Cámara de Bancos y Asociación Bancaria alertan sobre inseguridad jurídica, posibles aumentos en costos financieros y falsas expectativas para los usuarios.
Organizaciones del sector financiero del país cuestionaron la aprobación legislativa del proyecto de ley contra las estafas electrónicas (expediente 23.908) y advirtieron que el texto presenta problemas de diseño que podrían generar efectos negativos para los usuarios del sistema financiero.
Tanto la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica como la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) manifestaron su preocupación luego de que la iniciativa fuera aprobada en segundo debate por la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
En comunicados separados, ambas organizaciones coincidieron en que el proyecto no aborda de manera integral el fenómeno del fraude electrónico y podría generar consecuencias operativas, legales y económicas para el sistema financiero.
Cámara señala que combate a delitos requiere respuesta estatal amplia
La Cámara de Bancos señaló que las estafas electrónicas responden a estructuras criminales cada vez más sofisticadas, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado y que incluso operan fuera del sistema financiero formal.
Por esa razón, consideró que el combate a estos delitos requiere una estrategia estatal más amplia que incluya prevención, educación digital, persecución penal y coordinación entre instituciones.
Según la organización, distintos análisis técnicos, incluidos criterios emitidos por la propia Cámara y por la Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica (SUGEF), habían advertido debilidades en el diseño del proyecto que podrían afectar su efectividad práctica.
Entre los riesgos señalados se encuentran:
- La generación de inseguridad jurídica.
- Posibles distorsiones en el funcionamiento del sistema financiero.
- Traslado de controversias hacia procesos judiciales más complejos.
La Cámara también advirtió que trasladar de forma amplia la responsabilidad económica hacia las entidades financieras no desarticula las redes criminales responsables de las estafas y podría incrementar los costos operativos del sistema.
En ese escenario, señaló que podrían surgir condiciones más restrictivas para el acceso al crédito, con efectos especialmente sensibles para hogares, emprendimientos y pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, alertaron que medidas regulatorias mal calibradas podrían afectar los esfuerzos de inclusión financiera desarrollados durante los últimos años, ya que un encarecimiento del acceso al sistema formal podría empujar a algunas personas hacia mecanismos informales de financiamiento sin supervisión ni protección para el consumidor.
Los cuestionamientos de la ABC
Por su parte, la ABC indicó que el texto aprobado contiene errores que podrían generar confusión entre los consumidores respecto al alcance real de la normativa. Según explicó la organización, el proyecto no establece una indemnización automática para todas las víctimas de fraude, como se ha interpretado en algunos sectores.
Según detallaron, la iniciativa contempla un procedimiento en el que cada caso deberá analizarse individualmente por la entidad financiera correspondiente. Posteriormente, la resolución deberá ser revisada por la SUGEF y, si la persona usuaria no está de acuerdo con el resultado, podrá acudir a la vía judicial.
La asociación señaló además que existen situaciones en las que los bancos no estarían obligados a restituir los fondos, como cuando se compruebe autofraude, dolo por parte del usuario, transacciones realizadas entre cuentas del mismo titular o cuando se configure alguna de las eximentes previstas en la legislación.
Otro de los puntos cuestionados es que la normativa aprobada se limita a operaciones vinculadas con cuentas bancarias, por lo que no cubriría transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito, un aspecto que el gremio considera un vacío importante frente a la forma en que actualmente operan las redes criminales.
Además, la Asociación Bancaria coincidió con advertencias previas de la SUGEF sobre dificultades prácticas para cumplir con algunos de los plazos establecidos en la ley. En particular, mencionó el plazo de diez días hábiles previsto para analizar los casos de fraude, el cual podría resultar insuficiente en situaciones complejas.
Ambos gremios reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades para mejorar el marco regulatorio y fortalecer la lucha contra el fraude electrónico. No obstante, insistieron en la necesidad de construir soluciones técnicas equilibradas que protejan a las personas usuarias sin generar efectos adversos para el funcionamiento del sistema financiero.