El debate sobre el retiro del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) ha estado cargado de emociones, temores y afirmaciones categóricas. Se ha dicho que liberar los fondos generaría una crisis inflacionaria, un colapso cambiario o un aumento descontrolado en las tasas de interés. También se ha dicho que no existe riesgo alguno y que el impacto sería nulo.
Ni una cosa ni la otra es correcta. Si queremos una discusión responsable, debemos hacer lo que pocas veces se hace en política pública: cuantificar. Medir el tamaño del shock. Modelar sus efectos. Comparar con experiencias internacionales. Analizar escenarios. Y, sobre todo, distinguir entre un retiro masivo desordenado y una devolución escalonada, calendarizada y coordinada. Eso es precisamente lo que se ha hecho con la propuesta de retiro total escalonado del ROP presentada por el movimiento de pensionados.
El diseño propuesto no es un retiro instantáneo ni simultáneo. Es un esquema escalonado que distribuye el impacto en el tiempo y por tramos de monto acumulado. Primero, los pensionados con un ROP de hasta 15 millones de colones recibirían el 100% del fondo dos meses después de firmar su opción de pensión. Segundo, quienes tengan entre 15 y 30 millones recibirían el 50% a los dos meses y el 50% restante en un plazo máximo de 12 meses, manteniendo durante ese período una mensualidad bajo la modalidad escogida. Tercero, quienes tengan más de 30 millones recibirían el 25% a los dos meses, el 50% al mes 12 y el 25% final al mes 24, también con pagos mensuales intermedios.
El total a devolver a diciembre de 2025 asciende aproximadamente a 1,10 billones de colones distribuidos entre 87.585 pensionados. Esto representa el 7,57% del total de fondos administrados por el ROP (14,53 billones) y alrededor del 2,12% del PIB nominal costarricense. Aquí está el primer dato clave: no estamos hablando de un shock equivalente a 10% o 15% del PIB. Estamos hablando de un 2,12% del PIB, distribuido además en 24 meses.
Eso cambia radicalmente el análisis. Para estimar los efectos macroeconómicos se utilizó un marco estándar para economías pequeñas y abiertas: el modelo IS-LM-BP (Mundell-Fleming), complementado con una ecuación de inflación y una regla de política monetaria.
En términos sencillos:
• La curva IS captura el efecto del mayor ingreso disponible sobre el consumo y la demanda agregada.
• La curva LM refleja la interacción entre liquidez, producción y tasas de interés.
• La condición Balanza de Pagos incorpora el sector externo y los flujos de capital.
• La ecuación de inflación incluye el efecto de brecha de producto y del tipo de cambio.
Además, se introdujo un supuesto crucial: el 50% del ROP está invertido en activos externos en dólares. Para pagar esa parte sería necesaria la repatriación aproximada de 1.100 millones de dólares. Este supuesto es fundamental porque introduce una fuerza cambiaria apreciadora en el corto plazo: más oferta de dólares en el mercado local.
Por tanto, el efecto cambiario no es lineal ni automático. Dado que Costa Rica no ha tenido retiros previsionales de esta naturaleza, se utilizaron semi-elasticidades observadas en experiencias comparables, especialmente Chile, ajustadas proporcionalmente al tamaño del shock costarricense.
En Chile, los retiros alcanzaron cerca del 18%–20% del PIB. En Costa Rica hablamos de 2,12% del PIB. Es decir, una magnitud casi diez veces menor. Escalando esos parámetros al caso costarricense, el escenario central arroja los siguientes efectos anuales aproximados:
• Inflación: aumento entre 0,10 y 0,25 puntos porcentuales.
• Tasas de interés de mercado: aumento entre 15 y 40 puntos base.
• Tipo de cambio: variación entre -1% y +2%, dependiendo del balance entre repatriación de dólares y mayor demanda por importaciones.
Incluso en un escenario de estrés, donde el consumo interno fuese muy elevado y la respuesta monetaria limitada, la inflación adicional estimada estaría entre 0,25 y 0,60 puntos porcentuales. Es decir, lejos de una espiral inflacionaria.
Además, debe recordarse que Costa Rica cerró 2025 con inflación negativa. En ese contexto, un impulso moderado de demanda no necesariamente es macroeconómicamente indeseable. El retiro del ROP implica un aumento en el ingreso disponible de los hogares pensionados. No todo ese dinero se convertirá en consumo inmediato. Parte se ahorrará, parte se invertirá, parte se destinará a cancelar deudas. Suponiendo que entre 30% y 60% del monto se traduzca en gasto doméstico en 12 meses, y aplicando un multiplicador moderado (1,0 a 1,4), el efecto sobre el nivel de producción anual podría ubicarse en un rango pequeño pero positivo, del orden de 0,3% a 0,8% del PIB en el año de mayor impacto.
No estamos hablando de un boom artificial. Estamos hablando de un estímulo moderado y transitorio. Muchos críticos afirman que liberar el ROP depreciará automáticamente el colón. El modelo muestra algo más complejo. Si el 50% de los recursos debe repatriarse desde el exterior, la primera fase implica venta de activos externos y entrada de dólares al país. Eso tiende a apreciar el colón en el corto plazo.
Posteriormente, si parte de los recursos se convierte en consumo de bienes importados o dolarización de portafolios, podría generarse presión a la depreciación. El resultado neto depende del ritmo de conversión y de la coordinación con el Banco Central. No hay un resultado mecánico predeterminado.
El aumento estimado de tasas en el escenario central es moderado, entre 15 y 40 puntos base. Este efecto surge principalmente del ajuste en portafolios y de la liquidación de activos por parte de las operadoras. Sin embargo, con una regla clara de ejecución y coordinación con el Banco Central para esterilización parcial, este efecto puede reducirse significativamente. El riesgo sistémico no proviene del tamaño del retiro, sino de una mala administración operativa del flujo.
Más allá del retiro acumulado actual, se incorporó un análisis adicional: entre 2026 y 2030 podrían pensionarse aproximadamente 30.000 personas por año, con un ROP promedio de 15 millones de colones. Eso implicaría un flujo anual adicional de 0,45 billones de colones. Expresado como porcentaje del PIB, ese flujo anual sería inferior al 1% del PIB por año. El impacto anual estimado bajo el escenario central sería:
• Inflación adicional: 0,04–0,06 puntos porcentuales.
• Tasas: 9–11 puntos base.
• Producción: efecto leve positivo.
• Tipo de cambio: impacto ambiguo pero acotado.
En otras palabras, un efecto macroeconómico pequeño y manejable. El caso chileno fue extraordinario por su magnitud: retiros acumulados cercanos al 20% del PIB, ejecutados en períodos cortos y con múltiples rondas. Costa Rica no está en ese escenario. Perú también experimentó retiros importantes, con efectos financieros relevantes, aunque menores en escala relativa. Colombia no ha tenido retiros masivos comparables. La lección principal es que la magnitud y el ritmo importan. Un retiro escalonado y coordinado no produce los mismos efectos que uno masivo y simultáneo.
El mayor peligro en este debate no es el retiro en sí mismo. Es la ausencia de reglas claras. Si se establecen:
• Calendarios de liquidación.
• Ventanas de conversión de divisas.
• Coordinación con el Banco Central.
• Transparencia en ejecución.
• Monitoreo trimestral de variables macro.
El riesgo macroeconómico es bajo. Si se improvisa, cualquier shock puede amplificarse.
Más allá de los números, el debate tiene una dimensión institucional. El ROP es ahorro individual obligatorio. La discusión no es si el dinero existe. Existe. La discusión es cuándo y cómo debe estar disponible. La propuesta escalonada busca equilibrar dos principios:
- Derecho de propiedad del afiliado.
- Estabilidad microfinanciera del sistema.
El modelo muestra que ambos pueden coexistir.
Los datos indican que el retiro total escalonado del ROP, bajo las condiciones propuestas, no constituye un shock macroeconómico desestabilizador. Los efectos en inflación, tasas y tipo de cambio son moderados y manejables. El tamaño relativo (2,12% del PIB distribuido en 24 meses) está lejos de los episodios extremos observados en otras economías.
El debate debe abandonar los extremos retóricos y centrarse en diseño institucional, reglas de ejecución y coordinación macroeconómica. El retiro del ROP no es una bomba macroeconómica. Es una decisión de política pública que puede implementarse con responsabilidad técnica, gradualidad y transparencia. Y cuando las decisiones se toman con números sobre la mesa, la economía deja de ser un campo de temores y se convierte en un espacio de soluciones.