Según la Corte, entre 2022 y 2025 solo el 1,6% de las gestiones presentadas por personas privadas de libertad obtuvo una resolución favorable.
Los Juzgados de Ejecución de la Pena rechazaron la mayoría de las solicitudes de libertad condicional presentadas por personas privadas de libertad en Costa Rica durante los últimos cuatro años. Entre 2022 y 2025, estos despachos declararon sin lugar o archivaron el 71% de las gestiones tramitadas bajo esa figura, según afirmó este martes el Poder Judicial en un comunicado de prensa.
De acuerdo con estadísticas de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, se registraron 14.226 solicitudes de libertad condicional en ese periodo. De ese total, 10.089 expedientes terminaron rechazados o archivados, lo que representa el 71% de los casos.
En contraste, los juzgados declararon con lugar apenas el 1,6% de las solicitudes, equivalente a 234 asuntos. Además, un 1,4% de los trámites —210 casos— concluyó con una revocatoria. El resto de los expedientes finalizó mediante otros tipos de resoluciones, entre ellas acumulaciones o declaratorias de inadmisibilidad.
En promedio, los Juzgados de Ejecución de la Pena recibieron cerca de 3500 solicitudes de libertad condicional por año durante el cuatrienio analizado.
A pesar de ese volumen, el Poder Judicial afirmó que este tipo de gestión representó una proporción relativamente baja dentro del trabajo total de estos despachos, pues durante el periodo 2022-2025, los juzgados registraron 73.125 trámites y gestiones nuevas, de los cuales las solicitudes de libertad condicional constituyeron el 19,4%.
La mayor carga de trabajo se concentró en dos tipos de gestiones vinculadas con la modificación de la pena y la presentación de quejas. Estos trámites representaron el 53,4% de todos los asuntos de nuevo ingreso y superaron, cada uno por separado, en más de dos mil gestiones al número de solicitudes de libertad condicional.
Además de estos procesos, los juzgados atendieron el 27,2% restante de los trámites presentados por la población privada de libertad, lo que equivale a 19.820 casos. Estos expedientes incluyeron gestiones relacionadas con penas alternativas, solicitudes de permisos, unificación de penas, monitoreo electrónico conforme al artículo 57 bis del Código Penal, medidas de aislamiento y otras peticiones vinculadas con la ejecución de la pena.