Costa Rica ha entrado en una fase política inquietante: aquella en la que la democracia deja de ser un marco compartido de reglas y se convierte en una excusa para erosionarlas desde dentro. Lo ocurrido en los últimos años no puede explicarse como una suma de errores o torpezas administrativas. Lo que se ha desplegado es un método: el uso deliberado del conflicto, de la ineficacia y del choque institucional como forma de acumulación de poder simbólico.
El rasgo central de este método es simple y peligroso. Desde el Poder Ejecutivo, encabezado por Rodrigo Chaves, se ha insistido en una narrativa según la cual el Estado de Derecho “no deja gobernar”, la Contraloría “atraviesa el caballo” y los controles democráticos bloquean la voluntad popular. En ese desplazamiento discursivo, la ley deja de ser un límite legítimo y pasa a ser presentada como una trampa; las instituciones dejan de ser garantes y se convierten en antagonistas.
Nada de esto es improvisado. El conflicto no aparece como consecuencia indeseada de una mala gestión, sino como su producto central. La política deja de ser el arte de gobernar dentro de las reglas y se transforma en el arte de tensarlas de manera permanente. Cada freno institucional no se vive como un fracaso que deba corregirse, sino como una oportunidad para reforzar el relato.
El patrón se repite con precisión: primero, se presenta una propuesta con vicios jurídicos evidentes. Luego, se anticipa el rechazo. Cuando este llega —desde la Contraloría, la Asamblea Legislativa o la Sala Constitucional— no se corrige el diseño ni se ajusta el texto. Se dramatiza la negativa, se convierte en agravio y se desplaza la responsabilidad: el problema ya no es la mala técnica, sino el sistema que controla.
Este libreto se ha aplicado de forma consistente. Un antecedente clave es Ciudad Gobierno y su contratación mediante un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Presentado como una solución técnica inevitable para “ordenar” al Estado, el proyecto desplazó el debate de fondo —condiciones financieras, impacto fiscal, legalidad del esquema contractual y conveniencia pública— hacia una confrontación política con los órganos de control. Las advertencias técnicas no fueron asumidas como parte normal del resguardo del interés público, sino presentadas como un intento de frenar el avance.
Sobre esa misma lógica se construyó luego la alianza estratégica público-privada para la construcción y administración de una Marina en Puerto Limón, presentada como emblema de modernización y desarrollo turístico. Nuevamente, las advertencias de la Contraloría General de la República no fueron abordadas como observaciones técnicas de fondo, sino convertidas en agravio político. El proyecto no avanzó, pero cumplió su función narrativa: reforzar la idea de bloqueo institucional.
En esa misma secuencia se inscribe después la Estación de Cruceros, presentada como continuidad natural del impulso portuario. Cada observación jurídica fue tratada como traba política. La progresión es reveladora: primero el modelo de endeudamiento, luego la alianza estratégica y finalmente la infraestructura derivada; en todos los casos, el control institucional fue convertido en antagonista.
La lógica se repite en otros proyectos. El Tren Eléctrico fue deliberadamente colocado en un marco de confrontación. Las objeciones técnicas no dieron lugar a ajustes, sino a un relato binario: el país del futuro contra las instituciones del pasado.
El patrón se vuelve aún más grave en el ámbito de la salud. La negativa al Hospital de Cartago y la suspensión del Hospital de Limón no se asumieron como decisiones que exigían explicaciones técnicas profundas, sino como pruebas de que “el sistema no deja”. La Caja Costarricense de Seguro Social fue presentada no como garante del derecho a la salud, sino como una estructura pesada, interpuesta entre el gobierno y la ciudadanía. El proyecto de tercerización de la atención hospitalaria y de los EBAIS profundizó esta lógica.
Este modo de operar no destruye las instituciones de un golpe; las desgasta. No clausura la democracia; la vacía. Escena tras escena, se instala la percepción de que la democracia siempre estorba porque cumplir su función —poner límites— ha sido resignificado como sabotaje.
En este contexto, el nuevo período presidencial con Laura Fernández Delgado se abre con una paradoja decisiva. El oficialismo retiene la Presidencia de la República, pero no obtiene los cuarenta diputados que había señalado como condición para “destrabar” el país y neutralizar controles. Sin esa mayoría, el Ejecutivo queda obligado a convivir con aquello que ha intentado desacreditar: la negociación parlamentaria, el control político y el equilibrio de poderes.
El dilema es claro. Si el gobierno insiste en gobernar desde la confrontación permanente, chocará una y otra vez con una Asamblea que no puede ser ignorada ni subordinada. Si opta por corregir y negociar, comenzará a erosionar el relato que le ha permitido sostener apoyo popular. Gobernar mejor implica perder épica; sostener la épica implica estancamiento.
Aquí el papel de la oposición se vuelve determinante. Liberación Nacional llega a este momento con peso numérico, pero arrastra cuatro décadas de posiciones neoliberales. Su riesgo es convertirse en una oposición funcional. En contraste, el Frente Amplio emerge fortalecido por su coherencia en la defensa del Estado social y de los límites al poder.
Costa Rica entra así en una etapa de fricción prolongada. No en una dictadura abierta, pero tampoco en una normalidad institucional pacífica. El Ejecutivo seguirá tensionando y empujando los bordes. Sin los cuarenta diputados, cada intento encontrará resistencia real. El desenlace no está escrito, pero el campo de juego sí.
No es un fracaso a pesar de la democracia, sino un fracaso producido cínicamente usando la democracia como coartada.