Uno de los temas más discutidos sobre la banca nacional y estatal en los últimos años gira en torno a la pregunta: ¿debe venderse el Banco de Costa Rica (BCR)?
Este debate cobró relevancia en 2022, cuando el Poder Ejecutivo bajo la administración de Rodrigo Chaves presentó el 7 de septiembre ante la Asamblea Legislativa el proyecto con expediente 23.331, titulado “Ley de Venta del Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica”. La propuesta facultaba al gobierno para vender todo o parte del banco, incluyendo sus empresas relacionadas y su marca. Una vez completada la venta total, el banco dejaría de existir como institución estatal independiente.
El proyecto fue rechazado el 21 de febrero de 2023 y archivado por unanimidad de los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos. Además, recibió el rechazo de diversas instituciones estatales, una de ellas fue la Contraloría General de la República que tras consultarle la opinión del proyecto, brindó un criterio negativo sobre el proyecto y mencionó que la decisión va más allá de vender un negocio en marcha, que posee un impacto en el diseño institucional del Estado, implica un proceso complejo de reforma del diseño institucional y su rechazo yace principalmente a la ausencia de análisis y discusión previa respecto a los cambios en el diseño del Estado, así como sobre la gestión política de transacciones de esta naturaleza en el sector público y en concreto por la ausencia de una hoja de ruta estratégica.
El Poder Ejecutivo insistió en buscar la aprobación de la propuesta realizando cerca de dos intentos adicionales de negociación con los diputados, pero el resultado fue el mismo.
Con la reciente victoria contundente de Laura Fernández Delgado, candidata de la continuidad de la administración Chaves, el tema volvió a la mesa. En su primera conferencia de prensa como presidenta electa, Fernández anunció que hará todo lo posible para que la venta del activo estatal sea una realidad, destinando los recursos a capitalizar el fondo de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Además, advirtió que la venta debe darse “antes de que quiebre” y agregó:
Yo no quiero que el pueblo de Costa Rica tenga que pensionarse hasta los 70 años. Y no quiero tampoco que ni a patronos ni a trabajadores les aumenten lo que hoy día cotizan. Por eso me parece que tenemos que tomar decisiones serias…”
La crisis del IVM
Según datos verificables, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS enfrenta un desequilibrio creciente entre los ingresos por cotizaciones y el aumento del gasto en pensiones. Aunque los excedentes han permitido cubrir gastos, se reportan faltantes millonarios en años recientes. De hecho, en 2025 la CCSS tomó ₡50.000 millones de las reservas del IVM para pagar las pensiones de los jubilados, pues el dinero que recibía el fondo (de contribuciones y ganancias de inversiones) no fue suficiente. Este escenario se esperaba que ocurriera hasta 2041.
Aquí surgen muchas preguntas, dos de las principales son: ¿se deben aumentar las cargas patronales para sostener el sistema?, ¿o se deben incrementar las obligaciones estatales con el régimen? La realidad es que ambas opciones traerán un costo de vida más alto. Si los patronos tienen que pagar más, probablemente transferirán estos gastos al precio de sus bienes o servicios y, por ende, al monto que pagamos los consumidores. Si se plantea que sea el Estado quien pague más, esto incrementaría el gasto de un aparato estatal ya bastante oneroso.
La solución planteada bajo la idea de capitalizar el IVM por medio de la venta del BCR puede generar un alivio financiero a corto plazo y temporal, sin embargo no ataca directamente la fuente del problema, trata la consecuencia en vez de la raíz del problema, en sí, solo se estaría postergando los resultados de un problema estructural
El problema demográfico
La realidad es que el sistema de pensiones enfrentará serios problemas de viabilidad. Costa Rica tiene un índice de natalidad catalogado como de “ultra baja fecundidad”, uno de los más bajos del mundo, con un índice de 1,12 hijos e hijas por mujer en 2024, según datos del INEC.
El sistema atraviesa una transición demográfica que invertirá su pirámide poblacional, tal como ya se ha observado en distintos países: cada vez más personas dependiendo del sistema y menos personas contribuyendo a él.
Soluciones a futuro
Es aquí donde deben surgir soluciones con visión de futuro. Debemos comprender que este sistema enfrenta riesgos de sostenibilidad y que depender exclusivamente de él conlleva riesgos financieros significativos
Conviene transitar hacia un sistema más individualista, un sistema que invierta fuertemente en educación financiera desde edades tempranas y que reforme completamente la forma en que la sociedad concibe el futuro de sus vidas cuando ya no puedan trabajar. Un sistema que transforme por completo el pensamiento de “trabajo, contribuyo y el Estado se encarga de darme una pensión” a “trabajo, administro y soy responsable de mi jubilación gracias al conocimiento que el Estado me brindó”.
Para muchos esto puede sonar negativo, y pueden surgir dudas: ¿qué haremos con quienes simplemente no ahorren y lleguen a una edad no productiva? Sin embargo, hay que comprender que el Estado tiene límites en su capacidad de resolver todas las consecuencias de decisiones individuales. Similar a cómo el Estado no puede garantizar el éxito empresarial de quienes deciden emprender sin planificación, tampoco puede sostener indefinidamente un sistema de pensiones que depende de que las generaciones futuras financien a las actuales. Lo que sí puede y debe hacer es, desde edades tempranas, crear un sistema educativo que normalice la educación financiera y fomente la cultura del ahorro y la responsabilidad individual sobre el futuro propio.