Hay que reconocerle coherencia a la gestión de Mary Munive al frente del Ministerio de Salud: cuando se trata de vapeadores, la estrategia ha sido tan decidida que casi provoca admiración. Casi.
La ministra acaba de generar un reglamento técnico envuelto en un discurso incuestionable de protección sanitaria. Sin embargo, profundizando apenas un poco en cómo podría operar realmente en la sociedad, la historia parece lucir distinta. El reglamento busca prácticamente desaparecer un producto que tiene demanda, que la gente busca.
Si el producto formal se restringe al punto de una desaparición de facto, la demanda no desaparece por decreto: solamente se desplaza. Es decir, los consumidores lo buscarán en otro lado. Y lo encontrarán. Usualmente se desplaza hacia donde no hay impuestos, no hay registro sanitario y no hay trazabilidad, pero sí grandes márgenes de ganancia.
El consumidor adulto no funciona por decreto: funciona por deseo, acceso, precio y disponibilidad. Y cuando no satisface su demanda en el mercado formal, lo hace en el mercado informal, y más barato. La eficiencia del mercado informal está directamente relacionada con la demanda del producto en cuestión. Así lo dijo la propia ministra: “hay mercado ilegal en todo”. Exacto. El tema no es si ese mercado existe, sino cuánto se fomenta con decisiones regulatorias que lo terminan haciendo más atractivo y más rentable.
Mientras tanto, los comercios formales, que pagan cargas sociales, impuestos y cumplen con la regulación vigente, enfrentan cierres, despidos de sus colaboradores y una competencia imposible contra quien no cumple ninguna regla. Pero la ministra tiene razón: alguien tiene que beneficiarse de su regulación, solo que no siempre es quien aparece en la exposición de motivos y en las conferencias de prensa.
Los impuestos específicos sobre estos productos generan hoy recursos reales a Costa Rica. Si se empuja a la totalidad del mercado hacia la informalidad, ¿con qué se sustituirá esa recaudación? Los programas de prevención, fiscalización y atención sanitaria no se financian con convicciones: se financian con ingresos efectivos. Mientras el contrabando crece, las finanzas públicas no.
El punto más controversial, incluso en temas de salud, es la llamada reducción de daños o la sustitución. Si el vapeo enfrenta un cerco cada vez más estrecho, que prácticamente lo deja sin mercado, y el cigarrillo combustible, principalmente de contrabando, sigue circulando con notable resistencia histórica, ¿cuál será el efecto esperado? ¿Reducción del consumo o simple redistribución hacia opciones más dañinas? ¿La supuesta regulación terminaría siendo menos riesgo o solamente menos control?
En productos de consumo, el resultado de una regulación cercana a la prohibición siempre termina siendo la creación de un mercado opaco, lleno de dispositivos sin registro y líquidos de procedencia incierta. La protección sanitaria se convierte, de esa manera, en un acto de irresponsabilidad o, en el mejor de los casos, de fe. Y la fe es un valor encomiable, pero no sustituye el análisis serio del impacto regulatorio.
Tal vez la intención de la conferencia de prensa y de la regulación fue enviar un mensaje contundente hacia organismos internacionales, que muchas veces se convierten en empleadores de futuros exjerarcas de Salud. Tal vez la apuesta fue a que las prohibiciones produzcan una abstinencia colectiva que nunca ha sucedido con productos en el pasado.
La evidencia es que los mercados no responden a discursos: responden a incentivos. Y los incentivos, hoy, parecen favorecer a quien opera fuera del radar estatal: a los contrabandistas y al crimen organizado.
Si se atienden todos estos conceptos, cuando por fin llegue el relevo a la cabeza del Ministerio de Salud, sería de esperar que la próxima administración abrace con mayor rigor la evidencia científica, el análisis económico y la reducción real de daños.
Costa Rica necesita regulación inteligente, no regulaciones que fortalezcan la ilegalidad, debiliten la recaudación e imposibiliten el control sanitario. Costa Rica necesita políticas públicas que entiendan que prohibir no es lo mismo que proteger.
La lección que deja la gestión de la ministra Munive es que, cuando se regula ignorando cómo funcionan las personas y los mercados, la realidad termina imponiendo su propia regulación. Solo que esa regulación no paga impuestos, no cumple estándares de calidad y no figura en las estadísticas oficiales.
No es real que se proteja la salud cuando el remedio es peor que la enfermedad