UCR indicó que la propuesta no constituye una respuesta adecuada al problema de la minería ilegal en la zona de Crucitas.
La Universidad de Costa Rica (UCR) votó a favor un acuerdo que rechaza la propuesta del Gobierno que permitiría minería de oro a cielo abierto en Crucitas, en Alajuela.
En sesión del Consejo Universitario, la institución académica recomendó no aprobar el proyecto denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, expediente n.º 24.717, impulsado por el Poder Ejecutivo.
Luego de un análisis integral solicitado por la Asamblea Legislativa, la UCR concluyó que la iniciativa presenta debilidades estructurales, riesgos ambientales, sociales, institucionales y jurídicos, y que no constituye una respuesta adecuada ni efectiva al problema de la minería ilegal en la zona de Crucitas.
El proceso de análisis incorporó criterios de diversas instancias universitarias, entre ellas el Programa Kioscos Socioambientales, la Escuela Centroamericana de Geología, el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela de Tecnologías en Salud y el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental.
Desde el Programa Kioscos Socioambientales advirtieron que el proyecto de ley parte de una base profundamente problemática. En su criterio institucional se señala de forma expresa que existe una “ausencia de diagnóstico serio y contextual”, ya que “el proyecto ignora los antecedentes históricos de minería metálica en Costa Rica, como los casos de Crucitas, Bellavista y Beta Vargas, todos marcados por impactos negativos y fracasos institucionales”.
Además, se indica que “no se analiza por qué han fallado sistemáticamente los proyectos mineros en el país, ni se ofrece una evaluación realista de la minería ilegal actual”.
Kioscos Socioambientales también alertó sobre la desproporción territorial que introduce la iniciativa, al señalar que el texto de ley "propone abrir más de 849 km² a la exploración y explotación minera, cuando los estudios oficiales indican que el área afectada por minería ilegal representa menos del 1 % del distrito”. Esto, según el programa de la UCR “sugiere que el objetivo no es la remediación ambiental, sino la legalización de una expansión minera a gran escala bajo un régimen de excepción”.
Asimismo, el programa advierte que la propuesta legislativa no enfrenta las causas estructurales de la minería ilegal y, por el contrario, podría agravarlas. En ese sentido, se señala que “legalizar la minería sin una estrategia de seguridad efectiva podría legitimar estructuras delictivas y aumentar la violencia en territorios fronterizos”, en un contexto donde “existen vínculos documentados entre minería ilegal, narcotráfico y crimen organizado”.
Por su parte, la Escuela Centroamericana de Geología realizó observaciones técnicas de fondo al proyecto, señalando que legislar de manera parcial una actividad compleja como la minería constituye un error reiterado.
En su análisis se afirma que “legislar parcialmente para una actividad compleja como la minería no es razonable”, y que resulta necesario un abordaje integral del Código de Minería para todo el territorio nacional.
El acuerdo también cuestionó el uso del concepto de minería sostenible en el proyecto, indicando que “es extraña esa mezcla conceptual que se contrapone”, ya que la minería implica necesariamente el agotamiento del recurso, y que los posibles beneficios económicos no pueden justificar la ausencia de una regulación robusta y coherente.
En relación con el mecanismo de concesión, la Escuela de Geología fue enfática al señalar que “solo tomar el royalty como base de puja no es aceptable”, y que “se debería evaluar la totalidad del proyecto minero propuesto”, incorporando aspectos como la gestión de residuos, los impactos ambientales, las medidas de cierre técnico, la relación con las comunidades y la remediación de los daños existentes.
En ese mismo sentido, se advierte que una lógica puramente económica resulta insuficiente, ya que “el proceso debe valorar también los componentes ambientales y sociales dentro de un estudio de factibilidad integral”. Se señala, además, que “la experiencia internacional demuestra que es posible diseñar concursos más equilibrados”.
La escuela también criticó que el artículo 9 obligue a entregar toda la información de exploración a la Dirección de Geología y Minas para incluirla en futuras subastas, lo cual refleja un desconocimiento de cómo funciona la industria minera, dado que la exploración constituye una inversión estratégica que no debería ser de acceso público inmediato.
Esa escuela concluyó que “el proyecto de ley es otro esfuerzo más que presenta propuestas similares a otros anteriores para regular la minería en Crucitas”, y que no contribuye a frenar la minería ilegal, sino que “incita a la minería ilegal, similar a la existente en la actualidad en Crucitas”.
A estas observaciones se suman los señalamientos del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, que advierte que la propuesta “no constituye una estrategia efectiva para mitigar los efectos de la minería ilegal” y que “se requiere una reforma sustantiva que priorice la sostenibilidad, la protección ambiental y la salud pública”, en lugar de limitarse a la legalización de la minería a cielo abierto sin controles adecuados.
Asimismo, se advirtió “la ausencia de un estudio socioeconómico que respalde técnicamente la declaratoria propuesta en el proyecto de ley”.
La UCR manifestó que “queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”.
La iniciativa de ley se encuentra en plenario a la espera de que se anuncie la presentación del primer grupo de mociones de fondo vía artículo 137, las cuales tienen que enviarse a la comisión dictaminadora para su trámite.