Tribunal federal fija fecha límite para negociar y programa el juicio para inicios de junio en Texas.
El exmagistrado y exministro de Seguridad, Celso Gamboa Sánchez, tiene hasta el mediodía del próximo 1 de mayo para suscribir un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía en el proceso por narcotráfico que enfrenta en el Distrito Este de Texas, según documentos oficiales del proceso judicial en su contra a los cuales Delfino.cr pudo acceder.
Según la orden firmada por el juez magistrado Bill Davis, el tribunal advirtió que solo aceptará acuerdos posteriores a ese plazo si las partes justifican de forma válida la demora.
La causa avanza con un calendario ya definido. El juez federal John Campbell "Cam" Barker dirigirá la audiencia previa al juicio para el 27 de mayo y se fijó el inicio del proceso —incluida la selección del jurado— para el 1 de junio de 2026.
Gamboa compareció por primera vez ante la corte el 24 de marzo, pocos días después de su extradición desde Costa Rica. Durante esa audiencia inicial, el imputado renunció a la audiencia de detención y aceptó permanecer bajo custodia mientras avanza el proceso. El tribunal también designó como su abogada a Sarah Ann Jacobs, de la Oficina del Defensor Público Federal para el Distrito Este de Texas, luego que según otro documento judicial al cual pudo acceder este medio, Gamboa señalara, o el tribunal determinara, que es incapaz de pagar un abogado particular, y que no desea renunciar a su derecho al patrocinio letrado.
La acusación formal, presentada el 9 de julio de 2025, le atribuye dos cargos vinculados al tráfico internacional de cocaína. El primero describe una supuesta conspiración para fabricar y distribuir esa droga con conocimiento —o con causa razonable para creer— que terminaría ingresando ilegalmente a Estados Unidos. El segundo cargo le imputa la fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, así como la coordinación con otras personas para ejecutar esas actividades.
El documento judicial ubica los hechos investigados a partir de 2017 y los extiende a varios países de América Latina, entre ellos Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México. Según la acusación, la estructura habría operado en distintos puntos de la región con el objetivo de movilizar cargamentos de droga hacia el mercado estadounidense.
De resultar culpable, Gamboa enfrenta un rango de penas que incluye un mínimo obligatorio de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua según la ley estadounidense, aunque esta última no podría imponerse de conformidad con las condiciones de extradición impuestas por el Poder Judicial costarricense, el cual advirtió que Gamboa no debe ser condenado a más de 50 años de cárcel.
La eventual condena también podría incluir una multa de hasta 10 millones de dólares, así como un periodo mínimo de cinco años de libertad supervisada tras cumplir la pena.
El caso cobró relevancia pública el 23 de marzo de 2026, tras confirmarse la extradición del exfuncionario costarricense. Un día después, durante su comparecencia inicial en Plano, Texas, el tribunal le notificó formalmente los cargos y sus derechos procesales dentro del sistema judicial estadounidense.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Gamboa y otro costarricense, Edwin Danney López-Vega, alias "Pecho de Rata" llegaron a territorio estadounidense el 20 de marzo, luego de que Costa Rica autorizara su entrega. Ambos enfrentan procesos separados por delitos relacionados con el narcotráfico.
Foto tomada por el Collin County Jail, en Estados Unidos, con resolución ampliada usando IA.