En un artículo publicado en La Nación, don Juan Fernando Lara nos informa que Aresep alerta sobre la calidad del agua en nuestro país.
Un 38% de los acueductos evaluados muestra presencia de coliformes fecales; un 30% carece de desinfección; y 23% incumplen con los parámetros físicoquímicos y organolépticos tales como el PH, la turbidez, el color, la temperatura, el olor, asociados a deficiencias operativas que afectan al tratamiento del agua.
Esto es un verdadero escándalo. ¿Dónde hemos estado para permitir semejante desastre? Sin la menor duda, el agua que consumimos la mayoría de los costarricenses nos pone en enorme peligro de enfermedades.
En Costa Rica el agua es un bien público y además un Derecho Humano constitucionalmente establecido. Pero, ¿quién ha estado a cargo de AyA? ¿Quién a cargo del Ministerio de Salud? No me digan que estas competencias no son directamente desempeñadas por el Gobierno que debe garantizar —sin ninguna ley adicional— la salud y la pureza del agua que bebemos.
“Pero no es de preocuparnos”, me han dicho: simplemente compremos agua embotellada por las empresas privadas que pagan un canon para embotellar agua tratada y limpia.
Santo Dios a lo que hemos llegado: el agua es de todos y tenemos derecho a reclamar que sea totalmente bebible y consumible. Y con ese propósito hemos creado instituciones públicas pagadas por todos, para que cumplan con su deber de garantizar la pureza del agua para todos… pero no lo cumplen. Y no se trata de carencia de agua o de leyes, que ambas hay suficientes. Se trata de un Gobierno que no cumple ni siquiera con cuidar de nuestra salud a la que tenemos derecho y por la que pagamos ingentes recursos. ¿Dónde está nuestra democracia cuya burocracia extiende la mano para recibir hermosos salarios, pero que no cumple con la letra de la Constitución Política?
Y resulta que el agua es un bien público y un Derecho Humano, pero sólo para los que podemos comprar botellitas o garrafones; los demás corren el peligro de enfermarse por los coliformes fecales o por las materias orgánicas e inorgánicas peligrosas que contiene.
Mi reclamo no es contra la empresa privada que ha visto una oportunidad o nicho para vendernos agua limpia mediante el pago de algunos impuestos. (está en su derecho). Mi reclamo es definitivamente en contra de los funcionarios públicos, empezando por el presidente de la república, que no cumplen ni escasamente con el elemental mandato de cuidar los Derechos Humanos y la salud del pueblo que lo eligió, y evitar enfermedades, promovidas por el “descuido” de sus funcionarios carentes de idoneidad, en cargos absolutamente vitales.
Y el pueblo… sin darse cuenta de que no tiene ni siquiera agua limpia, ni dinero para comprarla porque el Gobierno —al menos el actual— no ha reparado en ello. (Para ponerlo en bonito), peligra enormemente.
El artículo de La Nación amerita una acusación ante la Sala IV, por incumplimiento de deberes. Desde luego la presentaré yo… pero, ¿me darán pelota? Y ¿cuándo se resolverá, si se resuelve algún día? Y ¿cómo se garantizará la potabilidad y salud del agua en nuestro pueblo? ¿Requiere el AyA no sólo de funcionarios idóneos y comprometidos sino de alguna reformulación de la institucionalidad?