre de 2025, el régimen especial creció 12,8% interanualmente, mientras que el régimen definitivo apenas 3%. Esta divergencia no es menor: el régimen definitivo tributa plenamente el impuesto sobre la renta y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el mercado local, mientras que el régimen especial goza de exoneraciones parciales o totales por varios años. Así, el PIB puede expandirse impulsado por sectores con menor carga tributaria efectiva, lo que limita el dinamismo de la recaudación y presiona el déficit.
Los datos del Ministerio de Hacienda para el periodo 2019- 2025 confirma una desaceleración de los ingresos corrientes del Gobierno Central. Aunque en 2024 crecieron 3,2% respecto a 2023, en 2025 aumentaron apenas 0,7%. Además, los ingresos tributarios pasaron de representar 13,2% del PIB en 2023 a 12,8% en 2025. El impuesto sobre los ingresos y utilidades, que aporta alrededor del 37% en la recaudación, registró una caída acumulada de 1,6% en el periodo. El IVA también se redujo, al pasar de 4.9% del PIB en 2024 a 4.6% en 2025, explicado principalmente por la contracción del IVA interno, mientras que el impuesto único a los combustibles disminuyó 0,5%.
Este comportamiento se asocia a un entorno de baja inflación. Durante más de 32 meses, la inflación se mantuvo por debajo de la meta del Banco Central y 2025 cerró con una variación de -1,23%. Dado que el impuesto único a los combustibles no es ad valorem, sino un monto fijo por litro ajustado periódicamente según la inflación, una menor variación del índice de precios reduce el ritmo de actualización de la tarifa y afecta a la recaudación.
A lo anterior se suma la estructura de financiamiento del Gobierno Central. Cerca del 38% del presupuesto ordinario se financia con deuda y, al último trimestre de 2025, el pago de intereses absorbió el 30,2% de los ingresos totales, equivalente al 4,4% del PIB. Cuando el Gobierno se endeuda en el mercado interno enfrenta tasas más altas y plazos más cortos, dado el menor tamaño del sistema financiero local. El endeudamiento externo suele ofrecer mejores condiciones; sin embargo, el artículo 121 de la Constitución Política exige autorización legislativa para adquirir deuda externa, lo que introduce un componente político en una decisión que debería ser eminentemente técnica. En los últimos años, la falta de aval ha incrementado la dependencia del financiamiento interno lo que presiona al alza las tasas internas, desplazando la inversión privada y limitando el dinamismo económico
Entre 2023 y 2025, el financiamiento interno creció 411%, mientras que el externo se contrajo de forma significativa en 102%; en 2025 incluso fue negativo, lo que sugiere que se utilizó deuda interna para cancelar obligaciones externas. Mientras los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pagan en promedio intereses cercanos al 2% del PIB, Costa Rica destina 4,4%.
En síntesis, Costa Rica ha avanzado en disciplina fiscal y ha corregido desequilibrios importantes; sin embargo, el menor dinamismo de la recaudación, la composición del crecimiento y el elevado costo de la deuda impiden una reducción más acelerada del endeudamiento. El desafío no se limita a contener el gasto, sino que exige fortalecer la base tributaria y mejorar la estrategia y financiamiento para consolidar una trayectoria sostenible de la deuda.